Bruselas duda del presupuesto del Gobierno pero no ahoga a Pedro Sánchez

Incertidumbre. Esa es la palabra que utiliza la Comisión Europea para comunicar, de manera amable, al Gobierno que no acaba de ver claras sus cuentas. Tampoco después de que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez enviara a Bruselas todos los detalles que le pidió sobre las medidas que pretende poner en marcha en los próximos meses, desde el aumento del salario mínimo a la introducción de nuevos gravámenes. Aún "existe incertidumbre sobre el rendimiento de algunas de las nuevas medidas fiscales" que incluye el borrador de los Presupuestos Generales del Estado para 2019.

La Comisión apunta a otras dos cuestiones en concreto: "el impacto fiscal del aumento previsto del salario mínimo" y el riesgo de que "algunas de las medidas de gasto planificadas puedan no ejecutarse en su totalidad", dada la posibilidad de convocatoria de elecciones. En resumen, Bruselas no tiene claro que el Gobierno vaya a ingresar tanto dinero como calcula que lo hará, ni que el impacto de medidas que inclute el plan sea tan limitado como esperan en Madrid. Todo esto, por otra parte, siempre que el presupuesto salga adelante, ya que en caso contrario las previsiones serían ligeramente peores.

"Tenemos en cuenta todas las medidas en la carta y les doy la bienvenida. Pero somos más cautelosos a la hora de analizarlas", ha explicado el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, en la presentación de las previsiones macroeconómicas de otoño de la Comisión Europea. Éstas muestran que Bruselas es más pesimista que el Gobierno no solo respecto al crecimiento (2,6 % este año y 2,2 % el siguiente), sino también al ritmo con el que irá reduciendo el déficit público, aunque el país por fin lo matendrá por debajo del límite del 3 % del PIB que marcan las normas europeas y pese a que la tendencia seguirá siendo a la baja.

El desvío fiscal será reducido al 2,7% este año, por debajo del 3% que marcan las normas europeas, para llegar al 2,1% en 2019 y seguir bajándo hasta el 1,9% en 2020. Es decir, la Comisión no espera que España cumpla con los objetivos que le ha marcado de reducción del déficit, ni siquiera con los que se ha marcado el propio Gobierno, que ya revisó al alza sus previsiones sobre el desvío fiscal. No obstante, Moscovici se ha mostrado abiertamente conciliador y ha evitado pronunciar ninguna palabra que pueda sonar a un tirón de orejas al Ejecutivo en el que su ex compañera Nadia Calviño lleva las riendas del Ministerio de Economía.

En palabras del comisario francés: "Estas diferencias entre (las estimaciones) nacionales y las de la Comisión Europea son normales y comunes, no tienen nada de excepcional. Ha pasado anteriormente y, muy a menudo, con el anterior gobierno", que estaba liderado por el conservador Mariano Rajoy, con Luis de Guindos al frente de Economía. El mensaje de Moscovici, socialista galo, al Gobierno no es de reproche, sino una mano tendida: "Hay una coperación fuerte y buena y tenemos bases sólidas para mantener más conversaciones" en torno a las líneas económicas españolas.

Los puntos de "incertidumbre"

La clave del desacuerdo entre Bruselas y el Gobierno es que el primero es mucho más conservador a la hora de evaluar los ingresos y los gastos que se incluyen en el borrador presupuestario. España cree que, teniendo en cuenta todas las medidas, logrará un saldo neto equivalente al 0,4 % del PIB (unos 4.665 millones de euros). En cambio, la Comisión estima que ese saldo más bien será del 0,1 % (1.166 millones). Esa diferencia multimillonaria se explica porque en sus estimaciones "prudentes", la institución cree que con la tasa financiera y la tasa digital se recaudará en torno a un 20 % menos de lo dicho por el Gobierno.

También cree que la lucha contra el fraude fiscal dará unos rendimientos mucho menores de lo que espera el Ejecutivo, en concreto, de solo la mitad. Y que los ingresos adicionales que percibirán las arcas públicas gracias a la subida del salario mínimo no serán tan altos como las que se esperan: los 1.500 millones que se calculan en el presupuesto, Bruselas los deja en 1.000 millones. Y no solo eso, sino que también considera gastos que no son tenidos en cuenta en Madrid, como el gasto en ciertos medicamentos y los cambios en el cuidado infantil a nivel local, que no tendrán un efecto neutro a ojos de Bruselas.

El aumento del salario mínimo, a ojos de Bruselas, puede tener también otra consecuencia no deseada: impedirá la creación de entre 70.000 y 80.000 puestos de trabajo en dos años. En paralelo, aumentará la masa salarial en un 0,35%, lo compensará parcialmente el impacto negativo ahora mencionado.

El veredicto, en dos semanas

Bruselas publicará su análisis detallado sobre las cuentas el próximo 21 de noviembre, cuando dará su veredicto completo sobre el borrador presupuestario de España y el resto de los países. En el foco está Italia, que hoy ya se ha llevado un nuevo tirón de orejas. La Comisión Europea, que ha exigido a Roma una nueva versión de su presupuesto pese al pulso que mantiene el Gobierno de La Liga y Cinco Estrellas con sus socios europeos, ha alertado hoy de que el déficit público el país superará el 3 % del PIB en 2020, incumpliendo la normas comunitarias, y un frenazo en el credimiento del país el año próximo, hasta el 1,2 %.