El Gobierno avisa al Govern: cumplirá con el Estatut pero solo hablará de números en PGE

El Gobierno de Pedro Sánchez cumplirá con el Estatut de Cataluña. Consignará las inversiones a que obliga la ley autonómica en los Presupuestos Generales del Estado para 2019. Subirán hasta el 18% —un peso equiparable al que representa su PIB en el conjunto del PIB español—, frente al 13,3% reservado en las cuentas del año pasado, las últimas que elaboró el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Este aumento de la dotación presupuestaria para Cataluña es un señuelo claro del Gabinete socialista hacia ERC y PDeCAT, las formaciones que integran el Govern y de las que depende la suerte del proyecto de ley. Si los partidos independentistas no respaldan el texto, y más aún si bloquean su tramitación, entonces Sánchez se encontrará mucho más débil y se vería más presionado para adelantar las generales. De ellos depende pues, que el presidente cumpla su propósito de agotar la legislatura y llegar hasta 2020. Pero el Gobierno también pone sus líneas rojas: no negociará sobre la situación de los presos del 'procés' ni sobre el derecho de autodeterminación.

[Consulte aquí en PDF las grandes cifras de los PGE de 2019 y el cuadro macroeconómico]

Los socialistas se muestran oficialmente "optimistas" respecto al recorrido que seguirán los PGE de 2019, aprobados este viernes 11 de enero por el Consejo de Ministras y Ministros. Pero realmente son incapaces de prever si lograrán llegar a puerto o no, porque la política catalana se ha convertido en un carrusel y las decisiones de PDeCAT y ERC se encontrarán muy condicionadas por el curso del juicio a los dirigentes independentistas encausados, que arrancará, como máximo, a comienzos de febrero. El Gobierno sí es consciente de que existen presiones en el mundo soberanista para respaldar los Presupuestos del Estado, y no escatima en guiños hacia los separatistas, para que tengan mucho más complicado justificar que no apoyan unas cuentas más "sociales", justas, y que traerán más inversiones para Cataluña.

Será el lunes cuando el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, dará cuenta de la inversión territorializada. Esto es, cómo se repartirán las inversiones del Estado por las diferentes comunidades autonómas. En las cuentas de 2018, Cataluña se quedó con el 13,3% del total, un porcentaje semejante al de 2017. El año pasado, el Gabinete de Rajoy reservó 1.349,59 millones de euros, 200 más que en el ejercicio anterior. Era la segunda comunidad que más recibía del Estado, solo por detrás de Andalucía.

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La titular de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó que los PGE sí cumplirán con el Estatut. La disposición adicional tercera prescribe que la inversión del Estado en infraestructuras en Cataluña "se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto" de la comunidad "con relación al producto interior bruto del Estado". El peso de Cataluña ronda el 18%, una cifra mágica para los nacionalistas, que siempre se han quejado de su incumplimiento. En 2017, el peso del PIB catalán era del 19,2%.

El lunes se conocerán los datos de la inversión por CCAA, pero la de Cataluña estará por encima del 18%, equiparable al peso de su PIB en España

En 2010, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut estableció que esa disposición adicional tercera "no vincula" al Estado ni "menoscaba" la potestad de las Cortes —las que aprueban los PGE— para definir la existencia de esas inversiones y las cuantías de las mismas.

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Son "buenos para Cataluña"

La ministra, en cualquier caso, aseguró que "se cumple" con lo previsto en el Estatut, "igual que para otras comunidades autónomas". Con ello daba a entender que, por ejemplo, se atenderá a lo dispuesto en el Estatuto andaluz, que pide que se destine a la comunidad un volumen de inversiones equivalente al peso de su población (que en 2017 era del 18,1%).

Montero insiste en que los partidos que "defienden" Cataluña tendrán difícil justificar que no apoyan medidas que benefician a la comunidad

Tal "respeto" al Estatut, que se traducirá en unas inversiones que representen más de un 18% del total, "no significa ninguna contrapartida" para los independentistas, puesto que se trata simplemente, defendió Montero, del "cumplimiento de la ley", del cumplimiento de disposiciones que aparecen en leyes orgánicas, el estatus de que gozan los estatutos de autonomía. Los Presupuestos de 2019, reiteró, son "buenos para Cataluña", y por tanto "los que creen en Cataluña" deberían "aprobarlos". Una vez que se conozcan las cantidades de inversión por territorios, apuntó, será "difícil" que los partidos soberanistas, que "defienden los intereses de Cataluña", "puedan obviar" medidas que aumentan la protección a los más vulnerables, que reservan más dinero para la dependencia y el sostenimiento del Estado del bienestar y que destinan más inversiones a la comunidad. Cuando el Govern "demanda más recursos", dijo, "tiene una oportunidad" ahora de poder tenerlos. Basta con que respalde los PGE, concluyó la ministra, antes de declararse "optimista" respecto a la tramitación del proyecto de ley.

"Hablamos de Presupuestos"

También se pronunció sobre la negociación parlamentaria la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá. Insistió en que no habrá movimientos a favor de los políticos encarcelados ni cesiones respecto al ejercicio del derecho de autodeterminación, que ERC y PDeCAT reclaman constantemente. "Lo que corresponde a los tribunales no lo hará el Ejecutivo", reiteró Celaá en respuesta a las declaraciones del vicepresidente de la Generalitat, el republicano Pere Aragonès, quien en una entrevista con EFE advertía de que el voto de su partido "no va de inversiones". También el presidente del PDeCAT, David Bonvehí, subrayaba este jueves que el cumplimiento de la disposicional tercera del Estatut es un "gesto insuficiente" para que su formación respalde los PGE.

La ministra tranquiliza a Podemos y le dice que todas las medidas que tenían que ir en el proyecto de PGE van, las demás son un acuerdo "político"

"Estamos hablando de Presupuestos, de números, de inversiones y de mejorar el Estado del bienestar, y el Gobierno no entrará para nada en asuntos que no responden estrictamente a esto", agregó Celaá. Más aún: "El Gobierno no entrará para nada en asuntos que correspondan al Poder Judicial".

También Montero se dirigió a Podemos, que ha advertido que dará su apoyo a los Presupuestos solo si se cumplen los términos del pacto que los dos líderes, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, firmaron en octubre. Entre ellos, la limitación del precio de los alquileres, la derogación de la 'ley mordaza' o los cambios en la factura de la luz. La ministra recordó que las medidas que "tenían que ir en el proyecto de ley de PGE" sí se han recogido, mientras que aquellas que integran un "acuerdo político" más amplio deberán ir desarrollándose a lo largo de este año. "Todo lo que tenía que ir en el proyecto va", mantuvo. "El Gobierno, cuando tiene un compromiso, lo cumple".

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Redistribuir y crecer

Montero se detuvo en algunas de las partidas del nuevo Presupuesto. Así, el gasto en dependencia es el que más crece, un 59,3%, al pasar de los 1.401 millones de 2018 a los 2.232 de 2019. También sube un 41% la partida destinada a acceso a la vivienda y fomento de la edificación: de 481 a 679 millones. La inversión en infraestructuras salta de los 5.411 a los 7.572 millones, un 39,9% más. El gasto social asciende al 57% en los PGE 2019.

El gasto en dependencia aumenta un 59,3%, y en acceso a la vivienda, un 41%, mientras que en infraestructuras la partida crece un 39,9%

Hacienda subraya cómo las nuevas cuentas construyen "una sociedad más justa": las pensiones aumentarán un mínimo de un 1,6% —las mínimas y las no contributivas lo harán un 3%—, el incremento del 59,3% en el gasto en dependencia, la eliminación del copago para los jubilados y los colectivos más vulnerables, el crecimiento en 321 millones de las ayudas a las familias para combatir la pobreza, el aumento de las becas un 10% (hasta los 1.620 millones), una mayor partida destinada a la lucha contra la violencia de género (220 millones) y la recuperación del subsidio para los mayores de 52 años.

Montero incidió en que, desde que el Gobierno de Sánchez se puso a trabajar en las cuentas, tuvo siempre en mente el "valor de la política" para resolver los problemas cotidianos y la "obligación" de atender las urgencias de los más necesitados, anteponiendo el "bienestar colectivo". Así, estos PGE marcan "un punto de inflexión claro en la política económica y presupuestaria" de los últimos años, puesto que se compatibiliza la consolidación fiscal con el incremento del gasto y la transición hacia un modelo económico más "inclusivo, inteligente y sostenible". Se trata de poner a los ciudadanos "en el centro de la actividad política". "Redistribuir para crecer y crecer para redistribuir", redondeó Celaá.