Rajoy corteja al PNV con un 32% más de inversión, el doble que en Cataluña

La inversión del Estado en Cataluña será semejante a la del año pasado. Un 13,3% del total que se territorializa. En 2017, el porcentaje era exactamente el mismo. Lo que cambia es la cantidad en términos absolutos que el Gobierno destina a la comunidad: para este año, ha reservado 1.349,59 millones de euros, 200 más que en el ejercicio anterior (+17,40%). Cataluña es la segunda autonomía que más dotación recibe del Estado, detrás de Andalucía. Pero si se compara con el ejercicio anterior, gana más proporcionalmente el País Vasco, puesto que el Ejecutivo de Mariano Rajoy, en un claro gesto al PNV, le destina un 32% más que el año pasado.

Este martes, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, llevó al Congreso los Presupuestos Generales del Estado de 2018, todavía de incierta tramitación dada la oposición del PNV —cuyos cinco votos son fundamentales— a sentarse con el Gobierno mientras siga en vigor el artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Los PGE incluyen la inversión real programada para este año distribuida por territorios, y especificada en el informe económico-financiero [aquí en PDF]. La inversión total pasa de los 12.858,26 millones de euros aprobados para 2017 a los 14.823,03 proyectados para este 2018. Un 15,28% más. De ellos, la cantidad regionalizable —el dinero que puede imputarse a un único territorio— asciende a 10.128,49 millones, un 17,52% más. Otros 4.662,60 no son adjudicables a una comunidad concreta y afectan a varias autonomías y otros 31,94 millones se destinan al extranjero.

Lluvia de millones: si en 2017 los PGE incluían bajadas de inversiones, para 2018 se prevé un alza en todas las CCAA, salvo La Rioja, Navarra y Ceuta

El proyecto de Presupuestos de 2017 preveía bajadas generalizadas en la distribución territorial de la inversión real respecto a 2016, salvo Canarias y Melilla, y ahora las tornas cambian. Las cuentas iniciales para este 2018 recogen la citada alza media del 15,28% (un 17,52% si se tiene en cuenta solo la que sí es regionalizable), con crecimiento en todas las CCAA, salvo La Rioja (donde merma un 16,30% respecto a 2017, al pasar de 75,51 millones aprobados a 63,2), Navarra (-29,89%, puesto que baja de 80,5 a 56,44 millones) y Ceuta (-7,96%, de 29,52 millones en el ejercicio anterior a 27,17).

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Los mayores aumentos de la inversión real se experimentan en Castilla-La Mancha (+37,83%), Cantabria (+36,09%), País Vasco (+31,99%), Andalucía (+27,70%), Extremadura (+27,24%), Valencia (+25,64%), Murcia (+24,96%) y Madrid (+24,07%). El dinero consignado a Cataluña crece un 17,40%, en la media nacional (+17,52% del total regionalizable). Baleares (+15,95%) roza la media nacional (+15,28%). Donde menos avanza la inversión es en comunidades como Castilla y León (+0,53%), Galicia (+1,31%), Canarias (+3,78%) o Asturias (+5,95%).

Donde más crece la inversión es en Castilla-La Mancha (+37,83%), Cantabria (+36,09%), País Vasco (+31,99%), Andalucía y Extremadura (más del 27%)

En términos absolutos, las CCAA que más dinero reciben son Andalucía —1.477,75 millones, frente a los 1.157,16 de 2017, lo que supone 320,59 millones más—, Cataluña (1.349,59 millones, 200,01 más), Madrid (1.247,31 millones, 241,98 más que en el ejercicio anterior) y Castilla y León (1.002,14 millones, apenas 5,27 más). El Gobierno destina a Euskadi un total de 509,05 millones, por los 385,67 aprobados en 2017, por lo que la bolsa sube en 123,38 millones. Donde menos inversión estatal habrá será en las dos CCAA en las que además desciende la cifra: en Navarra, con 56,44 millones, y La Rioja, con 63,20 millones. En ambos casos se explica por la finalización de obras importantes, informa EFE.

Las inversiones en Andalucía (1.477,75 millones) —que continúa así liderando el ranking nacional—, Cataluña (1.349,59), Madrid (1.247,31) y Castilla y León (1.002,14 millones) suman 5.076,79 millones, un tercio del total de 14.823,03 reservados en el proyecto de ley.

La inversión real territorializada en 2018

Los 1.349,59 millones que el Estado enviará a Cataluña, de aprobarse estos PGE, cosa que está por ver, pesan un 13,3% en el conjunto de la inversión regionalizable. Es la misma cuota que en las cuentas de 2017. Los 509,05 millones que viajan hasta el País Vasco suponen el 5% del total (medio punto más). El peso de la inversión en Andalucía respecto al total regionalizable es de un 14,6%, un 1,2% más respecto al año pasado. En cambio, el volumen de Galicia decrece (-1,5%), igual que el de Castilla y León (-1,7%). En las demás CCAA, la inversión territorializada pesa más o menos lo mismo si se compara con la del total, con avances o retrocesos que rodean el medio punto porcentual.

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Este porcentaje último es importante porque permite medir qué porción de la tarta se lleva cada comunidad. Cataluña reivindica, desde la aprobación de su reforma del Estatut, en 2006, que la inversión del Estado en la comunidad en infraestructuras sea proporcional a su peso económico en el conjunto de la economía española, que fue del 19,2% en 2017, según datos del INE. Esa demanda se consignó en la disposición adicional tercera del Estatut para un periodo de siete años, que vencieron en 2014.

Que el esfuerzo inversor se haya concentrado en buena medida en Euskadi no es casual. El Gobierno necesita los cinco votos del PNV para sacar adelante sus Presupuestos de 2018, una vez amarrados los apoyos de los 32 diputados de Ciudadanos y encarrilado el respaldo de Coalición Canaria. Los 123,38 millones de más llegan después de la sustancial mejora del cupo negociada entre el Ejecutivo central y el vasco y aprobada por las Cortes a finales de 2017.

Pero el veto de los nacionalistas vascos solo se diluirá si se levanta el 155 en Cataluña, y eso no ocurrirá hasta que los independentistas formen un nuevo Govern. Las enmiendas a la totalidad se discutirán en el pleno el 25 de abril —ese es el plazo del que dispone Mariano Rajoy para arrancar al PNV su sí a los PGE—​, pero los secesionistas disponen hasta el 22 de mayo para investir a un nuevo 'president' pues, de lo contario, Cataluña se encaminaría hacia unas nuevas elecciones en julio. Hay cierto margen, por tanto, para que el futuro negro para el Ejecutivo cambie, y que el PNV pueda aceptar el cebo tan goloso puesto sobre la mesa por Montoro.

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Las cautelas

El proyecto elaborado por Hacienda advierte de que aunque la territorialización de las inversiones "puede resultar útil como una primera aproximación", existen una serie de limitaciones "importantísimas" en estos datos que llevan a que las comparaciones entre CCAA o entre años dentro de un mismo territorio resulten "sesgadas" y "poco significativas". Una primera limitación tiene que ver con el criterio físico de imputaciones de las inversiones. Así, una inversión que se adjudica a una determinada comunidad se imputa allí al margen de lo territorios que se beneficien de esa cantidad. Por ejemplo, una carretera o un trazado de tren beneficia "tanto o más a los territorios que unen" que a aquellos por los que discurre esa infraestructura.

Además, muchas de las inversiones públicas, sigue Hacienda, tienen un carácter "singular e irrepetible". El inicio de la construcción de un aeropuerto, por ejemplo, eleva de forma importante el dinero destinado a una comunidad, mientras que su finalización tiene el efecto contrario. En tercer lugar, las diferencias entre CCAA explican también el distinto tipo de inversiones: los esfuerzos en infraestructuras portuarias han de ser nulos, recuerda Hacienda, en regiones del interior. Y por último, la contribución del Estado a la formación de capital en cada territorio es "más amplia" que la que reflejan los datos de inversión.