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Iglesias acaricia un pacto de legislatura con Sánchez... pero con salidas de emergencia
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Iglesias acaricia un pacto de legislatura con Sánchez... pero con salidas de emergencia

PSOE y Podemos consolidan su relación aunque también dejan vías de escape que les permitiría romper llegado el caso. Al presidente, el pacto de PGE le sirve como borrador de programa electoral

Foto: Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sellan su acuerdo presupuestario para 2019, este 11 de octubre en La Moncloa. (EFE)
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sellan su acuerdo presupuestario para 2019, este 11 de octubre en La Moncloa. (EFE)

Unidos Podemos ha forzado su maquinaria negociadora hasta el último momento para que su acuerdo presupuestario con el Gobierno se concretase lo máximo posible, tanto en lo relativo a calendarios como a dotaciones presupuestarias, buscando garantías de cumplimiento. Hasta pocas horas antes de cerrarse el pacto, se echaba en cara que la respuesta del Ejecutivo a sus propuestas era una simple declaración de intenciones en muchos aspectos, se amenazaba con dar el plantón y se volvía a visibilizar la desconfianza histórica y las dudas sobre la "valentía" del PSOE, aun entendiendo que al otro lado de la mesa se encontraba no solo el 'nuevo PSOE' sino el Gobierno de Pedro Sánchez salido de una moción de censura que redibujó los bloques políticos. Con todo, en el documento de 50 páginas se han dejado diseñadas suficientes salidas de emergencia, o lo que es lo mismo, medidas no demasiado concretas, algunas de ellas calificadas de estrella, como las relativas a vivienda, en caso de que tengan que soltar lastre.

Socialistas y Podemos son potenciales socios de Gobierno y ninguno de los dos, ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias, podía permitirse un fracaso en las negociaciones. Los dos tenían que evitarlo. El presidente puso toda la carne en el asador, implicándose personalmente para rematar las conversaciones que había conducido su ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Necesitaba trenzar una alianza con su aliado preferente para a partir de ahí atraer los apoyos más difíciles, los de nacionalistas e independentistas, pero el solo hecho de presentar sus Presupuestos Generales del Estado de 2019 le permite comparecer ante los ciudadanos, para cuando convoque las generales, con una vistosa tarjeta de presentación.

[Consulte aquí en PDF el pacto de Gobierno y Unidos Podemos]

Tampoco podía permitirse Iglesias un fracaso debido a su intención de ir configurando pactos en las grandes ciudades y comunidades autónomas con los socialistas después de las elecciones autonómicas, municipales y europeas del próximo 26 mayo. Según fuentes cercanas a las negociaciones, tampoco podían permitirse vender "gratis" su apoyo a los Presupuestos. Finalmente, se consiguió la cuadratura del círculo. Podemos se convierte en "dirigente antes que gobernante" y allana el camino no solo para un pacto a escala local y regional, sino también para cogobernar España tras las elecciones generales. Siempre con vías de escape para evitar ser fagocitado y volver a soñar con el sorpaso. Misma situación y estrategia en la que hasta hace pocos meses se encontraba Ciudadanos respecto del PP.

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El líder de Podemos tiene claro, como ha repetido hasta la saciedad durante los últimos meses, que los gobiernos monocolor son cosa del pasado. También Sánchez suele decir que las alianzas son y serán parte de la política porque la fragmentación parlamentaria no morirá. Las grandes mayorías han tocado a su fin y la aspiración de Iglesias pasa por que el bloque progresista se imponga al conservador, por primera vez más roto que la izquierda. El modelo portugués se impone frente al griego e Iglesias asume que "el próximo Gobierno va a ser de coalición, sea de Podemos con el PSOE o de Ciudadanos con el Partido Popular". De ahí que el pacto presupuestario se parezca más a un acuerdo de legislatura. Sin embargo, los esfuerzos se centran asimismo en evitar convertirse en una muleta del PSOE, un fantasma casi innombrable en Princesa 2. De ahí la necesidad de contar con vías de escape para marcar perfil propio cuando sea necesario.

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Papel de guía

La modificación de la normativa del alquiler, sin fechas ni encajes, sobre todo en lo relativo al control de precios por parte de las administraciones locales; la genérica derogación de los "artículos más lesivos" de la reforma laboral o de la ley mordaza —"desbloqueando los trabajos de la ponencia en la comisión de Interior en este ámbito para avanzar en su modificación"—; la fecha en que se aprobará el decreto sobre la subida del salario mínimo interprofesional, habida cuenta del efecto que podrán tener sobre el Ejecutivo las presiones que ya han comenzado desde la patronal, o cómo se "avanzará en la universalización de la escuela entre 0-3 años" son cuestiones candidatas a convertirse en vías de escape.

La falta de materialización de medidas estrella a corto plazo serviría como argumento para soltar amarres coincidiendo con una precampaña

Por no hablar de iniciativas de carácter más político, como las listas cremallera, la limitación del 'mailing' o la mejora de la proporcionalidad de la Ley Electoral, aún sin fecha. Son medidas estrella cuya falta de materialización a corto plazo serviría como argumento para soltar amarres coincidiendo con una precampaña en caso de adelanto electoral, un fantasma siempre presente, ya sea porque las cuentas no salgan adelante, la situación en Cataluña se haga insostenible volviendo a poner el 155 encima de la mesa u otras crisis de Gobierno no descartables en tiempos de hiperaceleración política.

El papel que quiere representar la formación morada es el de guía del Gobierno para que mire más a las clases populares y menos a las élites privilegiadas. Influir y condicionar la acción del Ejecutivo marcándole el paso, no solo en materia de fiscalidad sino también haciéndole asumir un paquete de medidas sociales más ambiciosas que las defendidas por los socialistas en su programa. Una síntesis, finalmente, para situarse como socios preferentes del Gobierno de Sánchez ahora y después de las próximas elecciones generales, ya compartiendo estancias en La Moncloa. La mejor precampaña y quizá la única posible sin correr el riesgo de inmolarse.

Por eso el pacto presupuestario se ha definido desde la dirección del grupo confederal como "un primer paso", un primer paso "importante", pero en cualquier caso solo el principio de lo que puede estar por venir. Esto es, se trata de un avance, que si bien no satisface todas las aspiraciones de Podemos, supone un salto cualitativo para abandonar la austeridad y comenzar a diseñar políticas expansivas de inversión pública. Por otra parte, Podemos es consciente de que tiene que comenzar a ver más al PSOE como un aliado y no como un enemigo, lo cual no quiere decir que dejen de ser rivales políticos al competir por un espacio electoral similar.

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"El cambio avanza paso a paso. Este es un paso decidido, pero todavía corto para la agenda del cambio en nuestro país", concluía la diputada y miembro del equipo negociador Yolanda Díaz. "Estamos a mitad del camino para ese nuevo país", replicaba el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique. El responsable federal de Políticas Económicas de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, concluyó su valoración durante la rueda de prensa pidiendo que no se bajase la guardia en lo relativo a la movilización social porque, dijo, fue precisamente “la presión social la que ha ayudado a que el PSOE entienda que la gente ha hecho ya suyas muchas cosas, lo que no puede ser de otra manera”.

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La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, se negaba a calificar el pacto alcanzado con el Gobierno como un acuerdo de legislatura. Un concepto que solo atribuye a que "Podemos esté dentro del Gobierno". En cualquier caso, reconoció que se trata de un paso trascendente al que su formación no le quita "importancia". "Pero no estamos formando parte del Gobierno", insistió. Una situación a la que quieren poner fecha de caducidad, pero que de momento permite a Podemos un mayor margen de maniobra.

Guiño a sus anteriores votantes

En el Ejecutivo, la satisfacción era indisimulable. Después de estar jugando al ratón y al gato con los medios —La Moncloa no quiso confirmar en la noche del miércoles la reunión final de los dos líderes, con el pretexto de que los equipos siguieron trabajando rematando flecos hasta la madrugada—, mostraban su contento por haber alumbrado unas cuentas públicas "valientes y sostenibles", en palabras de Montero, que prevén recaudar 5.678 millones y elevar el gasto en 2.082. El camino no había sido fácil, reconocían, pero la última parada era gratificante. Y era la esperada, porque ahora es cuando se avecinan las curvas, al intentar buscar los apoyos de nacionalistas e independentistas.

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Los socialistas no anticipan, a diferencia de Podemos, escenarios de cogobiernos futuros. Pero sí creen que este pacto con los de Iglesias —el primero de calado entre las dos formaciones a nivel estatal, después de años de desconfianzas y de lucha por la hegemonía del espacio progresista— les ayuda a reconciliarse con sus votantes más desencantados de la izquierda, demostrar que son capaces de pasar de la retórica de las palabras a la realidad de los números plasmada en un proyecto de Presupuestos. Dicho de otro modo, este acuerdo apuntala la imagen de Sánchez como dirigente nítidamente de izquierdas, diferenciable del PP. Y no es poco ese efecto, porque al PSOE le persiguió en los últimos años, los últimos de José Luis Rodríguez Zapatero y los del mandato de Mariano Rajoy, la cruz de partido intercambiable con la derecha.

El Gobierno ha manifestado reiteradamente su voluntad de sacar los PGE adelante, aun siendo consciente de sus dificultades. Y se percibe optimismo. Nadie tira la toalla, porque está instalada la convicción de que no hay incentivos para dejar caer a Sánchez y forzar elecciones. Pero aunque las cuentas de 2019 no prosperasen, los socialistas consideran que ya han ganado mucho. Cuando lleven sus Presupuestos al Congreso, allá por finales de noviembre o principios de diciembre —el acuerdo con Podemos es el ingrediente principal de las líneas maestras que se enviarán a Bruselas el lunes, pero aún falta por elaborar el proyecto de ley—, el presidente dispondrá de una suerte de potente borrador de programa electoral.

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Tanto si hay convocatoria a la vista o no —el Ejecutivo ha reiterado que seguirá al frente de la nave haya o no nuevos PGE—, los socialistas podrán blandir su acuerdo con Podemos como reclamo ante sus votantes. No como una plasmación utópica, sino como el proyecto real que ha aprobado el Gobierno pero que no pasa el filtro de las Cámaras porque los demás grupos se oponen. Sánchez y su equipo están tejiendo un relato inconfundible, como reconocen en privado miembros de su Gabinete y del partido: algo así como 'aquí están mis medidas progresistas, pero son los otros los que no me dejan sacarlas adelante, así que denme más fuerza en las urnas para que se conviertan en realidad'.

Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto a la ministra portavoz, Isabel Celaá. (EFE)

Los demás también se retratan

Como manifestaban este jueves en rueda de prensa tanto Montero como la ministra portavoz, Isabel Celaá, el acuerdo prueba que se prima la "agenda social", la reversión de los recortes y la devolución de derechos, el blindaje del Estado del bienestar, el combate contra la pobreza y la lucha por una mayor igualdad.

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Un marco que se construye gracias, entienden, a medidas de clara etiqueta progresista y fácil venta a los ciudadanos, como la mayor subida del salario mínimo en España en términos reales (a 900 euros, un 22,3% más), la revalorización de las pensiones conforme al IPC y el incremento de las mínimas un 3%, establecimiento de un tipo mínimo del impuesto de sociedades del 15% para grandes empresas y del 18% para banca y petroleras, rebaja del impuesto de sociedades del 25% al 23% para las empresas que no alcancen la facturación de un millón de euros, subida de dos puntos del IRPF (hasta el 47%) para las rentas superiores a 130.000 euros y de cuatro puntos (hasta el 49%) para las de más de 300.000, aumento del 1% del impuesto de patrimonio para las fortunas de más de 10 millones, mayor facilidad de acceso a la vivienda y al alquiler, o la ampliación de los permisos de paternidad de forma progresiva, hasta las 16 semanas, en 2021.

Sabrià: "Si no se producen movimientos claros, no habrá ningún tipo de negociación"

"Hemos generado nuestro propio marco, pero no solo eso", confiesa un integrante del equipo cercano del líder. "PP y Ciudadanos se quedan muy jodidos, están sumergidos en una guerra infernal entre ellos, tienen a Vox generando expectación y raspándoles votantes, y enfrente tienen a un PSOE con fuerza y un presidente afianzado y consolidado". En La Moncloa estiman que el partido está recibiendo votos porque les suma la acción de gobierno (aporta "gestión y credibilidad") y por la figura del presidente ("determinación y liderazgo"). Y calculan que este pacto visibilizará más a Podemos, pero no necesariamente le reforzará en las urnas.

En definitiva, en el Gobierno creen que si se toma el proyecto de Presupuestos como un programa electoral —que en el fondo lo es— también "se retrata a los programas de los otros", "les empujas a retratarse de manera brutal". "Los independentistas no se pueden escudar en lo macro, como hacen PP y Cs, sino que tendrán que explicar por qué no están dispuestos a mejorar la vida de los ciudadanos y revertir los recortes, o por qué no quieren los 2.200 millones para Cataluña que les llegarían con estos PGE". "Les obligas a enseñar la patita", aducen fuentes del Ejecutivo.

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Tanto el PNV (5 diputados) como PDeCAT (8) y ERC (9) se mostraron dispuestos a hablar con Hacienda sobre los Presupuestos. El apoyo de los nacionalistas vascos será más sencillo de conseguir, pero los soberanistas catalanes insisten en que el Gobierno ha de mover ficha con la cuestión del referéndum de autodeterminación y la situación de los presos y huidos del 'procés', pero en ambos asuntos Sánchez ya ha dicho reiteradamente que no habrá gesto ninguno. Pero mientras los soberanistas mantienen la retórica inflamada, continúan los contactos, y ayer jueves se reunieron en Sants la número dos, Carmen Calvo, con la 'consellera' Elsa Artadi.

Los apoyos no están claros: los nacionalistas se abren a discutir, pero ERC y PDeCAT insisten en autodeterminación y gestos hacia los presos

Es cierto que el mandatario socialista se fajará personalmente en la negociación, pero también que sus líneas rojas han sido hasta ahora muy claras. Y para que nadie se llame a engaño, ahí estaba el serio aviso de este jueves por la noche, cuando anunció que adoptaría todas las medidas legales a su alcance para tumbar la moción de reprobación al Rey aprobada poco antes en el Parlament. Sánchez se siente fuerte y sabe que, pase lo que pase a partir de ahora, su relato va cogiendo cuerpo.

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Calvo no pedirá al número dos del Papa que Franco no sea enterrado en La Almudena

Es evidente que al Gobierno no le gusta que la familia de Francisco Franco haya elegido la cripta de la catedral de La Almudena de Madrid para inhumar sus restos una vez haya salido del Valle de los Caídos. Pero siente que puede hacer poco o nada, porque la sepultura está comprada a perpetuidad y en el real decreto ley que permitía la exhumación se decía que solo el Estado se haría cargo del cadáver si sus descendientes se desentendían, y eso no ha ocurrido. 

La vicepresidenta, Carmen Calvo, se reunirá con el número dos del papa Francisco, Pietro Parolin, a finales de mes, pero no prevé abordar este asunto, sugerir al Vaticano que le pida a la familia otro lugar de enterramiento. Su cita con el secretario de Estado "no tiene que ver evidentemente" con esta cuestión, porque "la decisión de exhumar a Franco la ha tomado el Gobierno, no la Iglesia católica", aseguró desde Córdoba, informa EFE. La vicepresidenta recordó que una vez se complete la salida del dictador, su cuerpo, "como cualquier otro resto humano", "le pertenece a su familia y su familia decidirá dónde puede estar o dónde no puede estar". 

"No podemos ir más allá de donde las leyes de este país, evidentemente, no permiten ir", insistió Calvo. 

Carta de ocho eurodiputados a @Pontifex_es para que medie y ayude a evitar que se entierre a #Franco en la Catedral de la #Almudena @Socialistas_PE @PsoeGranada pic.twitter.com/y2E7JUb0vL

 

En la misma línea, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz, Isabel Celaá, recordó que el Gobierno "está comprometido con la exhumación" de Franco, no con su inhumación. Sin embargo, el Ejecutivo "se siente representado" en la petición de ocho eurodiputados españoles de PSOE, PNV, BNG, Podemos, ERC, PDeCAT e ICV que han pedido una entrevista con el Papa porque consideran que su entierro en La Almudena sería "una afrenta para todas las víctimas" y haría de la catedral madrileña "un centro de peregrinación de organizaciones ultraderechistas".

Unidos Podemos ha forzado su maquinaria negociadora hasta el último momento para que su acuerdo presupuestario con el Gobierno se concretase lo máximo posible, tanto en lo relativo a calendarios como a dotaciones presupuestarias, buscando garantías de cumplimiento. Hasta pocas horas antes de cerrarse el pacto, se echaba en cara que la respuesta del Ejecutivo a sus propuestas era una simple declaración de intenciones en muchos aspectos, se amenazaba con dar el plantón y se volvía a visibilizar la desconfianza histórica y las dudas sobre la "valentía" del PSOE, aun entendiendo que al otro lado de la mesa se encontraba no solo el 'nuevo PSOE' sino el Gobierno de Pedro Sánchez salido de una moción de censura que redibujó los bloques políticos. Con todo, en el documento de 50 páginas se han dejado diseñadas suficientes salidas de emergencia, o lo que es lo mismo, medidas no demasiado concretas, algunas de ellas calificadas de estrella, como las relativas a vivienda, en caso de que tengan que soltar lastre.

Pedro Sánchez Reforma laboral SMI Ciudadanos Moncloa
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