EL TECHO DE GASTO NO PUEDE CRECER MÁS DEL 2,7%

La regla de gasto de Montoro obliga a Sánchez a hacer un Presupuesto restrictivo

La herencia legislativa de Montoro tendrá impacto en el nuevo Gobierno. El techo de gasto para 2019 no podrá aumentar más del 2,7%, frente al 4,2% que crecerá el PIB nominal

Foto: Montoro entrega la cartera de Hacienda a la nueva ministra, María Jesús Montero. (Reuters)
Montoro entrega la cartera de Hacienda a la nueva ministra, María Jesús Montero. (Reuters)

La herencia legislativa del anterior Gobierno de Rajoy caerá como una losa sobre la política fiscal de Pedro Sánchez. Es más, el margen presupuestario de la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, será muy estrecho, debido a que la Ley de Estabilidad Presupuestaria (2012) deja bien claro que la variación del gasto de la Administración central, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales “no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del producto interior bruto de medio plazo de la economía española”.

O dicho de forma más precisa, el gasto público no podrá crecer el año próximo por encima del 2,7%. Por lo tanto, claramente por debajo del 4,2% que, previsiblemente, avance el PIB nominal (con inflación), según el Programa de Estabilidad enviado por el anterior Ejecutivo a Bruselas. Eso significa que el llamado techo de gasto para 2019 se situará —si la propuesta del Gobierno cuenta con el respaldo parlamentario suficiente— ligeramente por encima de los 123.000 millones de euros, sin contar las administraciones territoriales y la Seguridad Social. El actual techo de gasto para 2018 es equivalente a 119.834 millones.

El Partido Socialista, entonces en la oposición, votó en contra de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, que salieron adelante por un estrecho margen: 175 votos a favor, 173 en contra y una abstención. El Grupo Socialista necesitaría ahora una mayoría ligeramente inferior a la que aupó a Pedro Sánchez a La Moncloa (180 votos). Necesitará, en particular, el apoyo de Unidos Podemos, cuyo líder, Pablo Iglesias, ya ha reclamado políticas de gasto más expansivas.

Este 'corsé' presupuestario es de obligado cumplimiento. Entre otras cosas, porque antes de presentar el Gobierno su techo de gasto para 2019 —algo que debe hacer en las próximas 2-3 semanas— debe contar con un informe previo elaborado por el Ministerio de Economía tras consultar al Banco de España, y teniendo en cuenta las previsiones del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea. Con carácter previo, igualmente, debe convocar tanto al Consejo de Política Fiscal y Financiera como al de la Administración local.

Ese informe que reclama la ley incluye un cuadro económico plurianual que debe especificar, entre otras variables, la evolución del PIB, la brecha de producción y la tasa de referencia de la economía española, que es, en realidad, la regla de gasto, cuya metodología no puede alejarse de la que elaboran los servicios técnicos de la Comisión Europea. La ley, incluso, se cura en salud y establece (artículo 12) que los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto tendrán que destinarse “íntegramente” a reducir el nivel de deuda pública. Por lo tanto, aunque la economía creciera más de lo estimado ahora, tampoco habría posibilidad de gastar más.

La tasa de referencia (el crecimiento del techo de gasto) se situó para este año en el 2,4%, ligeramente por debajo del 2,7% y del 2,8% previsto para 2019 y 2020, respectivamente. Esos son los límites que tiene el nuevo Gobierno para gastar en lo que queda de legislatura, salvo que contara con una mayoría parlamentaria suficiente para cambiar la Ley de Estabilidad y, al mismo tiempo, convencer a Bruselas de que el gasto estatal debe crecer por encima de lo estimado por la aplicación estricta de la regla de gasto.

No lo tendría fácil. Como sostiene el último informe de la Comisión Europea sobre España (marzo de 2018), el análisis de sostenibilidad de la deuda pública (que es donde se acumulan los déficits públicos) muestra que, en condiciones económicas normales y suponiendo un saldo primario estructural constante (el déficit público sin contar el pago de intereses), se prevé que la deuda de las administraciones públicas españolas se mantenga en torno al 95% del PIB en 2028. Es decir, muy lejos de los objetivos de estabilidad (60%) fijados en la Constitución (artículo 135) y el tratado de funcionamiento de la Unión Europea.

Cuatro partidas

La normativa europea tan solo excluye cuatro partidas de la contabilización del techo de gasto: los programas financiados completamente por la Unión Europea (3.354 millones en 2017); los gastos cíclicos asociados al desempleo (2.189 millones); el pago de intereses (29.836 millones), y las transferencias a las CCAA de acuerdo con el sistema de financiación.

El cumplimiento de la regla fiscal no es un asunto baladí. Entre otras cosas, porque la tasa de crecimiento del gasto debe ser coherente con el objetivo de reducción del déficit público pactado con Bruselas para 2019, que supone reducir el desequilibrio fiscal en algo más de 9.000 millones de euros el año próximo, al pasar del 2,2% del PIB al 1,3%. Y siempre, lógicamente, que se cumpla el objetivo de déficit para este año, lo que supone bajarlo del 3,1% al 2,2%, otros 10.000 millones de euros en números redondos, lo que permitirá a España salir del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE).

La propia Comisión Europea ya ha puesto en duda el cumplimiento de ese objetivo si el Gobierno no aprueba recortes adicionales en el gasto público, lo que significa, incluso, menor margen de maniobra para la ministra Montero. Máxime cuando la senda de crecimiento económico tiende a debilitarse, aunque tanto en 2018 como en 2019 todavía con tasas situadas claramente por encima del 2%.

Las probabilidades de que España incumpla este año la senda de reducción del déficit son elevadas. Todos los organismos multilaterales esperan que el déficit se sitúe entre dos y tres décimas por encima de la previsión del Gobierno (2,2% del PIB al acabar este año). Para el año 2019, tanto el FMI como el Banco de España prevén un déficit público del 2,1% del PIB, frente al objetivo del 1,3% del Gobierno, mientras que la OCDE y la Comisión Europea proyectan un déficit superior en dos y cuatro décimas al oficial, respectivamente.

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