Montoro "previsiblemente incumplirá" la regla de gasto por la que intervino Madrid

Si hay una ley de la que se sienta orgulloso Cristóbal Montoro, es de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). Esta normativa introdujo todo el entramado de reglas fiscales que impiden a los dirigentes políticos disparar el gasto público en las épocas de bonanza para evitar lo que ocurrió en la década de los dos mil. Esta ley tiene innumerables bondades para contener los desmanes presupuestarios, pero se convierte en un problema para realizar un presupuesto expansivo, que es lo que pretende hacer este año Montoro.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) se lo ha dicho muy claro al ministro, "previsiblemente incumplirá" la regla de gasto. El que es el "Presupuesto más social de la historia", en palabras de Montoro, será también el primero de este Gobierno que incumpla con la regla de gasto, motivo por el cual Hacienda intervino las cuentas del Ayuntamiento de Madrid a finales de 2017. "Con la información disponible y las estimaciones realizadas por la AIReF, se observa riesgo de que el gasto computable para 2018 crezca por encima de la tasa de referencia aprobada", explica la autoridad fiscal en su informe sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

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El problema para Montoro es doble. El primero es el incremento del gasto corriente que incorporan los PGE, con medidas como la subida del salario de los funcionarios, el aumento de la plantilla de trabajadores públicos o la subida de las pensiones mínimas y de viudedad. Todo ello supone un incremento del gasto que no se compensa con el ahorro en prestaciones por desempleo, por lo que carga sobre la regla de gasto.

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El segundo es que la regla de gasto también se ve influida por las rebajas de impuestos. La normativa determina que una rebaja estructural de los ingresos tributarios contabiliza dentro de la regla de gasto como incremento del gasto computable. Es normal que así sea, ya que si un presupuesto aprueba una fuerte reducción de impuestos sin rebajar el gasto en la misma cuantía, estaría aplicando una política muy expansiva que impactaría de lleno sobre el déficit público. La rebaja estructural de impuestos tendrá un efecto en 2018 de 900 millones de euros, lo que significa que se comerá una buena parte del margen que permite la regla de gasto.

Se observa riesgo de que el gasto computable de 2018 crezca por encima de la tasa de referencia aprobada

En concreto, el gasto computable solo debería aumentar un 2,4% este ejercicio, pero la AIReF estima que estará más cerca del 4,2% una vez excluido el gasto en clases pasivas, la aportación a la UE y el rescate de las autopistas. Estas cifras son muy claras y muestran un riesgo evidente de incumplimiento. O un "previsible incumplimiento", como explica la autoridad fiscal. La AIReF no puede ser más precisa en sus cálculos, ya que el ministerio pone muchas 'trampas' con la regla de gasto. La primera es que no incluye un informe sobre el cumplimiento de la misma en los Presupuestos Generales del Estado, lo que complica que la autoridad tenga toda la información.

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La segunda es que la metodología del cálculo del gasto computable es muy compleja y, hasta cierto punto, genera situaciones de aleatoriedad, lo que impide a la AIReF hacer una estimación cerrada. La autoridad ha solicitado al ministerio en numerosas ocasiones que clarifique la metodología de la regla de gasto, pero hasta ahora no ha conseguido nada y el ministerio sigue realizando sus propios cálculos. No solo la AIReF se ha quejado ante Montoro, también lo han hecho diversas comunidades autónomas y ayuntamientos que tienen muy complicado determinar cada año qué partidas de sus presupuestos se contabilizan como gasto computable para realizar el cálculo.

La ola del ciclo

El Presupuesto expansivo aprobado por Montoro genera, además, otro problema para el país, como han señalado el Banco de España y la AIReF: el ajuste del déficit descansa sobre los ingresos cíclicos, por lo que no hay mejoras estructurales. España tendrá que rebajar el déficit del 3,1% del PIB hasta el 2,2%, un ajuste que tendrá que realizar prácticamente en su totalidad la Administración central. La mayor parte del ajuste se producirá gracias a los estabilizadores automáticos, esto es, a ajustes en el presupuesto derivados de la buena marcha de la economía.

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El ahorro en desempleo, por ejemplo, que se produce por la recuperación del mercado laboral, aportará una décima a la corrección del déficit. El incremento de la recaudación gracias al crecimiento económico y a la inflación aportará otras cuatro décimas. Por último, el ahorro en intereses de la deuda, gracias a la caída de los tipos de interés, añadirá un punto adicional. Esto significa que siete décimas del ajuste se producirán gracias al crecimiento cíclico, avance que se revertirá cuando llegue la próxima crisis.

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En el apartado de esfuerzo estructural, apenas hay avances, y los que se consiguen se pierden por los retrocesos del presupuesto expansivo. Por ejemplo, el incremento de la inversión en formación bruta de capital fijo añade dos décimas de déficit estructural; el incremento de las subvenciones da otra décima más, y la rebaja de impuestos, aporta una décima adicional. Estas subidas se compensan con otras cuatro décimas de ajuste estructural real que proviene del gasto corriente y en pensiones, cuyo crecimiento es inferior al de la economía y, por lo tanto, reducen el déficit.