HACIENDA PRESIONA PARA QUE SÁNCHEZ VOTE SÍ A RAJOY

La falta de techo de gasto amenaza con un caos presupuestario a nivel autonómico

La ausencia de Gobierno está complicando de forma muy importante la elaboración de los presupuestos autonómicos. Algunos plazos se han incumplido por no haber techo de gasto

Foto: El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro. (EFE)
El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro. (EFE)

La falta de Gobierno está teniendo ya efectos adversos sobre el funcionamiento normal de las políticas públicas. Pero amenaza ahora con trasladarse a las comunidades autónomas si antes del 30 de septiembre el Consejo de Ministros no remite al Parlamento el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017. Entre otras cosas, porque la mitad del gasto público es gestionado por las comunidades autónomas y los ayuntamientos, mientras que la Administración General del Estado gestiona poco más del 20% del gasto total. El otro gran agente 'gastador' es la Seguridad Social.

[Rajoy avisa a PSOE y C's que sin investidura no habrá techo de gasto ni Presupuestos]

Algo que puede explicar por qué algunos barones socialistas prefieren que Pedro Sánchez, llegado el caso, y siempre que el PP sume a Ciudadanos, opte por la abstención. Buena parte de sus recursos dependen de decisiones tomadas en el palacio de la Moncloa y de la aplicación del actual modelo de financiación, y eso significa que si no hay presupuesto se tendrá que prorrogar el de 2016, lo que automáticamente tiene un efecto contractivo sobre las cuentas públicas.

Pero no sólo presionan algunos barones del PSOE. También lo hace Hacienda que, según Manuel de la Rocha, responsable económico de la ejecutiva socialista, está “chantajeando” a las CCAA para cercar a Sánchez. Fundamentalmente, negando información sobre cuánto les corresponderá el año próximo a las regiones en aplicación del modelo de financiación autonómica. Ni siquiera, según De la Rocha, ha convocado un Consejo de Política Fiscal y Financiero para dar cuenta de la marcha de los ingresos, una información esencial para conocer los anticipos mensuales que les corresponderán (el 98% hasta la liquidación definitiva) y a partir de ahí confeccionar los presupuestos autonómicos.

Al menos siete consejeros de Hacienda han pasado ya por el 'confesionario Beteta', el secretario de Estado de Administraciones Públicas, y ninguno ha tenido conocimiento de las previsiones de ingresos del sector público para el año próximo.

No se trata de una cantidad irrelevante. Las transferencias corrientes y de capital (inversiones) previstas para este año para el conjunto de entes territoriales ascienden a 40.517 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,2%, algo más de lo que crecerá el PIB en términos reales (alrededor de un 2,9%). Esa cantidad supone prácticamente la cuarta parte del presupuesto de gastos de todas las CCAA para 2016, que asciende a 168.964 millones de euros.

Servicios públicos

Hay que tener en cuenta que los Presupuestos Generales del Estado recogen como gasto las transferencias a los entes territoriales, tanto las que resultan de la aplicación de los sistemas de financiación vigentes (fondo de suficiencia, fondo de garantía, fondos de compensación interterritorial, participación en ingresos del Estado de las Corporaciones Locales, etc.) como aquellas otras que se derivan de convenios, contratos-programa, o acuerdos para financiar determinados bienes o servicios públicos prestados por comunidades autónomas y ayuntamientos.

Estos entes comienzan a elaborar con detalle sus presupuestos una vez que conocen el techo de gasto aprobado por las Cortes, pero no sólo eso. También la llamada regla de gasto, que deben cumplir según los dispuesto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Lo que dice esa norma es que el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales “aprobarán” un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria (la senda marcada por Bruselas) y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus respectivos presupuestos.

El límite de gasto no financiero excluye las transferencias vinculadas a los sistemas de financiación, y antes del 1 de agosto de cada año Hacienda debe informar al Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado. Este es el primer plazo que ya no se ha cumplido.

También antes de esa fecha, las regiones y ayuntamientos deben remitir al Consejo de Política Fiscal y Financiera “información sobre el límite de gasto no financiero que cada una de ellas haya aprobado”. Tampoco este plazo se ha cumplido porque, obviamente, no hay techo de gasto.

Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. (EFE)
Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. (EFE)

¿Puede un Gobierno en funciones aprobar el techo de gasto para 2017? Hasta ahora se entendía que no -el propio Rajoy ha sugerido que esa es una competencia de un Ejecutivo con todas las competencias-, pero el Partido Socialista ha hecho una interpretación muy distinta. Sostiene que el Gobierno está en condiciones (“no existe impedimento legal”) para que un Ejecutivo en funciones, mediante Acuerdo de Consejo de Ministros, dé luz verde tanto a los nuevos objetivos de estabilidad -la senda marcada por Bruselas- como al límite de gasto no financiero del Estado para el próximo ejercicio.

Razones de urgencia

El PSOE se acoge al artículo 21 de la Ley de Gobierno, aprobada en tiempos de Aznar, que establece que el Ejecutivo en funciones puede tomar decisiones de carácter político por razones de urgencia debidamente acreditadas o por causas de “interés general”, como puede ser el cumplimiento de las exigencias de Bruselas. Entre otras cosas porque la Comisión Europea amenaza con una multa a España si antes del 15 de octubre el Ejecutivo español no le remite un horizonte de reducción del déficit público.

La Ley de Gobierno da, por lo tanto, cierto margen de maniobra al Gobierno en funciones para poder actuar, siempre que se acoja a la 'excepcionalidad' que prevé la propia normativa, pero ese mismo texto legal prohíbe de forma taxativa la remisión a las Cortes del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. Es decir, que se podría aprobar el techo de gasto, pero su eficacia práctica sería nula, toda vez que su ejecución depende, precisamente, de los créditos presupuestarios. Ahora bien, esa información sería muy útil para las comunidades autónomas para elaborar sus presupuestos.

En el fondo, lo que pretende el Partido Socialista es quitarse de encima la presión que le ejerce el Partido Popular para que desbloquee la investidura culpándolo del incumplimiento de los compromisos exteriores de España en materia de déficit público. El diputado Pedro Saura, de hecho, ha pedido en el Congreso la comparecencia del ministro Montoro para que informe, con carácter urgente, ”de los motivos por los que el Gobierno considera que en la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas, así como del límite de gasto no financiero, no concurren las razones de urgencia o de interés general que la Ley 50/1997 [la de Gobierno] requiere para que puedan ser adoptados por un Gobierno en funciones”.

La negociación del techo de gasto es una de las cuestiones que se han comprometido a discutir en los próximos días Rajoy y Albert Rivera, pero por el momento nada ha transcendido de los contactos. Sí hay una cosa clara, en el programa electoral de Ciudadanos hay un compromiso claro de respetar lo que llegue de Bruselas, que, como se sabe, ha situado el déficit en el 4,6% del PIB este año y en el 3,1% el próximo, lo que exige un ajuste fiscal (entre ingresos y gastos) equivalente a unos 15.000 millones de euros.

En concreto, el programa de Ciudadanos hablaba de que “cumpliremos los objetivos de déficit que se negocien con las autoridades europeas” con el objetivo de lograr unas finanzas públicas “saneadas”. La Ley de Estabilidad Presupuestaria deja claro que corresponde al Gobierno la fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública referidos a los tres ejercicios siguientes, tanto para el conjunto de administraciones públicas como para cada uno de sus subsectores. Y por ello, antes de aprobar los límites de gasto no financiero, está obligado a reunir a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos.

Para 2016 se fijó un techo de gasto equivalente a 123.394 millones de euros, pero esos objetivos han saltado por los aires toda vez que el déficit final en 2016 será con toda seguridad mucho más alto que lo previsto hace un año. El Gobierno estimaba un 2,8% del PIB (lo que hubiera sacado a España del Protocolo de Déficit Excesivo), pero la UE le permite ahora a España hasta un 4,6%, en línea con la previsión que ha hecho hace pocas semanas la Autoridad Fiscal Independiente.

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