Los ministerios enviarán EL 31 DE JULIO SUS PREVISIONES

Hacienda endurece el control del gasto para cubrirse ante una prórroga del Presupuesto

La prórroga presupuestaria se abre paso. El Gobierno ordena a los ministerios que presenten antes del 31 de julio un avance de liquidación. Pretende controlar el déficit

Foto: El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro. (EFE)
El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro. (EFE)

La maquinaria burocrática para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado 2017 está ya lista. Pero eso no significa, sin embargo, que el próximo Gobierno -si no hay terceras elecciones- vaya a estar en condiciones de aprobar a tiempo un proyecto de ley que, en teoría, debe remitir al Parlamento antes del 30 de septiembre.

Al contrario. El actual Gobierno en funciones ya ha comunicado a Bruselas que va a exigir a cada uno de los ministerios que envíen a Hacienda, antes del próximo 31 de julio, un avance de la liquidación prevista de sus respectivos entes gestores para el conjunto del año (hasta el 31 de diciembre).

Se trata de una medida excepcional inédita en la reciente historia presupuestaria de España, y busca controlar el gasto del sector público. Es decir, lo que pretende Hacienda es hacer un seguimiento estrecho con información muy precisa para evitar que en el último tercio del año (como es habitual) se dispare el gasto público. El ministro De Guindos avanzó ayer en la cadena Cope que este adelanto permitirá un ajuste adicional de unos 1.000 millones de euros, aunque no dío más detalles ni precisó de dónde saldrá el recorte.

Así se lo ha hecho saber el Gobierno a Bruselas en las alegaciones remitidas este miércoles para evitar la sanción por incumplimiento de los objetivos de déficit en 2015.

Como se sabe, el avance de liquidación de cada ejercicio se incluye en el proyecto de Ley de Presupuestos de cada año, pero habida cuenta de que hay fundadas sospechas de que no habrá Gobierno capaz de presentarlo antes del 30 de septiembre, se ha optado por esta vía. La prórroga, como se sabe, es automática, al ser una previsión constitucional, y, por lo tanto, carece de un 'responsable' político, toda vez que el país no puede estar sin Presupuesto.

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy. (Reuters)
El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy. (Reuters)

Hay que tener en cuenta que el presidente Rajoy pretende que la primera sesión de investidura se celebre el 2 de agosto, aunque habría que esperar al día siguiente para que se produzca la primera de las votaciones (la segunda 48 horas después). Eso significa que a partir de esa fecha correría el calendario previsto por la Constitución: dos meses para formar Gobierno desde el primer no. Eso supone que habría de margen hasta el 3 de octubre, una fecha que ya supera el límite del 30 de septiembre que impone la Carta Magna.

Es por eso que el Ministerio de Hacienda pretende contar con instrumentos de control y gestión presupuestarios para hacer un seguimiento más preciso del gasto público. El Gobierno, de hecho, ni siquiera ha podido sacar adelante la orden ministerial que cada año aprueba para fijar la elaboración de los Presupuestos, y que supone el pistoletazo de salida hasta su sanción definitiva.

Techo de gasto

No hay que olvidar que la aprobación del llamado techo de gasto -el límite que se fija anualmente y que no se puede exceder- es un paso previo para la aprobación por el Consejo de Ministros del proyecto de Ley de Presupuestos. Y dado que un Gobierno en funciones no puede aprobarlo, al tratarse de una decisión de carácter político, no hay nada que indique que esté listo en esas fechas.

Es muy probable que ni al futuro Gobierno le interese aprobar un techo de gasto que será necesariamente restrictivo, lo que complica las negociaciones

Entre otras cosas, porque es muy probable que al futuro Gobierno -ni a su socio o socios parlamentarios- le interese aprobar un techo de gasto que será necesariamente restrictivo, lo que complica las negociaciones.

Esa contención del gasto público, sin embargo, podría ser prácticamente automática si se prorrogan los actuales Presupuestos, de ahí que esta vía quede abierta, pero disponiendo de un instrumento tan útil para el seguimiento del gasto como puede ser el avance de liquidación de los entes gestores. Fuentes empresariales con buena información sobre las decisiones del Gobierno dan por hecho que lo más probable es que se opte por una prórroga presupuestaria, que en sí misma ya supondría un ajuste.

Regla de gasto

Hay que tener en cuenta que, según la actualización del Programa de Estabilidad, el PIB nominal (con inflación) crecerá en 2017 un 3,7%, lo que significa que si los Presupuestos de 2016 se prorrogan, el gasto se reduce un 3,7% de forma automática, salvo en aquellas partidas a las que hay que hacer frente por razones legales.

Se da la circunstancia de que, incluso, el cumplimiento de la regla de gasto que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria prevé un aumento del gasto del 2,2% para 2017. En todo caso, por encima de lo que supondría una prórroga del Presupuesto, que significaría congelar no solo los créditos presupuestarios sino también las transferencias a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que consumen las dos terceras partes del Presupuesto.

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici (i), y el ministro de Economía, Luis de Guindos.
El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici (i), y el ministro de Economía, Luis de Guindos.

La regla de gasto, como la define la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF), es un instrumento de disciplina presupuestaria -incumplido en los últimos años- que trata de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas, de manera que, en un horizonte de medio plazo, el crecimiento del gasto de las AAPP venga limitado por la capacidad de financiarlo con ingresos estables y sostenidos en el tiempo.

Tampoco hay que olvidar que el Ejecutivo en funciones, como anunció el ministro De Guindos el martes en Bruselas, se ha comprometido a aumentar las retenciones en el Impuesto de Sociedades para frenar la sangría actual. En las alegaciones enviadas a la Comisión Europea para evitar la sanción, el Gobierno estima que, gracias a esa medida, recaudará este año 6.000 millones de euros más de lo estimado inicialmente. Pero, en la misiva, da por hecho que lo podrá ejecutar este año en su totalidad, lo cual no parece probable, habida cuenta de que hasta mayo la merma de recaudación ha superado los 1.400 millones de euros.

Sin embargo, y debido a que se trata de una medida de carácter fiscal y que, por lo tanto, no puede ser aprobada por un Gobierno en funciones, difícilmente podrá ser aplicable antes del último tercio del año. Eso significa unos recursos adicionales de 'solo' unos 2.000 millones de euros, 4.000 millones menos de lo comunicado a Bruselas. El Gobierno tiene un argumento formalmente inatacable: no puede aprobar la subida de las retenciones porque está formalmente en funciones. Y es muy probable que tampoco los Presupuestos vean la luz.

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