España culpa a la inflación del incumplimiento de los objetivos de déficit

La inflación está detrás de los problemas del actual Gobierno en funciones para cuadrar las cuentas públicas. Lo sugirió Mariano Rajoy en la carta que le envió a Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, el pasado 5 de mayo, pidiendo comprensión con el incumplimiento de los objetivos de déficit público, y lo ha vuelto a esgrimir el ministro De Guindos en las alegaciones presentadas por España para evitar una sanción.

El Gobierno entiende que la baja inflación perjudica especialmente los tributos más sensibles al ciclo económico, como sucede en el caso del IRPF, que cuenta con una elasticidad (relación entre actividad y tipos impositivos) superior a la unidad, debido al efecto que tienen los tramos progresivos del impuesto. Es decir, se paga de forma automática más por la subida nominal de los salarios y del resto de rentas que grava. “Esta alta sensibilidad al ciclo”, sostenía el Gobierno en la actualización del Programa de Estabilidad, “ha supuesto un reto para la recaudación”.

Los servicios técnicos del Ministerio de Economía, en concreto, estiman que la necesidad de financiación de las administraciones públicas habría sido aproximadamente 0,7 puntos del PIB inferior en 2015 (el déficit público), si la inflación observada hubiera coincidido con las previsiones trianuales de la Comisión Europea publicadas en 2013 (año en que el Consejo de la UE fijó el objetivo del 4,2% del PIB para 2015).

Como se sabe, la desviación final fue de 0,9 puntos, lo que hubiera significado un incumplimiento de apenas dos décimas de PIB (unos 2.000 millones). Esta cifra, paradójicamente, coincide con el acuerdo de no disponibilidad aprobado por el Consejo de Ministros en funciones nada más conocerse el incumplimiento de los objetivos de déficit de 2015.

De ahí que la conclusión del Gobierno sea clara: “Un factor que podría explicar, en buena medida, la desviación del déficit respecto del objetivo nominal es la desviación negativa en la inflación respecto de lo previsto por la Comisión Europea en 2013, cuando realizó la recomendación a España”. Es decir, que el Gobierno argumenta que como han cambiado las circunstancias macroeconómicas (al menos, en términos de inflación), no hay motivos para aplicar sanción alguna.

Es más, el Gobierno entiende que si la inflación observada se hubiera situado en el 2% en la zona euro y en el 1,5% en España, el déficit público español hubiera sido aproximadamente un punto porcentual inferior al observado en 2015. Es decir, se hubiera cumplido de largo la senda de reducción del déficit pactada con Bruselas.

Errores de previsión

Según el Ejecutivo, la magnitud de estos errores de previsión “más que compensa las sorpresas positivas del PIB real, resultando un PIB nominal en 2015 un 1% inferior a lo estimado por la Comisión Europea en 2013”. El Ministerio de Economía estima que el impacto positivo de la reforma fiscal en el crecimiento del producto interior bruto en 2015 -una de las críticas que ha hecho sistemáticamente la Comisión Europea al Gobierno- se ha situado en 0,34 puntos del PIB y en un crecimiento adicional del empleo del 0,24%.

El Gobierno esgrime, además, que una menor inflación no implica necesariamente un menor gasto nominal, puesto que las principales rúbricas por el lado del gasto no están indexadas con la evolución de los precios. Sin embargo, la menor inflación sí tiene un impacto alcista sobre la ratio gasto público/PIB por su efecto sobre el denominador. Como resultado, sostenía el Gobierno en el Programa de Estabilidad, el saldo presupuestario, tanto en niveles como en porcentaje de PIB, “empeora en un contexto de baja inflación, especialmente si la inflación es negativa”.

El Gobierno, incluso, recuerda el caso de Bélgica e Italia, que se beneficiaron en su día de que la Comisión Europea reconociera que la menor inflación registrada era un “factor económico relevante” que dificulta el cumplimiento del objetivo de deuda.

En todo caso, lo que está claro es que la carta enviada en mayo por Rajoy a Juncker ha caído, por el momento, en saco roto. Bruselas dio este martes un nuevo paso en el proceso de sanción a España por incumplimiento del objetivo de déficit público en 2015 (un 5,1% frente al 4,2% pactado). Nada nuevo. Lo significativo, sin embargo, es que el actual Gobierno en funciones, antes de que puedan llegar las sanciones, se cura en salud. O lo que es lo mismo: ya ha comenzado a anunciar medidas para controlar el déficit público.

La primera la ha adelantado el ministro De Guindos en Bruselas. Los pagos fraccionados en el Impuesto de Sociedades (lo que adelantan las empresas a Hacienda por los beneficios obtenidos) vuelven a la casilla original, lo que significa, lisa y llanamente, que la tributación a cuenta vuelve a ser la que existía antes del 1 de enero.

La medida ya estaba esbozada en el Programa de Estabilidad remitido por España a Bruselas, y en él se decía que “si se observase” una pérdida de recaudación superior a la estimada, como consecuencia del fin de determinadas medidas temporales en el Impuesto sobre Sociedades, “se podrían tomar medidas para limitar su impacto en 2016”. Y eso es, precisamente, lo que ha ocurrido. Hasta el pasado mes de mayo, según datos de la Agencia Tributaria, los nuevos tipos de pago fraccionado han supuesto una merma de ingresos para el Fisco de 1.434 millones de euros.

Hacienda decidió en su día rebajar los tipos impositivos aplicables a los pagos fraccionados en el Impuesto de Sociedades hasta el 17%. Anteriormente, el tipo aplicable, en función de la cifra de negocios, se situaba en una horquilla que iba del 21% al 29%, lo que aumentaba temporalmente la liquidez de las empresas y, por el contrario, empeoraba a corto plazo la recaudación hasta que se liquidara el impuesto (en 2017). Y esa vía de agua es la que ahora pretende cerrar el Gobierno en funciones.