Inmolación, horca y sobredosis: los suicidios de France Télécom, vistos para sentencia

“No perdamos nuestra vida ganándonosla”. En torno a este lema, un centenar de personas se dieron cita este jueves a las puertas del Tribunal de Gran Instancia de París. Reunidas a pleno sol y empapadas por el bochorno, reclamaban que France Télécom y siete de sus exejecutivos fueran condenados por “acosar moralmente” a sus empleados. Un acoso que habría desencadenado una ola de suicidios sin precedentes en el seno de la empresa durante la crisis financiera entre 2007 y 2010. La causa ha quedado vista para sentencia.

Tras dos meses y medio de juicio, 46 audiencias más de 30 testigos, con “canícula […] problemas de salud […] larguísimas jornadas […] momentos de emoción […] y silencios de dolor” incluidos, la presidenta del tribunal, Cécile Louis-Loyant, concluyó este "histórico" proceso judicial en Francia. En total, la instrucción ha reconocido 39 víctimas: 19 se sucidaron, 12 lo intentaron y otras ocho sufrieron fuertes cuadros de depresión.

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Familiares de víctimas, sindicalistas, un buen puñado de estudiantes de derecho, cuatro bancos repletos de periodistas y abogados con toga, intercalados entre una masa de curiosos, acudieron puntuales a la sala 2.01 poniendo de manifiesto la trascendental dimensión mediática y social del juicio. Nunca antes una empresa del CAC40, principal índice bursátil de la Bolsa de París, y sus antiguos altos cargos han sido requeridos por la justicia para responder sobre la gestión social de sus empleados.

Por primera vez en un caso de acoso moral se juzgan los métodos de gestión del personal y su impacto en la salud mental de los empleados, y no actos precisos perpetrados por personas concretas. “El fardo que lleva este tribunal a sus espaldas es muy pesado […] sea cual sea nuestra decisión -fijada para el próximo 20 de diciembre-, esperamos que los momentos en los que hemos compartido el dolor de las víctimas y familiares hayan hecho este dolor más soportable para aquellos que lo han experimentado”, concluía compungida la magistrada, antes de ofrecer la palabra a los siete acusados sentados en el banquillo.

Presión suicida

Para entender el alcance del evento, conviene recordar el contexto en el que tuvo lugar la ola de suicidios que, hace más de una década, empañó para siempre la imagen del gigante francés de telecomunicaciones. Por aquel entonces, France Télécom arrastraba importantes dificultades económicas. La competencia no dejaba de aumentar y los usuarios comenzaban a prescindir de las líneas fijas de teléfono.

El Estado francés, hasta entonces propietario de la compañía, decidió privatizar la empresa cuya masa salarial ascendía a 120.000 empleados, la mayoría de ellos funcionarios y, por consiguiente, difíciles de despedir. Así, los nuevos directivos, con Didier Lombard a la cabeza como director general, pusieron en marcha medidas drásticas que, según los jueces de instrucción, “aplicaron o acentuaron en un buen número de asalariados un sufrimiento cuyas manifestaciones adoptaron formas diversas, la más dramática de las cuales fue el paso al acto suicida”.

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“En 2007, lo haré [suprimir 22.000 puestos de trabajo] de una manera u otra, por la ventana o por la puerta”. Didier Lombard, quien el jueves prefirió no dirigirse al tribunal y apostó por el mutismo, pronunció esta desafortunada declaración de intenciones el 20 de octubre de 2006, ante la Asociación de Altos Cargos y Dirigentes de la compañía francesa de telecomunicaciones (ACSED).

Estas palabras se tradujeron en dos planes de reestructuración de plantilla, NExt (Nueva Experiencia de Telecomunicaciones) y ACT (Anticipación y Competencia por la Transformación), que se convirtieron, según el dosier judicial, en “una política empresarial destinada a desestabilizar a sus empleados y crear un clima angustioso”.

Inmolación, ahorcamiento y sobredosis

La acusación considera que esa estrategia fue mortal para sus trabajadores: 39 víctimas han sido reconocidas por los jueces de instrucción, 19 de ellas se suicidaron, 12 lo intentaron y ocho sufrieron depresión entre 2007 y 2010.

Rémy Louvradoux, de 56 años, se inmoló ante una sede de la empresa en Burdeos; André Amelot, de 54 años, y Corinne Cleuziou, de 45, se ahorcaron; Camille Bodivit, de 48, saltó de un puente; Anne-Sophie Cassou, de 42 años, ingirió un cóctel mortal de alcohol y medicamentos. Todos ellos trabajaban en la empresa entre 2007 y 2010. Todos ellos han sido avalados como víctimas de “acoso moral” por los magistrados encargados de instruir el mediático caso.

Doce años después, la propia empresa -rebautizada con el nombre de Orange en 2012- y los siete exejecutivos se enfrentan a penas de un año de prisión y 15.000 euros de multa, una cifra que asciende a 75.000 en el caso de Orange. Si bien la sanción ha sido fuertemente criticada por la acusación, considerándola banal e insignificante para los hechos, se trata de la pena máxima prevista por la ley en casos de “acoso moral”. Los cargos de “puesta en peligro de vida ajena” y “homicidio involuntario”, que podrían haber aumentado considerablemente las sanciones, fueron descartados por los jueces de instrucción.

Jurisprudencia por acoso moral

Así, el valor de este juicio va más allá de la pena que se impondrá a los acusados, concentrándose principalmente en el peso que la decisión judicial podría tener en futuros procesos de acoso moral en el trabajo. “Como la defensa y las partes civiles no han dejado de repetir durante el juicio, todavía no existe una decisión judicial penal clara sobre la existencia de un acoso estratégico y gerencial por parte de una empresa. Esto existe en el derecho civil, pero no en el penal. La decisión será importante, muy importante”, recalcó Rachel Saada, abogada y miembro del Sindicato de Abogados de Francia (SAF), interrogada por el diario digital Mediapart sobre la cuestión.

Más allá de las sanciones, la legislación, o los argumentos de la defensa, la memoria de las víctimas se impuso en la sala de vistas en un ambiente marcado por la gravedad de las expresiones y el silencio de los presentes. Solo las intervenciones del abogado de Didier Lombard, Jean Veil, quebraban el mutismo con una ronda de suspiros y rebufos.

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El letrado, que refutó toda responsabilidad por parte de su representado, dedicó buena parte de su intervención a cargar contra los periodistas acusándoles de mediatizar los suicidios en el seno de France Télécom y, al mismo tiempo, ignorar los casos de suicidio que ocurren entre los magistrados. Ante tal amalgama, el silencio se rompió por unos segundos dando paso a un sonoro murmullo de indignación entre los presentes.

La espera será larga, ya que el tribunal fallará en diciembre. Pero las 1.200 páginas del dosier justifican la dilación, explicó la presidenta del tribunal. “Cualquiera que sea la sentencia, cuando se dé a conocer, será recurrida […] dada la magnitud de las cuestiones en juego”, adelantó. Si bien, su objetivo no será otro que “realizar una especie de obra de justicia común, colectiva” para las víctimas que piden justicia.