'Huelga' de pistolas como protesta en la policía de UK: Londres se ve obligado a movilizar al Ejército

El Gobierno británico se ha visto obligado a convocar al Ejército después de que los agentes armados de Scotland Yard hayan entregado sus armas en protesta por el caso de un compañero que se enfrenta ahora a cadena perpetua tras el fatal tiroteo ocurrido en 2022, que acabó con la vida de Chris Kaba, un joven negro de 24 años, que estaba desarmado. Su muerte desencadenó una oleada de manifestaciones contra la Policía Metropolitana.

Los poderes de emergencia para convocar a las fuerzas armadas generalmente se despliegan para grandes eventos como los Juegos Olímpicos, desactivación de bombas o inundaciones. Pero la misión de los soldados, en esta ocasión, es proteger Reino Unido de ataques terroristas, ya que los agentes de Scotland Yard, los responsables de esta tarea, han entregado sus permisos para portar armas por miedo, dicen, a ser procesados por hacer su trabajo. Además de los soldados, se han desplegado en la capital británica agentes de cuerpos policiales de otras partes del país como medida de apoyo.

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Según la ley, todo policía armado es personalmente responsable de sus acciones. Los oficiales no pueden usar más fuerza de la necesaria para neutralizar una amenaza. Un superior no puede decirle a un agente que apriete el gatillo, ni puede haber una decisión táctica preventiva para disparar a un sospechoso, cualesquiera que sean las circunstancias. Pero las decisiones se tienen que tomar en fracciones de segundo bajo presiones extraordinarias.

Por lo tanto, cuando se abre fuego, ¿cuándo se considera una decisión justificable y cuándo un delito? ¿Ha llegado el momento de cambiar la normativa actual? ¿Los cambios podrían dificultar exigir responsabilidades si las cosas salen mal? El debate está servido.

De momento, la ministra de Interior, Suella Braverman, ha anunciado una revisión sobre cómo la policía armada puede evitar ser juzgada ante los tribunales por cumplir con sus funciones. "Dependemos de nuestros valientes oficiales armados para protegernos de los más peligrosos y violentos de la sociedad", recalcó en X (antiguo Twitter). "No deben temer terminar en el banquillo por cumplir con su trabajo. Los oficiales que arriesgan sus vidas para mantenernos a salvo, tienen todo mi respaldo y haré todo lo que esté a mi alcance para apoyarlos. Por eso he iniciado una revisión para garantizar que tengan la confianza para hacer su trabajo y al mismo tiempo protegernos a todos", añadió.

Las medidas de protesta en Scotland Yard comenzaron después de que el pasado miércoles, un oficial anónimo, conocido solo como NX121, fuese acusado del asesinato de Chris Kaba, quien recibió un disparo el 5 de septiembre de 2022 después de que el automóvil que conducía fuera acorralado por un vehículo policial en Streatham Hill, al sur de Londres. El policía podría enfrentarse a cadena perpetua.

El joven de 24 años, que estaba a punto de convertirse en padre, conducía un Audi —que no era suyo— con un número de matrícula vinculado a un "incidente con armas de fuego" del día anterior, según la Oficina Independiente de Conducta Policial, que supervisa las fuerzas policiales de Inglaterra.

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Un vehículo policial camuflado siguió a Kaba hasta alrededor de las 22:00, cuando giró hacia una carretera donde lo esperaba un coche policial camuflado. Los agentes se acercaron al Audi y "se hizo contacto". Un oficial parado frente al Audi disparó un tiro a través del parabrisas del vehículo, alcanzando a Kaba, quien fue trasladado a un hospital de Londres, donde fue declarado muerto a las 0:16 del 6 de septiembre de 2022.

En todo Londres estallaron manifestaciones en apoyo de Kaba. Días después del fatal tiroteo, la Policía Metropolitana suspendió al oficial que, de momento, está en libertad bajo fianza a la espera del juicio el próximo año. Daniel Machover, abogado que representa a la familia de Kaba, señala que los familiares "han demostrado una extraordinaria dignidad y fortaleza al exigir respuestas sobre cómo fue asesinado y buscan justicia".

Según datos publicados en junio por las autoridades locales, la Policía Metropolitana emplea a unos 2.600 agentes con armas de fuego, una pequeña fracción de sus más de 34.000 agentes. El responsable de Scotland Yard, Mark Rowley, asegura que sus agentes están ahora "comprensiblemente ansiosos" al considerar cómo se podrían juzgar sus futuras acciones en servicio.

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El primer ministro, Rishi Sunak, recalcó que la policía necesitaba tener certeza sobre los poderes legales que tienen. "Nuestros oficiales armados hacen un trabajo increíblemente difícil. Están tomando decisiones de vida o muerte en una fracción de segundo para mantenernos a salvo y merecen nuestra gratitud por su valentía", afirmó.

"Nuestros oficiales armados hacen un trabajo increíblemente difícil"

Todo se reduce a la ley de legítima defensa. En definitiva, un oficial de policía puede abrir fuego si honestamente cree que necesita disparar para protegerse a sí mismo, a sus colegas o al público. Si esa creencia se mantuviera honestamente, no son culpables de ningún delito. Pero ¿qué pasa si el oficial se equivoca?

Un error puede ser fatal

Esta fue la cuestión abordada en el juicio de 2015 contra el exoficial armado Anthony Long. Diez años antes, el experimentado policía formó parte de un equipo de especialistas que rastreaba a una banda criminal muy peligrosa. Cuando rodearon el coche, el hombre que estaba dentro, Azelle Rodney, recibió seis disparos.
El agente dijo que creía que el sospechoso se había agachado para recoger un arma de fuego. Aseguró que todo el lenguaje corporal de Rodney le indicaba que tanto él como sus compañeros estaban en peligro inminente. Los fiscales, sin embargo, señalaron que había disparado tan rápido que no habría podido evaluar las intenciones del criminal. Se encontraron tres armas en el coche, pero ninguna en manos de Rodney.

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El juez de Old Bailey pidió al jurado que se hiciera esta pregunta: "¿Nos ha asegurado la fiscalía que, en el momento en que disparó su primer tiro, el acusado no creía genuinamente (aunque fuera erróneamente) que él y/u otros estaban a punto de que le dispararan, por lo que necesitaba defenderse a sí mismo y/o a otros disparando contra el señor Rodney? Si la respuesta es no, entonces se ha llegado a un veredicto de no culpabilidad". El agente fue declarado inocente de asesinato. Lo que importaba, desde el punto de vista jurídico, era su creencia sincera en un momento de máxima amenaza.

Según cifras del Ministerio del Interior, entre marzo de 2022 y marzo de 2023 hubo 18.395 operaciones con armas de fuego en Inglaterra y Gales; la Policía Metropolitana representó el 20% de ellas. En este periodo, solo hubo 10 incidentes en los que un oficial abrió fuego contra una persona. En definitiva, los tiroteos fatales que involucran a un oficial de policía son relativamente raros. Pero dejan su huella para siempre.

Los tiroteos fatales que involucran a un oficial de policía son relativamente raros

Uno de los que tuvo más repercusión fue el de Jean Charles de Menezes. El suceso tuvo lugar en 2005 en el contexto de la tensión producida por los atentados terroristas contra la red de transportes de la capital británica del 7 y del 21 de julio. Menezes fue asesinado a tiros por agentes del metro de Londres. Creían que se trataba de un terrorista suicida en fuga. En realidad, era un electricista que iba a trabajar.

Su muerte se redujo a un terrible error, pero no uno del que la ley pueda responsabilizar a ningún funcionario individual. Dos años después del tiroteo, Scotland Yard recibió una multa de 175.000 libras por violar las leyes de salud y seguridad tras un juicio penal, pero el veredicto del jurado absolvió a la comandante de la operación, Dame Cressida Dick, de cualquier culpa por la muerte del joven de 27 años. Cressida Dick pasó luego a dirigir la Policía Metropolitana.

En diciembre de 2008, un jurado de investigación rechazó una serie de afirmaciones hechas por agentes sobre los acontecimientos que condujeron a la muerte de Menezes y emitió un veredicto abierto. Pero en 2016, la familia del electricista perdió su batalla legal cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que era correcto no acusar a los agentes que dispararon por error.