Anatomía de un desencuentro: España, Alemania y la extradición de Puigdemont

La petición de extradición del expresidente catalán Carles Puigdemont ha arrastrado a España y Alemania, dos estrechos aliados, a un desencuentro político que ninguno de los dos deseaba. Otro daño colateral más de la crisis catalana. Y la tormenta no solo no ha escampado sino que se puede agravar. Los próximos pasos del proceso pueden azuzar la situación si la Justicia alemana decide finalmente no enviar al líder soberanista a España. Estos son los momentos trascendentales del proceso.

25 de marzo. Puigdemont es arrestado en el norte de Alemania, poco después de cruzar la frontera con Dinamarca. Las detenciones basadas en una euroorden se gestionan a nivel policial. No obstante, sería extraño que un arresto de este calibre no hubiese permeado previamente otros ámbitos del Estado alemán. El Ejecutivo de la canciller, Angela Merkel, no ha indicado si fue informado por adelantado de la petición española para detener a Puigdemont en su territorio o si hubo contactos en las horas previas entre las esferas políticas de ambos países. El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha negado haber hablado con Merkel sobre esta cuestión.

26 de marzo. El Gobierno alemán trata desde el primer momento de distanciarse del proceso de extradición. Apenas 24 horas después de la detención, empieza a deslindar la cuestión judicial del ámbito político recurriendo a la separación de poderes. La portavoz del Ministerio de Justicia, Stephanie Krüger, destaca que el procedimiento pertenece "fundamentalmente al ámbito judicial" y que decidir sobre las euroórdenes es una competencia transferida a los Länder en que Berlín no participa. El portavoz de Merkel, Steffen Seibert, indica por su parte, como ya lo ha hecho durante los meses previos, que Alemania considera la crisis catalana un "conflicto interno" español y que su resolución debe encontrarse dentro del marco de las leyes y la Constitución españolas. Estas afirmaciones, tomadas del argumentario de Moncloa, se repetirán en los días siguientes.

28 de marzo. Mientras el Gobierno alemán se distancia del caso, el europarlamentario euroescéptico Bernd Lucke acude a la prisión de Neumünster y se entrevista con Puigdemont. Tras el encuentro, califica al líder catalanista de "perseguido político encarcelado por motivos políticos" y tacha de "vergonzante" que Alemania le trate "como a un delincuente" más.

29 de marzo. El abogado alemán de Puigdemont, Wolfgang Schomburg, apunta por primera vez, pese a las declaraciones de Berlín, que el Gobierno central sí que tiene una posibilidad de inmiscuirse en el proceso de extradición. Este reputado penalista, que ejerció en el Supremo alemán, explica que el Ejecutivo de Merkel tiene una especie de derecho de veto sobre las extradiciones, pues tiene capacidad para dejar sin efecto una decisión judicial de este tipo. Un día después, el Gobierno alemán filtra al semanario 'Der Spiegel' que no tiene intención de intervenir para frenar una eventual extradición del líder soberanista.

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1 de abril. Los parlamentarios de La Izquierda Diether Dehm y Zaklin Nastic visitan en la cárcel al líder independentista. El primero advierte después en declaraciones a los medios de que España "se comporta cada vez de una manera más autoritaria y recorta cada vez más derechos fundamentales". La Izquierda ha sido el partido alemán que más claramente se ha posicionado en contra de la extradición de Puigdemont. Los ultraderechistas de Alternativa para Alemania (AfD) también han criticado el arresto, pero han abandonado ya el asunto.

5 de abril. El Tribunal Superior de Schleswig-Holstein considera inadmisible la petición de extradición por rebelión, pese a que el código penal alemán contempla un delito equiparable, alegando que no hubo violencia "suficiente". Además, pide que la Fiscalía alemana solicite más información al Supremo español sobre el presunto delito de malversación de fondos. Mientras tanto, deja a Puigdemont en libertad bajo fianza. El líder catalán sale de la prisión de Neumünster al día siguiente y marcha a Berlín. La decisión, una posibilidad que ya habían apuntado varios penalistas alemanes en los días anteriores, cae como un jarro de agua fría en Madrid.

6 de abril. La ministra de Justicia, la socialdemócrata Katarina Barley, asegura al diario 'Süddeutsche Zeitung' que "la decisión de los jueces en Schleswig es absolutamente correcta". Además, afirma que el caso tiene componentes "políticos" y valora que "no será fácil" que la Justicia alemana extradite a Puigdemont por malversación de fondos, lo que convertiría al político "en un hombre libre en un país libre". Las declaraciones desatan una tormenta diplomática entre España y Alemania.

7 de abril. El ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis, califica de "desafortunadas" las declaraciones de Barley en un aparte con periodistas durante la convención nacional del PP en Sevilla. De esta forma, asegura, ha lastimado la separación de poderes. "Entrar a comentar decisiones de los jueces no nos parece lo más apropiado en este momento", concluye.

8 de abril. El 'Süddeutsche Zeitung' publica una carta de la embajadora española en Alemania, Victoria Morera, en la que defiende que España "es un Estado de derecho democrático" en el que "la justicia es independiente" y denuncia que los independentistas rechazan el diálogo. En este sentido, prosigue, España respeta "totalmente" la decisión del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein. Además, lamenta por "anacrónicas y falsas" las "permanentes alusiones al régimen franquista" que se están haciendo en los medios alemanes. Morera carga asimismo contra un nacionalismo "que divide" y critica a "los partidos populistas y xenófobos que apoyan al secesionismo en Cataluña".

Rajoy, en Sevilla, apela a la independencia de la Justicia, pero apunta que queda mucho recorrido en los tribunales, incluido un posible recurso al superior europeo.

9 de abril. Barley se ve obligada a rectificar y llama a su homólogo español, Rafael Catalá. El portavoz del Ministerio de Justicia, Piotr Malachowski, califica a continuación de "malentendido" la polémica sobre el comentario de la ministra tras la decisión judicial en el caso Puigdemont. En una rueda de prensa, asegura que Barley no concedió al 'Süddeutsche Zeitung' ninguna entrevista ni hubo "declaraciones autorizadas". Un periodista de ese periódico le insta entonces a que afirme que las declaraciones son falsas, algo que el portavoz no hace.

Al parecer, la ministra habló con un periodista de ese medio y le hizo esas declaraciones en un contexto que ella entendió como confidencial, pero no así el comunicador, que después las reprodujo. Sus manifestaciones evidenciaron las dudas sobre el proceso español contra Puigdemont en Berlín. El semanario 'Der Spiegel' apuntó poco después que esta opinión de Barley era compartida por varios miembros más del Gobierno de Merkel, aunque evitó señalar quiénes.

El portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert, asegura por su parte que el Gobierno alemán no tiene "expectativas políticas" con respecto al proceso político. Entonces repite el mantra del "conflicto interno" y de una resolución dentro de la legalidad española, pero habla por primera vez de la "esperanza" de Berlín de que "dentro de la política española haya movimiento en dirección a una reconciliación".

Por su parte, el Ministerio español de Exteriores reúne a sus principales embajadores, entre los que se encuentran la alemana y su antecesor, el actual representante permanente ante la UE, Juan Pablo García-Berdoy, y les insta a reforzar su "tarea explicativa" de la visión de Madrid del conflicto catalán en las instituciones y en los medios de comunicación.

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10 de abril. Rajoy califica de "modélica" la decisión de no intervenir del Gobierno alemán en el proceso de extradición de Puigdemont. Además, en una rueda de prensa en Buenos Aires, apunta que la resolución del Tribunal Superior no es algo definitivo y avanza que Madrid respetará en todo caso la decisión final. Sin embargo, su ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, pone en duda en una entrevista en Telecinco el criterio de los jueces alemanes y pregunta qué entienden por violencia. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, advierte de que Alemania no puede convertirse en un "santuario de golpistas".

Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional critica veladamente la actuación del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein. En una nota sobre otro caso de extradición, este de un detenido en España a Alemania, el Ministerio Público asegura que "la Fiscalía de la Audiencia Nacional, respetuosa para con el espíritu que debe presidir la interpretación de las órdenes europeas de detención y fiel al principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, en ningún caso ha entrado a valorar los elementos de prueba de que disponen las autoridades requirentes, como viene siendo habitual".

11 de abril. Alexander Dobrindt, portavoz de los conservadores bávaros en el Bundestag, rechaza llamar golpista al movimiento independentista catalán. El exministro y miembro de la dirección de la Unión Socialcristiana (CSU), aliada de Merkel, argumenta que "lo que se concedió a los escoceses como derecho a la autodeterminación no se debe interpretar como una postura golpista en el caso catalán". En una entrevista con el grupo alemán de medios Funke, opina: "Movimientos por la libertad, como en Cataluña, no pueden describirse apodícticamente como ilegítimos". No obstante, agrega que en Europa se debería volver a hablar más de "lo que nos une que de lo que nos separa".