La Fiscalía alemana pide extraditar a Puigdemont por rebelión y malversación

La Fiscalía alemana ha pedido este martes a la Audiencia Territorial de Schleswig la tramitación de la extradición a España de Carles Puigdemont por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos, y ha pedido también que permanezca en prisión al considerar que existe "riesgo de fuga". El Tribunal Regional Superior de la región alemana de Schleswig-Holstein espera decidir en "un par de días".

En un comunicado, la Fiscalía deja muy claro en un primer momento que "no es exigible legalmente una coincidencia literal de los preceptos alemanes y españoles". Por ello, considera que "la acusación de rebelión contempla, esencialmente, la celebración de un referéndum inconstitucional a pesar de que eran de esperar enfrentamientos violentos".

Así, cree que el delito que imputa la Justicia española a Puigdemont puede ser equivalente al de alta traición que recoge el Código Penal alemán en los artículos 81 y 82. Y va a más, ya que para que exista delito de alta traición tiene que haber violencia, algo que la Fiscalía explica en el comunicado, al asegurar que los cuerpos de seguridad esperaban una escalada de violencia durante la jornada del 1 de octubre de 2017 entre ciudadanos, Guardia Civil y Policía Nacional.

Compara el delito de rebelión con el de alta traición, ya que Puigdemont fue avisado de una escalada de violencia el 1-O y declinó frenar la consulta

Aunque era conocedor de todo esto, Puigdemont declinó frenar la consulta a pesar de las advertencias y, prácticamente, "comprometió" a los agentes a garantizar que los partidarios de la república catalana pudieran votar en un referéndum ilegal. Por todo, la Fiscalía insiste en que "continúan las razones para su detención por riesgo de fuga", ya que dejarle el libertad no garantizaría su permanencia en el país viendo sus antecedentes y viajes en los últimos meses.

Sobre el delito de malversación de fondos públicos y de corrupción por la organización y celebración del referéndum del 1-O, la Fiscalía cree que estos delitos se corresponden con el delito de malversación que aparece como tal en el Código Penal alemán.

TE PUEDE INTERESAR

Elsa Artadi mueve su agenda propia para sacrificar a Puigdemont y no ir a elecciones

Marcos Lamelas. Barcelona

Su abogado en España pide "calma"

Tras la decisión de la Fiscalía, su abogado en España, Jaume Alonso-Cuevillas, asegura que se trata de un "trámite de lo más normal" y una decisión "lógica" que tanto Puigdemont como su equipo jurídico esperaban que ocurriera. En declaraciones a RAC1, ha añadido que el 'expresident' "está mentalmente preparado para todo" y que la noticia no hubiera sido esta, sino que la Fiscalía alemana "hubiera pedido lo contrario". En este punto, pide "tranquilidad" y "calma" porque "ahora son los tribunales los que tendrán que decidir".

"Está totalmente preparado para todo. Es un trámite lógico". La decisión final está en manos de la audiencia territorial de Schleswig-Holstein

"Lo que debe de hacer ahora el juez es valorar si los hechos de los que se acusa a Puigdemont en España también existen en Alemania", solicita Alonso-Cuevillas. Por ahora, la decisión final está en manos de la audiencia territorial de Schleswig-Holstein. ​

Merkel se mantiene al margen

Fue el pasado 25 de marzo cuando la policía alemana detuvo al expresidente catalán al cruzar en coche la frontera desde Dinamarca a raíz de la euroorden de detención cursada por la Justicia española. Ese mismo día, Puigdemont fue trasladado a la ciudad de Schuby, a 130 kilómetros al norte de Hamburgo, donde ingresó en la prisión de Neumünster, donde continúa desde entonces.

A Puigdemont le defienden en Alemania el abogado y exjuez del Supremo alemán Wolfgang Schomburg y su hijo Sören, quienes han reclamado al Gobierno de Angela Merkel que no dé el visto bueno a la extradición, si así lo decide la Audiencia de Schleswig. De todos modos, el Gobierno de Merkel ha dejado claro que considera que la cuestión corresponde estrictamente al ámbito jurídico y ha insistido en que el conflicto catalán es un asunto interno de España que debe resolverse de acuerdo a su Constitución y sus leyes.