Los deberes que la crisis por la mudanza de Ferrovial deja para España y Europa

Ferrovial ya prepara las maletas. Seis semanas después de anunciar sus intenciones, la junta de accionistas ha dado este jueves luz verde al plan ideado por la dirección del grupo constructor para trasladar su sede a Países Bajos como paso previo a solicitar su admisión a cotización en la bolsa estadounidense.

Lo que a primera vista podría leerse como un simple movimiento empresarial marcado por la lógica del mercado ha acabado convirtiéndose a lo largo de este periodo en un foco de debate que lo elevado casi a cuestión de Estado. Una situación en la que, con indiferencia de la valoración que se haga de la decisión adoptada por la empresa presidida por Rafael del Pino, quedan en evidencia una serie de fallas a distintos niveles que requerirían una respuesta satisfactoria para que el camino tomado por Ferrovial no se convierta en una ruta útil para otras empresas españolas.

Desde un primer momento, Ferrovial ha explicado su mudanza hacia Países Bajos a partir de tres razones esenciales: el acceso a mejores condiciones de financiación, la posibilidad de cotizar en Estados Unidos y la elevada seguridad jurídica que ofrece el estado noreuropeo.

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Se trata de factores que interpelan, en primer lugar, al Gobierno español, como, por otra parte, ha quedado de relieve en la reacción airada de muchos de sus miembros desde que se hicieron públicos los planes del Gobierno de Ferrovial.

En el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez han insistido especialmente, en las últimas semanas, en desmontar la supuesta necesidad de trasladarse a Países Bajos (paso inexcusable para solicitar la negociación en la Bolsa de Ámsterdam), como movimiento indispensable para dar el salto a la bolsa estadounidense.

Desde el Ministerio de Economía, con Nadia Calviño a la cabeza, se ha repetido en sucesivas ocasiones que los análisis ad hoc elaborados por la CNMV y BME demuestran que no existen impedimentos para solicitar la cotización en Estados Unidos directamente desde España.

CNMV y BME se han visto sorprendidas por una situación que ya es usual en Europa

Sin embargo, lo que también ha quedado claro en este proceso es que esta es una opción que ha tomado por sorpresa a las autoridades gestoras y supervisoras del mercado español. En última instancia, se admite que, para hacer posible esa cotización dual con Estados Unidos, sería necesaria una larga serie de gestiones cuyo plazo es imposible anticipar, especialmente porque no dependen exclusivamente de los organismos nacionales sino de sus contrapartes estadounidenses. Por contra, el canal de acceso a Wall Street desde Países Bajos es un camino ampliamente probado por diversas empresas.

Desde estos organismos se traslada la idea de que este es un camino que solo se plantea ante la petición expresa de alguna cotizada, algo que en España no había ocurrido aún dado que hasta el momento las cotizadas nacionales que habían buscado acceso al mercado estadounidense se habían conformado con una opción indirecta como son los ADR.

Pero la pretensión de Ferrovial no resulta, ni mucho menos, una extravagancia, pues es una vía por la que ya han optado otras muchas empresas europeas. De hecho, en el mercado, un extremo que cuenta con un respaldo casi unánime es el que se refiere a la conveniencia de que el grupo español de concesiones busque cotizar en Wall Street, dada la relevancia que ha adquirido el mercado norteamericano para su negocio y el potencial que ofrece Wall Street para acceder a un rango mucho más amplio de inversores que contribuyan a financiar sus proyectos.

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Se trata, por tanto, de un problema que interpela a los principales actores de los mercados financieros españoles, aquejados desde hace años de una pérdida de competitividad internacional, de la que el caso de Ferrovial es solo un ejemplo entre varios (los casos de Allfunds o Wallbox también pueden citarse en este sentido).

Por su arraigo en España, Ferrovial ha optado por mantener, cuando se complete el proceso, su cotización en la bolsa nacional (a través de FISE), además de en Países Bajos y Estados Unidos. Pero su resolución, o la de cualquier otra empresa que se plantee en el futuro un paso semejante, podría haber resultado más radical, abandonando un mercado bursátil español que no está precisamente sobrado de compañías de un tamaño y perfil internacional como la del grupo de los Del Pino.

Ante la eventualidad, nada desdeñable, de que otra cotizada nacional pueda interesarse por cotizar en Estados Unidos, podría resultar conveniente tener más claro y avanzado el proceso para evitar una fuga de empresas que agudice el proceso de repliegue de la bolsa española a la segunda o tercera fila internacional.

Con todo, más relevante que el deterioro de la bolsa española resulta la imagen del propio país como un escenario poco atractivo para la localización de empresas, tal y como puede desprenderse del movimiento de Ferrovial.

La falta de disciplina fiscal del país conlleva un coste para las empresas nacionales

La propia mención de la compañía al rating de máxima calidad de Países Bajos (al menos cinco escalones por encima del español) apunta al perjuicio competitivo al que se enfrentan las empresas radicadas en España frente a las de otros países con una situación fiscal mucho más equilibrada.

Aunque desde el propio Gobierno se ha tratado de desdeñar este argumento, señalando que carece de importancia para una empresa de concesiones como Ferrovial, lo cierto es que son múltiples los ejemplos en que compañías españolas asumen unos costes de financiación sensiblemente superiores a los de sus competidores de otros países europeos (como Países Bajos) a pesar de contar con calificaciones crediticias similares. Se trata de una clara evidencia de que la laxitud fiscal de un gobierno tiene efectos negativos sobre su propia economía que van más allá de la factura directamente atribuible a su deuda.

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Pero en este caso se entremezclan, además, consideraciones sobre la seguridad jurídica que no hacen si no agravar la situación. Es cierto que, tras su primer comunicado, Ferrovial ha tratado de matizar su mensaje en este sentido, señalando que al resaltar esta característica de Países Bajos no pretendía trasladar la idea de que en España no exista seguridad jurídica.

Sin embargo, la propia reacción del Gobierno refleja unas inclinaciones que tienen difícil encaje, con lo que un inversor puede entender como un marco confiable. No puede obviarse que desde el propio anuncio de Ferrovial, desde el Ejecutivo se ha señalado a las supuestas ayudas que ha recibido la compañía en los últimos tiempos (entendiendo por estas las subvenciones recibidas durante la pandemia para ERTE o, incluso, la concesión de obras públicas), con algunos miembros incluso planteando su devolución, se ha deslizado la posibilidad de bloquear la operación haciendo uso del denominado escudo antiopas y hasta se ha amenazado con infligir un castigo fiscal a la compañía por marcharse, según el propio juicio del Gobierno, sin verdaderos motivos económicos.

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Se trata de reacciones que, sin duda, parecen casar con las posturas de un Gobierno que no ha dudado en lanzar ataques severos contra determinadas empresas y empresarios (ataques que no solo se han producido desde los ministerios asociados a Podemos, sino también protagonizados por el propio presidente, Pedro Sánchez) y se ha puesto bajo sospecha la misma obtención de beneficios (el último ejemplo es el observatorio de vigilancia de los márgenes empresariales), modificando cuantas veces haga falta las leyes y aplicando figuras discutibles, cuando menos, jurídicamente. Pero se trata, en todo caso, de actitudes que casan mal con los propios principios de una Unión Europea que tiene en la libertad de mercado unos de sus principios más esenciales.

Desde el Gobierno incluso se ha dejado entrever, sin demasiado disimulo, la posibilidad de que, en lo que no deja de ser un cambio de domicilio dentro del territorio de la unión, Ferrovial estuviera buscando una ventaja fiscal (de tratar de “evadir el pago de impuestos” la ha acusado este mismo jueves la ministra Ione Belarra), dando muestras de una preocupante falta de seriedad que daña la imagen de España.

Las tareas de Europa

No es, en cualquier caso, España la única que queda señalada en este debate. Cuando se denuncian esas motivaciones fiscales para explicar el movimiento de Ferrovial —sean ciertas o no— se está poniendo sobre el tapete un asunto que afecta a la propia concepción del espacio económico europeo, en el que existen países con unos regímenes fiscales especialmente favorables para las empresas, atrayendo de este modo a un buen número de corporaciones que, con métodos más o menos legales, los emplean como plataforma desde la que rebajar su factura impositiva.

Hasta la fecha, Bruselas, poco resolutiva a la hora de enfrentar cuestiones tan divisivas, ha optado por el laissez faire y favorecer la competencia fiscal entre sus países. Pero la consideración de que esta política puede estar resultando en una pérdida millonaria de recursos no solo para algunos países en concreto, sino para el conjunto de la Unión, haría pertinente un replanteamiento serio de la cuestión.

Y tampoco puede escurrir el bulto Europa en lo que se refiere al afán de las empresas europeas por cotizar en Wall Street (poco antes que Ferrovial también han optado por esa vía Linde o Arm), que evidencia los déficits de la región como un mercado de capitales de primer nivel. Con el bloqueo a los avances en la configuración de un mercado único y los tics nacionalistas forzando a esquemas excesivamente compartimentados, las empresas europeas observan con dolorosa asiduidad cómo a igualdad de métricas sus competidores estadounidenses (o presentes en el mercado estadounidense) tienden a obtener financiación a tasas más competitivas y valoraciones más altas por parte de los inversores. Una realidad que poco a poco va drenando la capacidad competitiva de la economía europea.