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La inflación desbocada deja en evidencia a un Gobierno impotente para contener los precios
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Medidas poco efectivas

La inflación desbocada deja en evidencia a un Gobierno impotente para contener los precios

El retorno a máximos de la inflación tres meses después de las primeras medidas del Ejecutivo para frenarla evidencia el nulo éxito de la estrategia gubernamental

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La tasa de inflación de España ha saltado otra de esas barreras que dejan una huella indeleble en la mente de los consumidores. Los precios se han situado en junio más de un 10% por encima de sus niveles de hace un año, alcanzando cotas no vistas en los últimos 37 años.

Aunque las secuelas de la guerra de Ucrania han hecho habituales en esta primera mitad de 2022 unas cifras de inflación extraordinariamente elevadas, el dato de junio supone un jarro de agua fría para la estrategia del Gobierno para contener los precios. El paquete de medidas anunciado el pasado marzo, entre las que destacaba una subvención de 20 céntimos por litro a los carburantes (amén de la prolongación de una serie de rebajas impositivas a la electricidad), fue concebido como la palanca que debía marcar un antes y un después en la evolución de la inflación en España, dejando el dato de marzo, del 9,8%, como un pico que no sería superado.

El IPC adelantado de junio se dispara al 10,2%

Pero, tres meses después, esos niveles han sido claramente superados mediante una aceleración de los precios que ha tomado por sorpresa al conjunto de los expertos —de las 15 firmas de análisis encuestadas por Bloomberg, ninguna contemplaba una subida por encima del 10%— y que parece contar cada vez con más impulsores, como se desprende de la subida secuencial de la inflación subyacente, que ya alcanza el 5,5%. “Se confirma que la inflación está fuera de control. Ya se ha generalizado y no sabemos hasta dónde puede llegar”, apunta al respecto José Emilio Bosca, catedrático de Análisis Económico en la Universidad de Valencia e investigador de Fedea.

La escalada de la inflación subyacente evidencia la generalización del problema

Ni la citada subvención a los carburantes ni la reciente introducción de la denominada “excepción ibérica” (un mecanismo llamado a reducir el precio de la factura eléctrica mediante el establecimiento de un tope a los precios del gas) han sido suficientemente efectivos a la hora de embridar la subida de los precios. Un fiasco que hay que atribuir, indudablemente, a la crisis geopolítica con Rusia, que ha intensificado en las últimas semanas las tensiones en los mercados de la energía. “En particular, el alivio proporcionado por el tope del precio del gas, introducido a mediados de junio a 40 euros por megavatio, hasta ahora no ha estado a la altura de las expectativas”, señalan los expertos de Bloomberg Economics, apuntando a los cortes en el suministro de gas desde Rusia y los efectos de la reciente ola de calor como las principales causas.

Estos datos, sin embargo, parecen también reflejo de una serie de insuficiencias (como el Gobierno, de hecho, ha parecido reconocer con el reciente anuncio de un paquete adicional de medidas contra la inflación) e ineficiencias en el diseño del plan anticrisis. El hecho de que el estado alemán de Renania del Norte-Westfalia (entre otros) haya logrado reducir sus tasas de inflación en el mes de junio, gracias a una serie de medidas gubernamentales —entre las que destaca una rebaja sustancial del coste del transporte público—, ofrece una clara muestra de que hay fórmulas más efectivas que otras.

Foto: Pedro Sánchez. (EFE/Stephanie Lecocq) Opinión

En el caso del plan español, todo parece indicar que el tope al gas, incluso en un escenario más normalizado, quedará lejos de ofrecer los resultados inicialmente augurados por el Ejecutivo. Y tampoco el descuento a los carburantes ha satisfecho las expectativas —los precios, una vez aplicada la subvención, ya están por encima de los niveles que marcaban antes de esta—, mientras crecen las sospechas de que las empresas distribuidoras podrían estar capturando parte de esta rebaja sufragada por el dinero público.

En este sentido, cabe cuestionarse la insistencia del Gobierno en alguna de estas medidas, que han sido prorrogadas hasta finales de año, a pesar de su dudoso efecto y el recurso a otras (como el planteamiento de nuevos impuestos a las eléctricas) que, en vez de solucionar, podrían agravar el problema. Especialmente controvertida es la referente al descuento a la gasolina y el diésel, que, en primera instancia, pudo entenderse como una solución de corto plazo a una situación de emergencia. Pese a su carácter regresivo, algunos expertos consideraron entonces justificada la generalización de este descuento por la dificultad para armar, a corto plazo, un plan más selectivo con el que ayudar a los más desfavorecidos.

Pero la falta de resultados, unida a la convicción de que los precios seguirán elevados por un tiempo prolongado, siembran dudas sobre la lógica de una medida que significa sufragar de forma generalizada —con cargo a unas arcas públicas en una situación nada boyante— el consumo energético, en un contexto en el que parece más necesaria una racionalización del mismo. No puede obviarse que esta fue, 'grosso modo', la solución aplicada por el régimen franquista ante la crisis del petróleo de los años 70, con resultados nefastos para la economía nacional.

La subvención general al combustible supone un incentivo contraproducente al consumo

En cambio, con la convicción de que los efectos de segunda ronda (la extensión de las presiones inflacionarias a otros sectores) son ya una realidad y con un calendario que juega a favor de que la situación se agudice en los próximos meses (por efectos de base y por el aumento de los precios en la hostelería), los expertos echan en falta un liderazgo del Gobierno en busca de un pacto de rentas que, “si ya antes era necesario, ahora parece indispensable”, según sugiere Bosca. En el Ejecutivo, sin embargo, ha primado hasta el momento el rechazo a cualquier sugerencia en esta línea.

La realidad es que la cronificación de la inflación aboca a una situación de tensión económica a muchas familias y empresas, que parecen requerir medidas más efectivas y que ofrezcan mayor visibilidad que las planteadas hasta la fecha, así como un reparto más equitativo de las cargas (¿qué pasará con la revalorización de las pensiones o los salarios públicos?). Un pacto de rentas que ponga coto a la conflictividad social y limite el riesgo de un aumento desaforado de salarios y costes se muestra como una vía difícilmente eludible si se quiere evitar caer en una espiral muy peligrosa.

En el horizonte, se mantiene la amenaza de un otoño marcado por el traslado de las presiones inflacionarias a la actividad y el empleo, al tiempo que el BCE endurece su política monetaria, en lo que podría conformar un cóctel muy dañino para la economía española. Las primeras intentonas de alejar este escenario han resultado fallidas y en el recetario de respuestas del Ejecutivo siguen sin percibirse estrategias más esperanzadoras.

La tasa de inflación de España ha saltado otra de esas barreras que dejan una huella indeleble en la mente de los consumidores. Los precios se han situado en junio más de un 10% por encima de sus niveles de hace un año, alcanzando cotas no vistas en los últimos 37 años.

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