"Muchas sicavs desaparecerán de aquí a 2023. Mandamos un mal mensaje hacia fuera"
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ENTREVISTA A ÁNGEL MARTINEZ-ALDAMA (INVERCO)

"Muchas sicavs desaparecerán de aquí a 2023. Mandamos un mal mensaje hacia fuera"

El presidente de la patronal de las gestoras españolas lamenta que se esté penalizando el ahorro y avisa del problema estructural de las pensiones públicas

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El presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama.

La industria de activos bajo gestión cada vez está más molesta con el Gobierno. El sentimiento generalizado es que se está penalizando el ahorro por el aumento del tipo impositivo al tramo más alto de las rentas del capital, el cambio en las deducciones de los planes de pensiones, la mal llamada tasa Tobin (Impuesto sobre las Transacciones Financieras) y, previsiblemente, el hachazo definitivo a las sociedades de inversión de capital variable (sicavs).

En este contexto, la patronal de gestoras españolas, Inverco, ha criticado todos estos cambios. Pero lo ha hecho sin éxito. La última modificación que amenaza a la industria es la propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista en la enmienda 189 a la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que está pendiente de tramitarse en el Congreso.

Las sicavs llevan una década amenazadas, hasta el punto de que PSOE, PP, Unidas Podemos y Ciudadanos han incluido en algún momento propuestas de modificación del régimen en sus programas electorales. Las sicavs son instituciones de inversión colectiva (IIC) que, como los fondos, pagan un 1% del beneficio anual, pero para los accionistas es un diferimiento, ya que tributarán cuando declaren ganancias patrimoniales por vender las acciones. La crítica habitual ha sido la práctica de los ‘mariachis’, que consiste en que un gran accionista cuenta con una sicav en una entidad que proporciona otro centenar de pequeños accionistas para cumplir la exigencia de tener al menos 100 inversores, pero el 99% del patrimonio está en uno de ellos. La propuesta socialista es que se contabilicen solo los accionistas con al menos 2.500 euros invertidos.

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Pregunta. Empecemos con las sicavs, que tanto preocupan ahora a la industria, ¿cuál es el trabajo actual de Inverco al respecto?

Respuesta. Durante muchos años, especialmente en los últimos cuatro, nuestro trabajo ha sido poner en valor el papel que tiene para el ahorro este instrumento, que está regulado a nivel comunitario igual que los fondos, según la directiva de UCITS. Sobre todo, nosotros destacamos que nuestra regulación es más exigente, ya que pone más requisitos que en la directiva europea y en el resto de los países (salvo Portugal) en cuanto al número mínimo de inversores. El concepto de inversión colectiva en la directiva no se establece en función de un número de inversores mínimo; así lo interpretó ya la ESMA en el dictamen sobre la directiva de gestores de inversión alternativa, diciendo incluso que basta con un solo inversor. En cambio, según la ESMA, el concepto de inversión colectiva viene marcada por la capacidad que tengan los inversores de acceder a ese vehículo, es decir, poder entrar cuando quieran. En las sicavs españolas, ese canal de acceso está en BME Growth (antes MAB), que permite a cualquiera comprar las acciones que queramos de cualquier sicav, acciones que de media cuestan en torno a 20 euros. Son instrumentos abiertos, otra cosa es que no se comercialicen activamente. Pero esto también pasa en los fondos, donde hay algunos que se comercializan activamente y otros menos.

P. Pero va a haber cambios...

R. En vez de quitar requisitos financieros a las sicavs españolas respecto a otras sicavs de la Unión Europea (que se comercializan libremente en España a través del pasaporte comunitario) lo que estamos haciendo es poner más exigencias, haciendo que sea más difícil promover su desarrollo en nuestro país. Especialmente en los últimos años, nuestro papel ha sido poner de manifiesto esas diferencias. A nosotros nos da igual que se establezca un mínimo de accionistas en estos vehículos, lo que queremos es que esa exigencia se predique a nivel europeo para todas las sicavs de forma armonizada. Las iniciativas de los partidos políticos de los últimos años han ido en la línea de pedir más requisitos y al final ha sido el Grupo Socialista el que ha presentado una enmienda en la que se establecen más sobre los que ya había. Creemos que eso no es acertado pero el Parlamento es soberano. Lamentablemente, si esa enmienda se aprueba tal y como está, es muy probable que muchas de las sicavs que existen hoy desaparezcan de aquí a 2023.

"Europa no entiende el concepto de inversión colectiva en función de un número de inversores mínimo"

P. La enmienda socialista incluye el diferimiento fiscal si se disuelve la sicav y se reinvierte en otra IIC, ¿consideran aun así que pueda haber una salida masiva de inversiones a otros domicilios como Luxemburgo?

R. No lo sabemos. Si la enmienda se aprueba tal y como está …y entendiendo que no habrá retroactividad fiscal (dando la opción a a los ahorradores que invirtieron bajo unas condiciones a poder salir y llevarse su historia fiscal a otras IIC)– será el mercado el que decida. La sicavs tendrán que valorar si, con estos nuevos requisitos, sus sociedades pueden seguir funcionando y si quieren dar la opción a sus accionistas de tomar la medida que propone la enmienda. Los accionistas que decidan disolver y llevarse el dinero a otras IIC, luego podrán decidir si se mantienen en un fondo español o no. Siempre tendrán la opción de un traspaso. Como siempre decimos, en este mercado de inversión colectiva hay mucha competencia porque el ahorrador tiene la capacidad de irse a otro fondo o a otra gestora sin tributar en ese momento. Esa opción la va a tener siempre.

P. ¿Habéis pedido un periodo de permanencia en IIC españolas para las sicavs que decidan disolverse y reinvertir el dinero? O, en todo caso, ¿creéis que es posible y positivo que se establezca?

R. No lo hemos pedido y no me voy a pronunciar al respecto. Si la enmienda prospera, esta da al accionista la vía a un vehículo español y, a partir de ahí, este decide a dónde quiere ir. No se cierra ninguna puerta a nadie.

P. ¿No teméis que si la norma prioriza a las IIC españolas frente al resto se contravenga el principio de libertad de flujos de capitales en Europa?

R. No soy experto en derecho internacional y supongo que depende de la percepción de cada uno… Lo que yo creo es que el cliente siempre tiene la opción de ir donde quiera. Otra cosa es que obligaran al accionista a quedarse en un fondo español de por vida. Pero yo creo que el escenario es distinto.

Foto: María Jesús Montero, ministra de Hacienda. (EFE)

P. Las sicavs tienen 28.000 millones de euros bajo gestión. ¿Qué impacto en la industria tendrán los cambios propuestos?

R. En un escenario en el que las sicavs españolas no pudieran adaptarse a las nuevas exigencias, hay muchos impactos, y ninguno positivo. Primero, en términos de puestos de trabajo cualificados si ese dinero terminase en IIC domiciliadas en otros países. Luego (y este es uno de los temas que más me preocupa), perderíamos ese mayor foco que siempre tiene un gestor en su propio país; un sesgo natural que tienen los gestores porque conocen mejor a las empresas de su propia nación. Quedaría en riesgo ese 20% o 30% del patrimonio que actualmente las sicavs invierten en valores españoles; valores que, de hecho, no son precisamente los del Ibex 35, sino que también del Mercado Continuo, MAB o MARF. Por otro lado, también perderíamos capacidad de que la industria de gestión española tenga más masa crítica y más volumen. Eso derivaría en que determinados grupos que hoy tienen un modelo de negocio enfocado en las sicavs queden en entredicho; afectando especialmente a filiales de grupos extranjeros pero también a gestoras domésticas que están muy especializadas en estos segmentos. En resumen, como país perdemos en capacidad de soberanía. Todo esto es una pena. Aunque a la gente en general, en su vida cotidiana, no le afecte, es una erosión y es una señal que mandamos hacia fuera, sobre todo en un contexto en el que cada vez más capitales y gestoras se están moviendo como consecuencia de la globalización y, además, por el Brexit. Aquellas jurisdicciones donde falte la certidumbre y la amabilidad a la hora de instalarse no estarán mandando un buen mensaje.

P. ¿Habéis recibido comprensión desde algunos miembros del Congreso al respecto de los cambios en las sicavs?

R. Siempre hemos encontrado receptividad a los argumentos, con todos los gobiernos. Obviamente, con unos grupos parlamentarios coincidimos más que con otros en el desarrollo de determinados segmentos de la industria financiera. Pero, en el caso de las sicavs, creemos que la decisión no está solo anunciada por los representantes del Gobierno sino que está ya analizada desde una iniciativa y parece complicado que se vaya a revertir.

P. En los planes de pensiones estrenamos nuevo régimen en 2021. ¿Esperáis un impacto en el ahorro tras los cambios?

R. El ‘timing’ no ha sido adecuado. Las medidas recientes plantean dudas e incertidumbres, cuando lo más importante es que se desarrollen los planes de pensiones, que es un instrumento positivo que permite una renta diferida, además de dar a los estados una fuente de ahorro doméstica mayor para aumentar la soberanía financiera del país. Es erróneo pensar que ese ahorro no se paga, porque lo que hoy se deduce el partícipe en planes de pensiones mañana lo paga en base imponible y, por tanto, no es dinero gratis.

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P. Siempre recuerdan, además, el desafío de las pensiones públicas...

R. Tenemos una necesidad de ahorro a largo plazo apremiante. Los sistemas de reparto están evolucionando como consecuencia de la longevidad, metiendo presión en términos presupuestarios al sistema. La longevidad (y en nuestro caso también el ‘baby boom’) implica que en el futuro habrá más pensionistas, ya que de los 9,5 millones de pensiones pasaremos a los 15 millones en 15 años (según datos de la propia Seguridad Social). También conlleva más tiempo cobrando las pensiones, ya que cada diez años se alarga la esperanza de vida un año y medio. Además, teniendo en cuenta las bases de cotización de las personas que han trabajado hasta jubilarse ahora, estamos viendo como las altas de jubilación son, de media, un 30% superiores a la media del ‘stock’ de los pensionistas que fallecen. Si mezclas y agitas estos tres ingredientes (más pensionistas, más tiempo cobrando la pensión y más importe), el cóctel entra en ebullición. Es positivo que vayamos a vivir más tiempo y mejor, pero hay que ver cómo financiarlo y hasta qué punto la economía se puede permitir financiar determinadas prestaciones. Hasta ahora, todas las reformas –la del año 1985 del PSOE, la del 2004 del PP, la del año 2010 del PSOE y la del año 2013 del PP, congelada pero no revertida– han ido orientadas a elevar los requisitos para poder cobrar la misma pensión. Tenemos varias opciones: o subimos los impuestos y las bases de cotización o seguimos aumentando las carreras de cotización, o entramos en una mezcla de ambos factores.

P. ¿Qué proponen?

R. Lo que han hecho dos de cada tres países de la OCDE ha sido establecer un sistema de capitalización que ayude a que cuando nos jubilemos este apoye a la pensión pública (no que la sustituya) en un entorno en el que cada vez va a ser más complicado acceder al 100% de las pensiones que hemos estado percibiendo hasta ahora. Todo lo que sea estimular el ahorro para que el día de mañana tengamos una fuente adicional de renta es fundamental. Parece que el Gobierno también está en esa línea al buscar fortalecer los sistemas de ahorro de empleo pero lo ha hecho en detrimento del ahorro individual. Sin embargo, nosotros creemos que esa no es una medida adecuada porque todo suma y no hay que desincentivar el ahorro individual para incentivar el de empleo. Se está desvistiendo un santo para vestir a otro. De hecho, todavía estamos pendientes del proyecto ley que se aprobará este año para que esa reducción del 75% en el límite del sistema individual se pueda compensar en el sistema de empleo. Hay que tener en cuenta que solo en torno a un millón de personas tienen hoy la suerte de que sus empresas les ofrezcan un plan de pensiones en el que les estén haciendo aportaciones. Nosotros proponemos un juego de modulación que al final no se ha dialogado ni analizado, lo cual creemos que no ha sido oportuno. Pero la decisión está tomada así que ahora solo cabe esperar a que ese proyecto ley se presente lo antes posible, que sea abierto a todas las entidades que quieran promover esta oferta y que se resuelvan los problemas sobre los nuevos límites en las aportaciones del trabajador y la empresa.

P. ¿Qué esperan de la intención de promover los planes de empleo?

R. Seremos optimistas o pesimistas en función de como sea el proyecto ley que se apruebe finalmente en el Parlamento. El escenario más optimista a efectos de mayor volumen de patrimonio para los trabajadores es un sistema de aportaciones obligatorias en el que el trabajador pueda descolgarse. Es verdad que eso supone un coste para las empresas, cosa que habría que modular y, en su caso, compensar. Otro escenario es el de un sistema de aportaciones voluntarias para la empresa, pero con incentivos fiscales adicionales para las empresas que así lo hagan; un escenario que percibiríamos como moderadamente optimista. La otra opción sería que las aportaciones sean voluntarias, fruto de la negociación colectiva, pero sin beneficios fiscales adicionales para las empresas. Este sería el escenario menos optimista porque implicaría que nos quedemos como estamos. Además, hay que tener en cuenta dos cuestiones. La primera es que a las empresas se les han quitado en los últimos veinte años dos beneficios fiscales importantes: la cuota del impuesto de sociedades y la exoneración en la base de cotización de la Seguridad Social del importe a los planes de empresa. Aquí estaríamos hablando de recuperar esos beneficios y de entrar a un sistema en el que, para que el trabajador valore el esfuerzo que hace la empresa, haya un ‘matching’; es decir, que tanto la empresa como el trabajador hagan su aportación. Todos los sistemas de nueva generación (los modelos de Nueva Zelanda o Reino Unido, por ejemplo) funcionan con este ‘matching’. A todo esto hay que sumarle que la propia Hacienda ha reconocido que los menores límites de aportación en planes de pensiones le van a generar un exceso de caja de 580 millones al año. La idea era trasladar los beneficios fiscales desde el tercer pilar al segundo, incentivando a las empresas a que tengan esos planes de empresa.

P. ¿Creeis que en España se está penalizando el ahorro?

R. Desde luego, el aumento a los tipos de gravamen del ahorro no es una manera de estimular el ahorro. Lo que se debería hacer es mantener estos tipos o incluso reducirlos. Aunque parezca que esta medida afecte a menos personas y a menos plusvalías, creo que puede llegar a impactar a todas las capas de la población. A unas con más recurrencia que otras, cierto; pero es que si un partícipe hace una desinversión en una vivienda que le genere, por ejemplo, 60.000 euros, da igual que por otro lado tenga una renta de 30.000… En este contexto, Hacienda ha anunciado un Comité de Expertos para analizar una posible reforma fiscal. Por eso, da la impresión de que lo que se ha hecho en 2020 son retoques pero que la intención del Gobierno es abordar una reforma fiscal en profundidad.

"No hay que desincentivar el ahorro individual para incentivar el de empleo"

P. ¿Teméis que los fondos de inversión dejen de ser intocables en cuanto a su traspasabilidad?

R. Hasta donde nosotros sabemos, esto nunca ha estado encima de la mesa. La traspasabilidad no implica que el inversor pague menos, sino que sea libre de moverse más. Los inversores reembolsan en los fondos en función de sus necesidades de ahorro. La traspasibilidad lo único que hace es incentivar la competencia entre gestoras. Creemos que el Gobierno también lo ve así. Es una cuestión que obliga a las gestoras a ser más eficientes en términos de atención de clientes y de diseño de productos. Es una medida buena desde el punto de vista macroeconómico y que no tiene incidencia fiscal. Al quitarla, lo único que se conseguiría sería que la gente se moviera menos y que las entidades estuvieran menos espoleadas en términos de competencia. No creo que ese tema esté en el debate porque además sería un error.

P. También ha entrado en vigor en 2021 el impuesto sobre transacciones financieras, que solemos llamar tasa Tobin, ¿qué impacto está teniendo?

R. No me gusta llamarlo tasa Tobin. Primero porque no es una tasa: las tasas están para pagar un servicio, esto es un impuesto puro y duro. Además, esto no lo va a pagar el señor Tobin sino los inversores (españoles o no) que compren acciones españolas a partir de determinada capitalización. Hemos calculado que en 25 años esto supondría una merma en fondos de renta variable española del 7,4%. El reglamento todavía está sin aprobar, y los efectos no se pueden ver a tan corto plazo. El Gobierno estimaba una recaudación de 870 millones de euros pero, como hemos podido ver en otros países, seguramente este dato se quede muy por debajo. Al igual que en el caso de las sicavs, lo que nosotros defendemos es que las decisiones se tomen de manera homogénea y coordinada en toda Europa o mediante un mecanismo de cooperación reforzada entre los grandes países. Preferimos esto a que se tome la iniciativa de manera individual, por más que Francia o Italia también lo hayan hecho. Si estamos en un mercado único y los capitales fluyen de un mercado a otro, tenemos que estar coordinados, también para que el efecto de incertidumbre sea menor. Es otro granito de arena para no solo castigar el ahorro, sino también hacerlo quitándole atractivo a las empresas españolas.

P. En cuanto a los inversores, en 2020 solo hubo reembolsos importantes en marzo, pero con saldo positivo en el año, muy diferente a 2009. ¿Qué ha cambiado?

R. Las causas son varias. La estabilización de los mercados fue récord y la acción coordinada de las autoridades monetarias a nivel mundial fue muy importante para esa estabilización. También fue muy relevante el apoyo de autoridades políticas y de los reguladores como ESMA e IOSCO. Por otro lado, la actitud de los partícipes ha sido ejemplar. La estructura inversora hoy es mucho más diferente de la de 2008, cuando dependíamos principalmente de fondos monetarios, renta fija y garantizados en cerca de un 80% del patrimonio (hoy en día, solo el segmento de fondos mixtos supera un 30-35%). Esto implica que los inversores están hoy más acostumbrados a ver variaciones en los valores liquidativos. También creemos que han contribuido la formación de las redes de distribuidores, las exigencias en la comercialización de productos, los tests de idoneidad y de conveniencia… También puede ser que haya influido que viniéramos de un 2019 que fue muy bueno en términos de rentabilidades; quizás si los inversores viniesen de un año de pérdidas y se encontrasen entonces con más caídas abruptas, el comportamiento habría sido distinto. Todo esto suma. Afortunadamente hemos aprendido de la crisis anterior y se han tomado muchas medidas.

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P. Cada vez hay más gestión a través de mandatos, en Luxemburgo, gestión discrecional… y eso hace que sea difícil para el cliente comparar y tener acceso a mayor transparencia sobre el patrimonio de las gestoras, ¿hay iniciativas al respecto?

R. Estas nuevas formas de acceder a los productos de inversión pueden ser una de las razones por las que, en 2020, los clientes no salieron de los vehículos de inversión como en el año 2008; porque en el asesoramiento y la gestión discrecional existe una cercanía con el gestor de carteras, donde este mantiene al cliente al corriente de la evolución de la cartera. ¿Esto reduce la transparencia? Yo creo que no. Yo creo que el nivel de reporte sigue existiendo por igual y, además, se adecua a las inversiones del cliente, por lo que en ese sentido considero que, de hecho, aumenta esa transparencia. Lo que sí es cierto es que a efectos de seguir comparadores de productos ahora lo que el mercado va a tener que hacer es fijarse en varios 'rankings' en vez de uno. Poner en común toda esta información no es fácil. Nosotros ya hemos tomado algunas iniciativas y en los próximos trimestres iremos mejorando más ese nivel de información en la gestión discrecional de carteras. De todas formas, al depender de las distribuidoras y no de las gestoras, para nosotros esto también requiere engrasar canales de información.

P. ¿Qué preocupa sobre los cambios regulatorios en materia de ISR (también conocida como ASG o ESG)?

R. Si antes decíamos que los ‘timings’ del regulador español con los sistemas de empleo no habían sido los adecuados, aquí a nivel europeo esto también se ha gestionado mal. Por un lado, se han aprobado las normas de nivel uno, que es el equivalente a nuestra ley y que entran en vigor el 10 de marzo. Estas son las normas que tratan la divulgación de la integración de los factores ASG por parte de las gestoras y otros intermediarios. Sin embargo, por otro lado, las normas de nivel dos, que son las normas de desarrollo, no están todavía aprobadas y ni siquiera hay un borrador sólido, ya que este ha sido muy cuestionado tanto por la industria como por los propios consumidores. Dicho borrador está ahora en proceso de ser revisado; sin embargo, el 10 de marzo a las gestoras se les aplica la ley sin saber cuál es el reglamento. Compartimos las ambiciones de tener una economía más sostenible pero queremos hacer las cosas bien y con calendarios racionales. En estos temas que tienen tanta transcendencia, si no se pueden cumplir las fechas, deben ser retrasadas; lo que no podemos hacer es establecer unas normas y luego no dárselas de forma adecuada a las entidades para poder cumplirlas. Esto va a suponer que tengamos que trasladar a los inversores una información en función del ‘mejor saber’ de cada uno para que luego, cuando se aprueben las normas, a lo mejor cambien. Es decir, donde antes uno era sostenible luego puede no serlo, todo pese a los esfuerzos relevantes de tiempo y de coste que están teniendo que asumir las gestoras.

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P. ¿Qué otros cambios legislativos importantes hay en el horizonte en el sector de la inversión?

R. Primero tenemos la revisión del MiFID. Por otro lado, está la aplicación del DFI de los PRIIPS a los UCITS, donde los RTS (normas técnicas regulatorias) se acaban de publicar con un retraso considerable. Teniendo en cuenta que los RTS solo están en borrador y todavía no están aprobados, lo que pedimos es respetar ese año que se daba de opción y esperar al 2022 para que se apliquen. También queremos que se informe adecuadamente y se hagan antes los cambios bien, ya que el DFI de los UCITS ha sido un éxito y no queremos meternos ahora en un DFI en el que los propios reguladores europeos han encontrado algunas inconsistencias en cuanto a las proyecciones de rentabilidad y los costes de transacción y han abierto una nueva vía de cambios. Por otra parte, está la normativa de gestores de inversión alternativa, donde, después de diez años, ya toca revisión. Esa directiva ha cumplido sus objetivos y ha funcionado bien, por lo que los cambios deberán ser mínimos. Creemos que no lo deberíamos complicar más porque no se puede homogeneizar los productos y el nivel de transparencia para los gestores ya es más que suficiente. Como consecuencia de los requisitos, el 50% de nuestros fondos son alternativos, que son los ‘quasi UCITS’ o los fondos de rentabilidad objetiva. Lo que ha pasado aquí es que, por no cumplir requisitos de diversificación en seis emisiones de deuda pública, la mitad de nuestros UCITS han pasado a ser fondos alternativos, con unas exigencias menores. Lo que hay que plantearse es que estos se consideren UCITS cambiando simplemente requisitos como el de diversificación que es de 1985 y ya no pinta nada. También, a nivel de información hay mucha heterogeneidad: en España hay muchos requisitos por parte de la CNMV y en otros países es menor. Si hay que estandarizar algo, nosotros abogamos por estandarizarlo en base de los países que ya remitimos más datos a los supervisores, pero no poniendo aún más exigencias aquí con cuatro niveles distintos de información (para CNMV, ESMA, FSG, IOSCO…). Además de todo, no se me pueden olvidar las normas de comercialización del PEPP en fondos paneuropeos individuales, donde está por ver cómo se implementan los beneficios fiscales de los fondos españoles en los estados miembros.

P. Ahora que coincidimos con el nuevo mandato en la CNMV, ¿qué esperan del nuevo presidente?

R. Tanto el presidente anterior como el actual tienen un buen perfil, sobre todo porque son personas con experiencia en el mercado financiero reforzando ese carácter técnico que tiene la CNMV. Me parece que la elección de Rodrigo Buenaventura ha sido buena y estoy seguro de que su papel va a ser positivo para el desarrollo de la labor de la CNMV y del mercado. Ya vengan de dentro o de fuera, que los presidentes tengan experiencia en los mercados financieros es muy importante.

La industria de activos bajo gestión cada vez está más molesta con el Gobierno. El sentimiento generalizado es que se está penalizando el ahorro por el aumento del tipo impositivo al tramo más alto de las rentas del capital, el cambio en las deducciones de los planes de pensiones, la mal llamada tasa Tobin (Impuesto sobre las Transacciones Financieras) y, previsiblemente, el hachazo definitivo a las sociedades de inversión de capital variable (sicavs).

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