Qué hacemos con los planes de pensiones: ¿con o sin incentivo fiscal?

Los planes de pensiones se han quedado atrás respecto a los fondos de inversión. Solo los mantiene en pie la campaña de la banca a finales de cada año para colocar el producto a los clientes apoyándose en la deducción fiscal de la aportación —que luego se vuelve en contra al rescatar el dinero—. Un incentivo que, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), cuesta 1.643 millones al Estado y es regresivo. Es decir, favorece en mayor medida a las rentas altas. Supone un argumento para un recorte que siempre ha defendido Podemos, ahora en el Gobierno con el PSOE y, sobre todo, genera incertidumbre para la comercialización del producto, como admiten fuentes del sector financiero.

Este análisis de la AIReF ha despertado al 'lobby financiero' en torno a los planes de pensiones, que llevaba silenciado desde que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias alcanzaron un acuerdo para formar Gobierno. El grupo de bancos, gestoras de fondos y aseguradoras que fabrican y comercializan estos productos reclamaba tradicionalmente más incentivos, especialmente para los planes de empleo a través de las empresas, mirando al ejemplo de Reino Unido.

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El modelo británico se basa en una pensión pública limitada y otra a través de los planes de empresa, a los que empleadores y empleados hacen aportaciones. Por defecto, el trabajador está inscrito en este sistema de ahorro, al que va parte de su sueldo, aunque tiene la opción de salirse voluntariamente. Las patronales de gestoras y aseguradoras, Inverco y Unespa, y otros representantes del sector, hicieron campaña por esta opción en 2018 y 2019, pero la llegada del PSOE y Podemos cambió la estrategia. El propio Pedro Sánchez, cuando iba a competir con Susana Díaz, incluyó entre sus propuestas económicas un recorte al incentivo, que luego desapareció en sus programas posteriores, mientras que la formación morada incluye siempre en su ideario su desaparición.

Pero la AIReF ha puesto el foco otra vez en el incentivo fiscal, en este caso reflejando que se debería reformular, lo que ha despertado a este 'lobby'. Por resumir, las aportaciones a los planes de pensiones se deducen en la base imponible con un máximo de 8.000 euros anuales o el 30% de los rendimientos netos del trabajo. Esta es una ventaja que no tienen el resto de instrumentos de ahorro o inversión. También cuenta con el traspaso, como los fondos. Es decir, no hay que vender y declarar plusvalías para cambiar de plan de pensiones. Por el contrario, en la retirada todo el dinero, aportaciones y beneficio generado, tributa por IRPF, mientras que en el resto de fórmulas de inversión, solo tributan las plusvalías y como rendimientos del capital, con tramos que van del 19% al 23% y que son inferiores al IRPF para rentas medias y altas.

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Desde el sector siempre se ha defendido que el beneficio generado debería tributar como capital y no IRPF. Sea como fuere, Inverco y diferentes gestoras suelen publicar cálculos que apuntan a que el diferimiento fiscal merece la pena para el ahorrador si reinvierte el beneficio fiscal. Es decir, si aporta de forma periódica, algo que no hacen dos de cada tres ahorradores en planes de pensiones (hay cerca de 8 millones de partícipes, aunque un ahorrador es partícipe en cada plan de pensiones en el que está).

La AIReF recuerda que, según datos de Hacienda, el ahorro medio en planes de pensiones privados en personas de 64 años es de 11.000 euros, lo que apenas sirve para complementar la pensión pública. Y, en contra de lo que suele defender el sector, explica que "la evaluación demuestra el escaso atractivo del beneficio fiscal una vez que se tienen en cuenta los tipos marginales y las comisiones".

La AIReF explica en su informe que el incentivo fiscal "puede resultar negativo para un conjunto amplio de ahorradores una vez que se tiene en cuenta la fiscalidad de las prestaciones en el momento de la jubilación, las comisiones de los planes de pensiones y la tasa de preferencia intertemporal", y propone una "reformulación completa del beneficio fiscal de manera coherente con las recomendaciones que se acuerden en el Pacto de Toledo sobre ahorro complementario a largo plazo".

En muchos casos, los fondos de pensiones son más caros por comisiones y menos rentables que los fondos de inversión, a pesar de que en muchos casos son clones. La AIReF señala que el beneficio del diferimiento persigue fomentar el ahorro a largo plazo, y que hay incentivos similares en otros países. En España, el último decil de renta (el 10% de más renta) acumula el 66% del beneficio, con 1.084 millones, según la AIReF.

El diagnóstico coincide con análisis realizados previamente como los técnicos de Hacienda del sindicato Gestha o el Banco de España. Su director general de economía y estadística, Óscar Arce, ya mostró en una presentación en enero de 2019 que el 10% de la población con más renta es la que concentra el grueso del incentivo fiscal.
Inverco respondió rápidamente a este punto y, en cierta manera, contradijo a la autoridad fiscal que preside Cristina Herrero. "El tratamiento fiscal no puede calificarse de regresivo pues el que las mayores reducciones en el IRPF se asocien a las mayores rentas es consecuencia de la progresividad de la tarifa", aseguró la asociación. "El tratamiento fiscal es análogo al de las cotizaciones a la Seguridad Social, que nunca se han considerado regresivas", añadió.

La respuesta de Inverco también incorporó que, según las estadísticas de la Agencia Tributaria, uno de cada cuatro aportantes a planes de pensiones gana menos de 18.000 euros, y el 72% menos de 42.000 euros anuales. Solo el 9,2% ingresa más de 72.000 euros, según estos datos.

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¿Y si se quita el incentivo? La AIReF propone una revisión, no eliminar el beneficio fiscal al ahorro complementario para la jubilación. Un estudio publicado por el Banco de España, y elaborado por los economistas del supervisor Miguel Almunia y David López-Rodríguez, demuestra que las deducciones a los planes de pensiones privados tienen una elasticidad superior a 1. Esto quiere decir que un cambio en el incentivo genera a su vez una respuesta mayor en la decisión de los ahorradores. Es decir, reducir la deducción supondría una caída más importante en el ahorro complementario para la jubilación. Y al contrario, impulsarla aumentaría en mayor medida este ahorro.

Inverco tardó poco en responder a la AIReF. La patronal de gestoras de fondos, comandada principalmente por la banca, aunque con espacio para firmas independientes desde hace medio año en el consejo, emitió una nota de prensa en la que asegura coincidir en varios puntos: que el incentivo en España está a la cola en la OCDE o que el ahorro "es reducido", por ejemplo. La asociación que preside Ángel Martínez-Aldama también recordó que las reformas han ido reduciendo la bonificación y que el análisis de la AIReF "solo tiene en cuenta la reducción en base imponible del IRPF de las aportaciones, pero no los ingresos como rendimiento del trabajo de las prestaciones pagadas a los partícipes que se jubilan, por lo que el saldo es cercano a cero".

Algunas entidades ya se han pronunciado tras el análisis de la AIReF. Los ejecutivos de Bankinter, en la presentación de resultados del segundo trimestre, defendieron la bonificación: "Es importante que el incentivo al ahorro se mantenga para que podamos complementar la jubilación y mantener nuestro nivel de vida", aseguró el director financiero, Jacobo Díaz.

Por su parte, el Instituto Santalucía recuerda que el ahorro destinado a planes de pensiones supone en torno al 15% del ahorro financiero de las familias, ratio que es apenas la mitad de la media europea, según Eurostat, y pide avanzar en tres ámbitos: potenciar los incentivos de los planes de empleo, un estímulo y promoción de los planes de pensiones individuales, y mejorar el tratamiento fiscal actual de los planes.