El pacto PSOE-Podemos amenaza la campaña de ventas de planes de pensiones

El acuerdo en el bloque de izquierdas supone un riesgo para los incentivos fiscales de los planes de pensiones, justo en pleno inicio de la campaña de la banca por vender estos productos. El grueso de las aportaciones se produce siempre a finales de año, de cara a lograr deducciones de último año y con ofertas agresivas de las entidades con hasta un 5% de bonificación para los traspasos.

Precisamente, las deducciones son la figura fiscal que permite que sobreviva este vehículo, que en esencia funciona como los fondos de inversión pero con menor liquidez. La ventaja reside en que los ahorradores pueden reducir la factura del IRPF en la misma medida de lo aportado, con un máximo de 8.000 euros o el 30% de los rendimientos netos del trabajo.

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Pero este punto, que es el gran atractivo, podría estar en peligro. Podemos llevaba en su programa la eliminación de este incentivo fiscal al ahorro en planes de pensiones, un producto que ya ha sufrido recortes de este tipo en el pasado. “Eliminaremos [...] los beneficios fiscales por las inversiones en planes de pensiones privados”, reza el documento con el que la formación de Pablo Iglesias se presentó a este domingo a las cuartas elecciones en cuatro años.

La inclusión de Podemos en un eventual Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, con Iglesias como vicepresidente, supone por lo tanto una amenaza a la campaña navideña de ventas de planes de pensiones. Las ofertas que ha lanzado la banca -con letra pequeña como vinculación- alcanzan hasta el 5% de bonificación. La captación dinero en este tipo de productos de inversión es importante para la banca por sus ingresos por comisiones, que alivian la presión de los tipos bajos o negativos sobre sus márgenes de intereses.

El PSOE ha sido receptivo con estos mensajes con Pedro Sánchez como líder. En el proyecto que presentó aún en la oposición con Manuel Escudero como cerebro económico -después fue enviado a París como embajador ante la OCDE-, tras ganar las primarias socialistas a Susana Díaz y Patxi López, se incluyó un ‘tijeretazo’ a la desgravación por planes de pensiones. En concreto, el tope se reducía de 8.000 euros hasta 4.000 euros en los mayores de 50 años y hasta los 3.000 euros en los más jóvenes.

Cuando se produjo la moción de censura y Sánchez relevó a Mariano Rajoy el 1 de junio de 2018, se instaló en la industria de gestoras de activos un halo de incertidumbre. Finalmente, Hacienda descartó recortar los incentivos fiscales a los planes de pensiones, aunque en el nuevo programa socialista no hay un pronunciamiento claro al respecto.

Incentivos para ricos

En el borrador de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que no se llegó a aprobar, Hacienda preveía un beneficio fiscal para los contribuyentes de 814 millones por las aportaciones realizadas el año pasado. Esta cifra suponía el primer alza desde 2013, aunque lejos de los números de cerca de 2.000 millones de 2008 y 2009.

Esto muestra la tendencia a la baja desde entonces en las aportaciones. Especialmente desde que en 2007 se eliminó la reducción del 40% a la penalización al rescatar el ahorro en estos productos, que tributa por IRPF -tanto aportaciones como ganancias- en vez de por los tramos del ahorro como el resto de vehículos de inversión.

En cualquier caso, los planes de pensiones tienen detractores por considerar que es una medida fiscal regresiva, la de favorecer en mayor medida a los patrimonios más altos. Así lo dijo la Comisión Europea en 2013, por ejemplo. El propio Banco de España (BdE) estima que el grueso de las deducciones se concentra el 10% de los españoles con mayor renta.

Otro estudio publicado por el BdE (‘The elasticity of taxable income in Spain: 1999-2014), en este caso del economista David López-Rodríguez, del supervisor, y de Miguel Almunia, de Cunef, mostraron que la elasticidad de estas deducciones son mayor que 1. Es decir, un cambio en este beneficio fiscal provoca alteraciones en mayor porcentaje en las aportaciones.

¿Golpe a las sicav?

La otra gran amenaza en el esquema de productos de ahorro reside en las sociedades de inversión de capital variable (sicav). En realidad, casi todos los partidos han tenido en los últimos años medidas en sus propuestas contra el régimen fiscal de las sicav, aunque ningún Gobierno ha acometido medidas al respecto.

Las sicav cotizan como los fondos de inversión. Como instituciones de inversión colectiva (IIC) tienen el beneficio fiscal de que solo tributan el 1% del beneficio, además de no tributar por las plusvalías o dividendos generados, como ocurre en una cartera particular de un inversor. Para ello, deben contar con al menos 100 accionistas, pero la mayoría son vehículos de grandes fortunas que alcanzan esta cifra con accionistas de paja puestos por las propias entidades -’mariachis’ en la jerga-.

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Inverco, patronal del sector, siempre recuerda que las sicav cuentan en España con un “régimen más exigente”. Lo cierto es que aunque jurídicamente son equiparables las sicav españolas a las de otros países, como Luxemburgo, donde se concentra el grueso de estos vehículos en Europa, se han usado para fines distintos. En otros países son como fondos de inversión. Es decir, productos abiertos para inversores. En España, de facto, son vehículos utilizados en banca privada para que los altos patrimonios intervención en la gestión de sus inversiones y, a la vez, puedan aprovechar la ventaja fiscal de las IIC.

El acuerdo entre PSOE y Podemos solo recoge la intención de una reforma fiscal “progresiva que nos acerque a Europa y en la que se eliminen privilegios fiscales”, sin mención al ahorro o a productos concretos. Podemos recogió en su programa “eliminar los paraísos fiscales interiores en forma de privilegios de ciertos esquemas societarios”, entre los que incluyó a las socimi y a las sicav por tener “tributación privilegiada”.

El PSOE no incluyó mención específica a las sicav, como sí hizo en el pasado, pero tenía intención de reformar su fiscalidad. De hecho, en el borrador de PGE para 2019 trató de que Hacienda recuperara la potestad para supervisar el cumplimiento de la norma de las sicav. Es decir, que tuvieran 100 accionistas de verdad -muchas cuentan con un único accionista que concentra el 99% de la capital y el resto se diluye en un centenar-.

Los datos de la CNMV muestran que la mitad de los accionistas del universo de sicav -más de 200.000- están en sociedades con entre 100 y 150 accionistas. Es decir, en vehículos susceptibles de perder el beneficio fiscal por tenerlo gracias a los ‘mariachis’. La incertidumbre en los últimos años sobre estos vehículos ha reducido la cifra en un 15% desde las 3.226 sicav de 2014 hasta las 2.686 del primer trimestre de 2019, según la última estadística disponible.

Esta incertidumbre no solo ha estado impulsada desde los partidos de izquierda. El PP y Ciudadanos también han tenido medidas restrictivas en programas que han presentado en comicios anteriores, y llegaron a incluirlo en el acuerdo de investidura de Mariano Rajoy en 2016. Sin embargo, los populares cambiaron de postura con Daniel Lacalle, y tras el paso a un lado del economista, no han retomado la amenaza fiscal. En cualquier caso, ningún gobierno ha ejecutado lo prometido contra las sicav, que siguen en funcionamiento, con o sin ‘mariachis’.