El Gobierno cuela un caballo de Troya a las comunidades del PP con el tope al alquiler

Tras una década de asedio, el 24 de abril del 1124 antes de Cristo, los griegos consiguieron entrar en la amurallada ciudad de Troya. Lo hicieron escondidos en un gran caballo de madera que Ulises, rey de Ítaca, ideó construir para hacer creer a los troyanos que se retiraban y que lo dejaban de regalo a los dioses. Era un engaño. Al caer la noche, una treintena de soldados salió del interior de la figura, abrió las puertas de la ciudad y dejó pasar a las tropas griegas que, al fin, consiguieron rescatar a la bella Helena.

Mito o realidad, lo cierto es que la historia del caballo de Troya se ha convertido en referente de las estrategias dirigidas a meter al enemigo en casa. Algo que puede haber logrado el Gobierno de Pedro Sánchez con el índice de precios del alquiler, sistema que desde ayer pone negro sobre blanco si la renta que paga cualquier español es cara o barata. Una evidencia que se tendrá a lo largo y ancho de todo el país, independientemente de si la comunidad autónoma en la que se vive declara la zona tensionada. El PSOE acaba de abrir las puertas de Troya.

“Si las comunidades autónomas son conscientes de que se está produciendo un incremento de los precios y no hacen nada, tendrán que dar explicaciones a sus ciudadanos y ciudadanas, porque será una actitud y un comportamiento que irá en detrimento de la calidad de vida de los que están sufriendo estos incrementos tan importantes de los precios”, dijo ayer el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, en la presentación del nuevo sistema.

Un claro dardo a las comunidades del PP, que desde el principio se han opuesto a la aplicación de la ley de vivienda, en la que se dejó fijado desarrollar este sistema. El problema es que, a partir de ahora, cualquier persona que vaya a alquilar un piso solo tiene que entrar en la página web del Ministerio de Vivienda, ver cuál es el precio que, según el nuevo índice, debería pagar y compararlo con su realidad.

Según los cálculos de la cartera dirigida por Isabel Rodríguez, en Madrid, de media, el mercado sufre un desequilibrio de precios del 60% respecto al valor máximo de referencia que fija el nuevo indicador. Todo un desafío para el PP, que tiene en la capital y en la comunidad autónoma dos de sus grandes bolsas de votos, con sendas mayorías absolutas y dos claros liderazgos políticos.

La otra cara de la moneda es Cataluña, la primera región que va a pedir la declaración de zona tensionada, medida que permitirá aplicar este sistema en las 140 localidades que lo han solicitado ya. Entre ellas, Badalona, el gran feudo de los populares en la región. Un hito que podría llegar a partir del próximo 13 de marzo y que cuenta con un plazo de tres años para comprobar sus efectos.

Es decir, en el electoral año 2027, en el que el grueso de alcaldes y presidentes autonómicos convocarán a las urnas, se comprobarán los frutos de la declaración de zona tensionada que, salvo sorpresa, entrará en vigor en cuestión de semanas. ¿Qué pasará si en Cataluña se demuestra que el sistema funciona y el nuevo índice ayuda a corregir los desequilibrios? Aunque la pregunta puede terminar siendo la contraria: ¿y si la evidencia es la contraria? Otro caballo de Troya.

El sistema exige a las comunidades autónomas aplicar medidas para corregir los precios. Si no lo consiguen en los tres años de rigor, se prorrogará el tope de precios anualmente, hasta que el Ejecutivo regional de turno consiga corregir los excesos. El que lo logre, habrá conseguido la corona de laurel.

Otro dardo envenenado que esconde la ley de vivienda es el reparto de papeles y responsabilidades que hace entre las diferentes administraciones hasta llegar a declarar una zona tensionada. Aunque el Ejecutivo central es quien ha diseñado el sistema, corresponde a los alcaldes pedir que se aplique en su localidad, y a las comunidades autónomas solicitarlo formalmente al Gobierno, además de presentar un plan de medidas para corregir los desequilibrios en los citados tres años.

Imagínese que su municipio tiene los precios del alquiler disparados, que su alcalde pide corregirlo y que el presidente de su comunidad autónoma lo rechaza: terreno abonado para todo tipo de guerras políticas. En cambio, el Ministerio de Vivienda ha intentado evitar caer en guerras políticas a la hora de elaborar el sistema de referencia de precios y ha apostado por vestir este trabajo de un método científico.

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Para ello, creó un grupo formado por técnicos de la Agencia Tributaria, el catastro, el INE, el Banco de España, el Colegio de Registradores, la Asociación Española de Análisis de Valor, el Consejo General de Economistas y Presidencia del Gobierno, que son los que han elaborado el índice. Este se basa en 2,5 millones de declaraciones de la renta de propietarios de inmuebles, lo que significa que la base sobre la que se fija el nuevo indicador es el precio de mercado, ya que solo lleva un año de decalaje.

Además, el 85% de los caseros, que son particulares, aunque se declare zona tensionada, no tendrán obligación de bajar el alquiler. Lo que ya no podrán hacer es subirlo cuando firmen un nuevo contrato, sino que tendrán que mantener el mismo precio (sí podrán aplicar la revalorización anual del nuevo índice que sustituirá al IPC). Quienes sí tendrán que rebajar los nuevos alquileres al rango marcado por este nuevo sistema serán los grandes tenedores, es decir, los dueños de 10 o más viviendas.

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También los particulares que pongan por primera vez una casa en alquiler deberán hacerlo conforme al índice de precios, si están en zonas tensionadas, y quienes saquen al mercado una vivienda que haya estado fuera del alquiler en los últimos cinco años. Pero, incluso en estos casos, la norma ha dejado espacio para la negociación, al permitir que haya un rango de precios mínimo y máximo.

Esta horquilla ha sido duramente criticada por la Generalitat, que quería un único precio, al considerar que este margen llevará todos los contratos al rango más alto. Desde Vivienda, se ha defendido esta fórmula porque cada vivienda es diferente y porque ha querido dotar al sistema de precios de las máximas garantías, para evitar que nadie pueda echarlo abajo acusándolo de intervencionista o de atentar contra la propiedad privada.