España desahucia la ley de vivienda

El tsunami electoral de este domingo ha dejado herida de muerte una de las medidas estrella de Pedro Sánchez durante la campaña: la ley de vivienda. En apenas mes y medio, esta norma, que llevaba más de un año atascada, se desbloqueó, se tramitó de urgencia y entró en vigor justo 48 horas antes de acudir a las urnas. Todo ello, regado con un rosario de anuncios que, semanalmente, prometían llenar España de pisos sociales y alquileres asequibles, reclamos que llegaron a sumar 185.000 hogares y que protagonizaron gran parte de la campaña.

Sin embargo, el vuelco electoral vivido en la mayoría de comunidades autónomas y ayuntamientos hace que la aplicabilidad de la norma vaya a ser casi nula en el grueso de su contenido: todo lo relacionado con las zonas tensionadas. Los ejecutivos regionales son los que tienen la potestad de declarar esta situación que permite, entre otros aspectos, poner topes al alquiler, prorrogar por tres años los contratos que vencen o rebajar a cinco el número de propiedades para ser declarado gran tenedor.

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"Se ha demostrado que la vivienda no es una moneda de cambio, ni un arma electoral. La ciudadanía es consciente de que se necesitan medidas de calado, no medidas grandilocuentes que copen titulares. Se ha visto que no tiene sentido anunciar miles y miles de viviendas en apenas dos semanas y, al mismo tiempo, aprobar una ley de vivienda que afecta a miles de pequeños y medianos ahorradores para quienes su principal fuente de ahorro es la vivienda, mientras no se da respuesta a la okupación, los impagos y la protección frente a desperfectos", señala Beatriz Toribio, directora general de Masteos.

Tras el 28-M, y a la espera de los pactos, toda España se teñirá de azul, salvo Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra, País Vasco y Cataluña. Pero, incluso en estas comunidades, está por ver que sus respectivos gobiernos autonómicos accedan a aplicar la ley. El caso más significativo es el presidente manchego, y barón socialista, Emiliano García-Page, quien ya ha mostrado sus reticencias con la norma y ha defendido su derecho a tener modelo propio, no el impuesto por la ley de vivienda.

También el PNV es contrario a esta norma, como demostró con su voto en el Congreso, por considerar que invade competencias autonómicas. A esto se une que ahora, además, se abre la batalla por intentar frenar el avance en la comunidad autónoma vasca de Bildu, a quien Pedro Sánchez concedió capitalizar el éxito de haber desbloqueado la norma, factor que podría haber movilizado voto joven de izquierdas hacia la formación abertzale.

En Asturias, aunque todo apunta a que los socialistas podrán salvar el Gobierno autonómico, la clave está también en quién va a gobernar las grandes capitales, y tanto en Oviedo como en Gijón lo previsible es que sean los conservadores: en la capital, el PP, y en Gijón, Foro Asturias, con el respaldo de populares y Vox.

Otro aspecto que hace que la ley, a priori, vaya a ser prácticamente inaplicable es que son los consistorios los que deben pedir a las comunidades la declaración de zona tensionada en ese complejo juego de equilibrios sobre el que se ha redactado la norma. De hecho, hay medidas, como el recargo del IBI hasta en un 150% para las viviendas vacías, que también recoge la ley que son potestad de las administraciones locales.

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En el caso de Navarra y Pamplona, todo dependerá de si los socialistas deciden hacer piña con Bildu, a pesar del desgaste que eso pueda generar a Ferraz de cara a las generales de julio. Si vuelven a aliarse, habría pista libre para aplicar la ley de vivienda, por la comunión de las dos formaciones con la norma, pero si no llegan a un acuerdo, el partido más votado en Pamplona es la formación conservadora Unión del Pueblo Navarro.

Mención aparte merece Cataluña, donde no ha habido elecciones a la Generalitat y, por tanto, el Ejecutivo de Pere Aragonès puede iniciar el trámite. "Puede que al final solo se aplique en Cataluña", reflexiona la abogada especialista en derecho inmobiliario y afincada en Barcelona Marta Martín, quien recuerda que muchos alcaldes ya pidieron la declaración de zonas tensionadas en sus municipios.

"No tiene sentido anunciar miles de viviendas y, al mismo tiempo, aprobar una ley que afecta a pequeños y medianos ahorradores"

Aquí entra en juego saber qué va a pasar en la alcaldía de Barcelona tras el triunfo electoral de Xavier Trias. El exalcalde de la Ciudad Condal ha conseguido reactivar el antiguo voto convergente, un electorado más moderado y claramente dividido en torno al control de precios de los alquileres. La alternativa es el socialista Jaume Collboni, que previsiblemente sí activaría la declaración de zona tensionada.

Segunda vuelta en julio

Pero todos estos escenarios están a expensas de las elecciones que se celebrarán el próximo 23 de julio, tras el adelanto anunciado este lunes por el todavía presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Si la ola del tsunami mantiene su fuerza y los populares logran una aplastante victoria como la cosechada este domingo, tienen en sus manos derogar o modificar la ley. "Si la derogan, la actual ley de vivienda, con su declaración de zonas tensionadas, solo se podría aplicar en aquellos municipios donde se pudiera haber aplicado ya durante su vigencia", detalla Marta Martín.

No obstante, hay aspectos de la ley de vivienda que tienen alcance nacional, al tocar la Ley de Arrendamientos Urbanos y la de Enjuiciamiento Criminal. La primera hace referencia a la limitación de la renovación de los alquileres al 2% este año y al 3% en 2024. Además, para diciembre de ese ejercicio, el Instituto Nacional de Estadística (INE) debería tener definido un nuevo indicador que sustituirá al IPC como brújula de actualización de las rentas.

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La modificación de la normativa de enjuiciamiento afecta al desalojo de los okupas y a las nuevas obligaciones de los propietarios de vivienda de acreditar la vulnerabilidad de los mismos y someterse a mecanismos de conciliación. También es de alcance nacional la no descalificación de la vivienda protegida (VPO), medida que cuenta con apoyos en diferentes formaciones.

"Lo que va a conseguir solucionar el problema de la vivienda es un pacto de Estado, una política de vivienda consensuada, con medidas que perduren en el tiempo, independientemente de quién gobierne, que permitan tener una política de vivienda a largo plazo, una política de vivienda ambiciosa también desde el punto de vista presupuestario", señala Toribio.

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Si resulta ganador en julio, lo previsible es que el PP de Alberto Núñez Feijóo modifique la ley actual, o la derogue presentando su alternativa, pero manteniendo las partes que más consenso tienen, como ocurre con las VPO, y aprovechando para poner su marca en una materia que hasta ahora ha capitalizado la izquierda y donde los aspectos de mayor desgaste político, como establecer mecanismos de control, ya se han introducido.

Además, los populares tendrán la oportunidad de dejar su propia impronta en forma de incentivos fiscales, ya que los recogidos en la ley de vivienda serán prácticamente inaplicables, al necesitar la declaración de zona tensionada, y de lucha contra la okupación, un punto donde marcar claramente las diferencias con la izquierda.