Pinto perfila la batalla judicial para intentar cerrar el mayor vertedero de España

El vertedero más grande de España está en Pinto, un municipio de apenas 50.000 habitantes que de media acumula al año unas 800.000 toneladas de residuos. Recibe los vertidos de casi dos millones de personas. Y aunque en un principio se prometió su cierre definitivo para 2025, el plan se desvaneció. La Mancomunidad del Sur, que aúna a representantes de más de 60 zonas de Madrid, dio marcha atrás y aprovechó el dinero de Europa para ampliar las instalaciones, en vez de clausurarlas. "Han incumplido su palabra", denunció con indignación el alcalde de la localidad, el socialista Diego Ortiz. Su equipo lleva la causa del vertedero por bandera y ahora prepara la denuncia que asegura interpondrá contra la Comunidad. Las instalaciones funcionan desde 1987, pero entonces no llegaban a una decena las urbes cuyos residuos iban a parar allí. Hoy, son 72.

En la gestión del vertedero es la Mancomunidad del Sur la que tiene las competencias, y no la Comunidad en sí. La asociación de municipios recibió 14 millones de euros del Gobierno central, procedentes de los fondos europeos para ampliar el vertedero y mejorar sus capacidades para el tratamiento de los residuos. Desde la Consejería de Medio Ambiente madrileña explican que estas entidades no dependen de la Administración e incluso tienen sus propios estatutos, por lo que cuentan con cierto margen de decisión. El propio alcalde pinteño era el vicepresidente de este órgano hasta que, tras sumarse la dirección a la idea del ensanche y abandonar el calendario de cierre para dentro de dos años, presentó su dimisión entre amenazas de llegar a los tribunales.

Un año después, recibe a El Confidencial en su despacho del Ayuntamiento sin moverse ni un ápice de aquella postura. "Vamos a denunciar a la Comunidad de Madrid por abandonarnos a nuestra suerte", confirmó ese día. Estos tres actores, Consistorio, Mancomunidad y Sol, están entrelazados en un triángulo del que es difícil escapar. En el horizonte más próximo están los tribunales. La cosa es cuándo y cómo.

Todo depende de una serie de informes solicitados por el Consistorio. Ante la decisión de la Mancomunidad de seguir ampliando el vertedero y no mantener su cierre en 2025, el propio Ayuntamiendo encargó unos estudios para comprobar qué impactos reales tiene el basurero (en el medio ambiente, en la salud pública...) y utilizarlos como arietes en el proceso judicial. Acaban de recibir las conclusiones del primero de ellos, un análisis técnico-ambiental de las instalaciones que comprende desde el propio vertedero hasta la planta de biometanización.

El estudio, al que ha tenido acceso El Confidencial, aborda desde la situación de las licencias, hasta las autorizaciones ambientales integradas o el estado del estudio de impacto ambiental y el plan de vigilancia. También observa si se cumple o no la normativa vigente y a qué nivel, así como otros aspectos en torno al vertedero. Además, resuelve con algunas propuestas de mejora para controlar las afecciones que detecta, con idea de orientar al Ayuntamiento a la hora de requerir cuestiones a la Mancomunidad del Sur, que gestiona la planta.

Incluye un análisis técnico-legal sobre los documentos que presentó el órgano de municipios para tramitar nuevas actuaciones, desde la evaluación de impacto ambiental o los cambios urbanísticos planteados.

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Entre las soluciones que determina está hacer un seguimiento "ágil" del cumplimiento de cada punto de la Autorización Ambiental Integrada –la resolución que permite explotar toda o parte de una instalación industrial–, y lo mismo con las declaraciones de impacto ambiental. Asimismo, concluye el informe que es pertinente mejorar las instalaciones "actuales o futuras" para minimizar impactos ambientales y efectos sobre la población, a la que habría que compensar por las "afecciones y molestias". Uno de los aspectos más significativos es que pide mejorar las condiciones del Ayuntamiento de Pinto, la institución que los contrata, respecto a sus obligaciones tributarias por las gestión de residuos.

Tras analizar los permisos de licencias y las autorizaciones concedidas por las distintas administraciones a las instalaciones de la Mancomunidad del Sur, ubicadas en Pinto, o las denuncias e inspecciones más recientes y "relevantes", se describen una serie de actuaciones para la ampliación de las instalaciones. Básicamente, la creación de varias plantas de clasificación de la fracción orgánica y otra para su tratamiento, con una potencia máxima de 75.000 t/a. Otra para la selección de envases con capacidad de 40.000 t/a, y así.

La Mancomunidad del Sur se defiende: "Queremos repartir la carga entre municipios"

Desde la Mancomunidad del Sur defienden el giro y sus actuaciones en la gestión del vertedero. Asumen sin tapujos que la situación que vive Pinto "no es razonable ni justa", pero también recalcan que ellos andan en busca de alternativas para "equilibrar el territorio" y "repartir la carga" entre los municipios. Ahora mismo hay sobre la mesa dos posibles en Navalcarnero y Villanueva de la Cañada para abrir un nuevo depósito al oeste. Pero creen que, aun con esas, sigue siendo "indispensable" que se "mejoren y modernicen las instalaciones en base a los criterios actuales y a lo que establece la Unión Europea".

A la pregunta de si no creen que esta inversión corre el riesgo de quedar diluida si en un futuro próximo se termina constatando que es inasumible para Pinto seguir siendo el epicentro de la basura, pese a tener instalaciones más eficaces y modernas, y no queda otra que cerrarlo, tienen clara su hoja de ruta: "Lo que buscamos con esta nueva estrategia no es enterrar los residuos, sino reutilizarlos y reciclarlos". Según sus previsiones iniciales, algunas de estas actuaciones ya cerradas permitirían, por ejemplo, generar gas verde para alumbrar más de 10.000 viviendas u obtener compostaje para usarlo como abono.

Las Mancomunidades se crearon para delegar determinadas competencias que antes tenía la Comunidad de Madrid, y la del Sur obtuvo directamente el mando para la gestión de los residuos. En Sol tienen que autorizar la creación de este tipo de instalaciones, eso no cambia, pero una vez inauguradas las coordinan estos organismos supramunicipales.

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El alcalde Ortiz no cesa en buscar vías con las que paralizar el proyecto. A la espera de los otros dos informes que faltan, va sumando propuestas. Tras su dimisión como vicepresidente de la Mancomunidad del Sur, ya anunció que investigaría los recovecos legales de la actuación que pretendían acometer junto a la Administración, para ver si existía alguna forma de echarles el freno. El Ayuntamiento comenzó a indagar en si el plan incumplía o entraba en conflicto con algún límite ya no solo de impacto ambiental, sino de salud pública. "En función de los resultados de los estudios que encargamos, veremos a través de qué vía judicial nos personaremos contra la Comunidad", apuntó el regidor días antes de conocer las conclusiones.

Pero no todos creen que se haya implicado lo suficiente. "Nos hemos visto abocados a denunciar cosas que el alcalde nunca se atrevió a decir", esgrime el portavoz de la Plataforma por el Cierre del Vertedero, que aúna a 51 colectivos del sur madrileño formados por vecinos y particulares afectados por el vertedero. Miguel Ángel García es también crítico con la actuación del Consistorio al no haber insistido, según ellos, en cuestiones "tan importantes como la detección rigurosa de emisiones contaminantes o la mejora de las capacidades de la depuradora de agua". Según la organización vecinal, Ortiz sabía de todos estos problemas, pero "nunca hizo nada por solucionarlos".

"Hemos denunciado cosas que ni el Ayuntamiento se atreve", cuentan los afectados

Aunque las represalias llegan a todos. También a la presidenta de la Mancomunidad del Sur y actual alcaldesa socialista de Getafe, a la que la Plataforma contra el Cierre del Vertedero alude directamente: "Se suma a la pancarta y viene a algunas manifestaciones, pero luego es parte del problema", concluyó su portavoz. Hace nueve meses que presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Getafe por las supuestas irregularidades en los controles de gases o "las contradicciones que señalan los informes ambientales". Están a la espera de una resolución, aunque ya plantearon otras dos acusaciones similares ante el Parlamento Europeo.

El portavoz de la plataforma, que está implicado en la red de Ecologistas en Acción de Pinto, advierte que el problema del vertedero también está en su ubicación. "Es el peor sitio posible", reconoce. El entorno de las instalaciones está plagado de espacios protegidos: de un lado está el Parque Regional del Sureste, pero también hay una Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA), un Lugar de Interés Comunitario (LIC) y una Zona Especial de Conservación (ZEC). Todos estos factores se conjuran en torno al cierre inminente del vertedero para evitar problemas no solo de salud pública o convivencia, sino también ambientales.

100 kilómetros de peste

Ya en marzo del año pasado presentaron desde el Ayuntamiento otro informe que vinculaba los malos olores al vertedero, que abarca más de 1.600.000 metros cuadrados y está muy próximo al corazón del municipio. El alcalde de Pinto ve insostenible que un único núcleo absorba la basura que llega desde más de 100 kilómetros de distancia, y que además "no se reciba ninguna ayuda por ello". El plan que ha aceptado la Mancomunidad del Sur bajo la batuta de Sara Hernández, su actual presidenta, prevé una ampliación con seis macroplantas más y una tecnología renovada para mejorar el trato a los residuos que llegan.

El servicio de asistencia técnica que el Ayuntamiento contrató para verificar hasta qué punto el basurero era causante de los olores en el casco urbano determinó que este depósito es el origen del 61,2% de ellos, a lo que hay que sumarle otro 33,9% de la planta de compostaje y biometanización –el vertedero es el mayor emisor de metano de Europa, según un estudio de la Agencia Espacial Europea, que advirtió además de los problemas que supone su ubicación junto a un espacio protegido–, y otro 2,9% del Parque Tecnológico de Valdedomínguez.

La empresa encargada de recopilar estos datos, Socioenginyería, incluyó una nota metodológica que añadía que se atendió progresivamente al impacto odorífico de cada actividad. "Es un modelo caduco, erróneo y obsoleto" para gestionar residuos, concluyó el alcalde tiempo atrás. El dinero de los fondos europeos cofinanciará este plan para ampliar el vertedero de Pinto, complementando otros 16 millones que deberá aportar la Mancomunidad del Sur a fin de aumentar su capacidad de almacenamiento. El pasado mes de diciembre tuvo lugar la polémica asamblea del órgano municipal por la que se dio luz verde a la creación de una nueva planta de generación de gas renovable en el gran depósito.

Ante la perspectiva de alcanzar una economía "circular y responsable" –defendió su presidenta Sara Hernández–, la cúpula asamblearia avaló la ampliación del vertedero con el pretexto de modernizar los mecanismos para el tratamiento de residuos. Una postura contra la que votó el acalde de Pinto, que comparte partido con la número uno de la Mancomunidad del Sur (PSOE). Sin embargo, no dudó en afirmar que su municipio "seguirá rechazando cualquier proyecto que intente seguir perpetuando el recinto por más tiempo del comprometido, que es en 2025".

El regidor no concibe una solución que no pase por el cierre total. De no ser así, teme que Pinto "siga asumiendo más y más basura durante años". Así que de inmediato puso en la pista a los servicios jurídicos del Ayuntamiento para esclarecer si la propia asamblea es válida. El argumento que esgrime es que tras el estado de alarma este tipo de reuniones "no pueden hacerse de forma telemática", y es por ahí por donde intentaron tirar en un primer momento.