El presunto pufo fiscal del presidente de la UD Las Palmas, el caído 'rey de los vigilantes'

El retorno a Primera División de la UD Las Palmas está siendo marcado tanto por las decisiones deportivas y el mercado de fichajes, como por los casos judiciales que le afectan directa o indirectamente. Al polémico perdón de un jugador de sus categorías inferiores condenado por maltratar a su pareja se une la investigación que a partir de este martes sentará en el banquillo al presidente del club, Miguel Ángel Ramírez Alonso. Una causa en la que el máximo responsable del conjunto isleño se enfrenta a una acusación por supuestamente haber defraudado a las arcas públicas más de 21 millones de euros. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social por los que la Fiscalía solicita para el principal investigado más de 20 años de prisión y 107,4 millones en multas.

La vista fijada en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas es la consecución de una investigación que se inició hace más de una década y que dibuja un modus operandi que va mutando en el tiempo con el único fin de presuntamente reducir el pago de las tributaciones, circunstancia que le proporcionaba ventaja ante otras empresas del sector de la seguridad privada a la hora de lograr contratos públicos. El sumario del caso, al que ha tenido acceso El Confidencial, recoge multitud de testimonios de trabajadores que aseguran que era una práctica habitual abonar como dietas las horas extra y la supresión de cualquier plus o complemento recogido en los convenios.

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La instrucción gira en torno a Seguridad Integral Canarias SA, una empresa en la que hasta el 2 de agosto de 2011 fue administrador único el dirigente deportivo, y de la que ostentaba el 92,41% de las acciones. El escrito de acusación de la fiscal del caso, Evangelina Ríos, comprime casi 10.000 folios de diligencias y, de una forma estructurada, describe las presuntas irregularidades cometidas por Ramírez y su mano derecha, Héctor de Armas Torrent, a quien la investigación dibuja como un hombre de paja que se puso al frente de la mercantil cuando la inhabilitación de su jefe hizo peligrar la concurrencia en concursos públicos.

La primera parte de las pesquisas se centra entre los años 2009 y 2013, un periodo en el que la Fiscalía considera que el principal investigado, "con el fin de reducir su partida de gastos, y con la intención de menoscabar así los ingresos correspondientes al erario público, cuya recaudación está encomendada a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), así como los del Sistema Público de Protección de Seguridad Social, que recauda la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), (...) recurrió a una ficción que consistía en disfrazar de pago de dietas lo que en realidad era el abono de horas extraordinarias que realizaban los trabajadores de Seguridad Integral Canarias".

Numerosos trabajadores atestiguaron en sede judicial supuestas prácticas fraudulentas que se repetían año tras año

Este proceder fue ratificado por decenas de empleados que prestaron declaración durante la instrucción a cargo de la entonces titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas, María Victoria Rosell, Vicky Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Antonio Jesús A.N. confirmó que "todas las horas extra que realizaba en la empresa se le abonaban como dietas" y que eso ha afectado "tanto a su desempleo como a la pensión de jubilación que le corresponda en su día". Jesús A.D. contó que recibía dos transferencias de la empresa todos los meses: "Una por el salario habitual y otra por dietas, que en realidad encubrían horas extraordinarias". Este empleado, al igual que otros que testificaron, reconoció haber mentido en su comparecencia ante los investigadores de Hacienda "por temor a represalias". Jesús Domingo M.Z. explicó que su jornada laboral era de "12 horas" y que las extras se le pagaban a 3,60 euros cada una. Lo cierto es que los testigos desvelaron que percibían diversas cantidades, pero siempre muy por debajo de lo establecido en los convenios.

Una razón "obvia"

La razón que se escondía tras este modus operandi era "obvia", según la fiscal, que recuerda que "las dietas —al contrario que las horas extra— están excluidas" de tributación y cotización. La empresa, con esta forma de proceder, "se ahorraba el abono de las retenciones por el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) de sus trabajadores y de las cotizaciones de los mismos a la Seguridad Social".

El relato de acusación detalla que en la citada horquilla de años, "en efecto", la compañía de seguridad privada presentó el modelo por el que se declaraban e ingresaban las retenciones que durante el trimestre practicaban a sus trabajadores por los pagos que les realizaron y que estaban sujetos al IRPF. "Pero lo hizo omitiendo de manera deliberada el abono de las horas extraordinarias que están sujetas a retención en todo caso", remarcó la acusación.

El Ministerio Público ha calculado que la compañía, que cimentó su espectacular desarrollo en las Islas Canarias, "ocultó y omitió", con el consiguiente perjuicio para el erario, el pago de 6.603.308,34 euros. Esta cantidad se distribuyó de la siguiente manera: "1.597.908,96 euros, en 2009; 1.557.286,92, en 2010; 1.416.897,07, un año después; 987.709, en el siguiente, y 1.043.506,39, en 2013".

Aunque el quebranto a las arcas públicas durante el periodo de investigación fuee mayor. Seguridad Integral Canarias SA, "de manera deliberada, y a fin de que la cuota a ingresar en Seguridad Social fuera notoriamente más baja, también faltó a su obligación de incluir los importes satisfechos a sus trabajadores por las horas extraordinarias realizadas". Según la Fiscalía, esta cantidad fue en 2009 de 3.485.244,03 euros; 3.113.105,65, en 2010; 2.753.535,49, en 2011, y 2.104.823,04 euros, en 2012. Para sumar 11.456.708,21 euros.

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Esta forma de actuar generaba un "incremento del margen de beneficio de la entidad" y, por tanto, "de su socio abrumadoramente mayoritario, el acusado Miguel Ángel Ramírez Alonso", que disponía de la mayoría del capital social. En el sumario, se destaca que la compañía hacía trabajos para diversos ministerios, entre los que curiosamente se encontraban los de Hacienda o Seguridad Social, así como para AENA, la Dirección General de Tráfico (DGT), el Cabildo de Gran Canaria, el Servicio Canario de Salud o el Ayuntamiento de Tenerife.

Las indagaciones de los inspectores de Hacienda, así como la instrucción judicial, no dejaron lugar a dudas de que el ahora presidente de la UD Las Palmas era quien tomaba las decisiones en la empresa. Incluso a partir de 2011, fecha en la que entra en escena el otro encausado, Héctor de Armas Torrent. Estas determinan que su designación como administrador único de la empresa "estuvo motivada por la inhabilitación que se le impuso a Ramírez por sentencia firme y que entendía que podía perjudicar la posición de la compañía en los concursos públicos a los que se presentaba para la adjudicación de contratos de servicios de vigilancia". El listado que se adjunta en las diligencias contiene 33 entradas.

La Fiscalía sostiene que los dos procesados eran conocedores de la simulación consistente en camuflar las horas extra como dietas

La fiscal Ríos concluye que ambos procesados "eran conscientes" de que Miguel Ángel Ramírez conservaría el poder en la empresa, "aviniéndose" su mano derecha a acatar y ejecutar cualquier instrucción que diese. De Armas "era perfecto conocedor de la simulación consistente en camuflar las horas extraordinarias como dietas", y supuestamente "propició la perpetuación en el tiempo de esta estrategia defraudatoria".

Un falso reflote

La investigación en torno a Seguridad Integral Canarias SA se extendió más allá de 2012 y desveló que los acusados presuntamente pusieron en marcha "otra mecánica complementaria a la anterior y destinada igualmente a seguir reduciendo de manera fraudulenta la base de cotización de los trabajadores". Para ello, supuestamente se valieron de un acuerdo suscrito con el Comité de Empresa de la entidad en Las Palmas, con una vigencia de dos años, que suponía no aplicar la norma colectiva estatal y modificar sustancialmente las condiciones de trabajo del personal. Medida que al parecer se adoptó esgrimiendo una razón "impostada".

En ese concierto, se recogía la posibilidad de reducir el sueldo de la plantilla, aumentando la jornada y suprimiendo conceptos salariales variables, como son los pluses de nocturnidad y festividad, para "superar una situación de crisis económica". No obstante, según el relato de la Fiscalía, "la empresa incumple los acuerdos", ya que los empleados acaban realizando horas extra, nocturnas y festivas que "no se consignan en nómina y se abonan mediante transferencias bancarias que se hacen de manera separada con el concepto dietas".

Los responsables del caso consideran que la finalidad “no era reducir costes salariales”, sino “simplemente impedir posibles reclamaciones por parte de los trabajadores y, sobre todo, eludir su cotización a la Seguridad Social”. “La reducción de los sueldos de los trabajadores no tenía por objeto reflotar la empresa”, más bien, “un crecimiento de la misma”. “Como lo demuestra el hecho de que esta viera incrementada su cifra de negocio y que ampliara la plantilla”, circunstancias que supuestamente cimentaron en la “elusión de sus obligaciones de pago: bien suprimiéndolas, bien ocultándolas”. Seguridad Integral Canarias SA, según consta en el Registro Mercantil, pasó de un resultado de explotación de 838.704,79 euros en 2011 a 2.467.419,57 en 2013; lo que refleja que su situación económica no era delicada.

El citado acuerdo fue declarado nulo por la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el 5 de marzo de 2013. Resolución que sería confirmada por el Tribunal Supremo (TS) de 16 de noviembre de 2015. En ambos fallos, se hace hincapié en la “pasividad” del comité de empresa en las negociaciones, que “en modo alguno solicitó la más mínima justificación” de las causas económicas que determinaban la necesidad de unas propuestas consistentes únicamente en la supresión de derechos económicos de los trabajadores.

No hay dos sin tres

La sucesión de reveses judiciales no achantó a los investigados, que presuntamente activaron un tercer método que “seguía perpetuando la situación de precariedad de la mayor parte de sus trabajadores”. Este, según la fiscal, consistió en la aprobación de un convenio que se negoció y aprobó con un comité de empresa que no era el surgido de las elecciones sindicales celebradas en enero de 2013. “De todo ello eran perfectamente conocedores los acusados, que, sin lugar a dudas, prefirieron reconocer como legítimo representante de la plantilla al mismo comité que firmó el acuerdo de 2012 [cuestionado por la Justicia]”. A esta situación anómala se une que la compañía supuestamente incumplió el convenio que ella misma impulsó para continuar la situación de “infracotización” de los empleados.

Este segundo marco laboral fue igualmente declarado nulo por el TSJC en una sentencia emitida el 1 de octubre de 2014 y confirmada por el TS el 11 de mayo de 2016.

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El 22 de diciembre de 2017, Seguridad Integral Canarias SA solicitó la declaración de concurso voluntario, que finalmente sería declarado por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Las Palmas en enero de 2018. Antes de este paso, la compañía “cedió gran parte de sus clientes a empresas vinculadas con el acusado Miguel Ángel Ramírez Alonso”.

Las cuentas depositadas en el Registro Mercantil no acompañan el paso dado por los responsables de la firma. Entre los años 2013 y 2016, “reflejan un crecimiento progresivo en cada ejercicio”, pasando el importe neto de la cifra de negocio de 62.751.554,56 a 95.014.771,08 euros. Dato al que se suman los 26,9 millones de subida de los gastos salariales que se produjo en el mismo periodo de comparación, “lo que supone un incremento de plantilla con el que acometer los numerosos contratos de servicios concertados con terceros”.

A pesar de que la empresa aumentó su volumen de negocio e incrementó la plantilla, en 2017 solicitó el concurso voluntario

La Fiscalía considera que los hechos relatados son constitutivos de cinco delitos contra la Hacienda Pública y otros cinco contra la Seguridad Social. Para el actual presidente de la UD Las Palmas, se solicitan 21 años y seis meses de prisión por infracciones supuestamente, a los que se unen multas que suman 107,4 millones de euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, así como el derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por al menos cuatro años. Para Héctor de Armas, se reclaman 14 años de cárcel y multas que se aproximan a los 80 millones.

Miguel Ángel Ramírez “indemnizará a la AEAT en la cantidad de 6.603.308,34 euros por las cuotas debidas, ocultadas y no ingresadas correspondientes a la retenciones del IRPF de sus trabajadores de los años 2009 a 2013”. Responderá de forma conjunta y solidaria con el otro acusado hasta el importe de 3.448.112,46 euros de 2011 a 2013. El importe a satisfacer a la TGSS es de 30.068.977,7 euros por las cotizaciones de los trabajadores de Seguridad Integral Canarias SA entre los años 2009 y 2017. Hasta los 23.470.628,01 euros responderá solidariamente con Héctor de Armas por las cuotas correspondientes de 2011 a 2017.

Un gorrilla hecho a sí mismo

Una de las personas que esperan estar en la sala de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas es Basilio Febles, secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP) de la Unión Sindical Obrera (USO). Este sindicato, que es acusación particular a través del letrado Ismael Franco, fue quien impulsó la investigación contra Ramírez con una denuncia ante la Fiscalía que estuvo precedida de otra en la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude. “Sindicalmente estamos contentos, pero aunque no le deseamos la cárcel a nadie, esperamos que haya una condena”, explicó el dirigente sindical en conversación con este periódico, quien no ocultó su satisfacción porque un proceso que se inició una década atrás vaya a enjuiciarse por fin.

Febles cuenta que nunca ha podido hablar en persona con Miguel Ángel Ramírez porque siempre que acudían a la empresa con alguna reclamación la respuesta que obtenían era “que lo resuelva el de negro”, que era la forma con la que el empresario se refería a la autoridad judicial.

El representante sindical, que afirma que nunca han sufrido represalias provenientes del ámbito futbolístico, porque “la mayoría de aficionados sabe perfectamente quién es este señor”, describe a un dirigente que por momentos recuerda a la figura de Jesús Gil. Un tipo “hecho a sí mismo” que fue acumulando causas en los juzgados y que ha encontrado en el palco del Estadio Gran Canaria un lugar propicio para entablar relaciones.

En su declaración ante la jueza Victoria Rosell, Ramírez dijo que cobraba un millón neto al año y que asesoraba a una veintena de empresas

“Como Florentino Pérez, pero a una escala menor”, señala Febles, que recuerda que Ramírez “comenzó siendo un gorrilla que aparcaba coches” y ha acabado dirigiendo un equipo de fútbol, con el “peso” que esta labor tiene en cualquier ciudad. “En manifestaciones públicas, reconocía que era una persona que no había estudiado” y que se había labrado un camino con su esfuerzo. Al igual que Gil, fue indultado, y también se ha visto envuelto en diversos procesos judiciales que han llevado su nombre a los titulares.

Del imperio en el sector de la vigilancia privada y otros ámbitos comerciales “solo le quedan unos concesionarios de BMW” en las islas; el resto de las empresas “están en concurso o liquidación”. Su principal trampolín es la UD Las Palmas.

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En su declaración ante la jueza instructora, Miguel Ángel Ramírez relató que constituyó la compañía en 1996, que estaba habilitado por el Ministerio del Interior como director y jefe de seguridad, que asesoraba a una veintena de empresas y que su salario neto anual rondaba el millón de euros. Que Seguridad Integral Canaria SA llegó a tener una plantilla de 3.200 empleados y vinculó sus problemas con la Justicia a la “presión de los sindicatos”.

Ese 1 de abril de 2014, el empresario aseguró que entregó la documentación requerida a los inspectores y negó los hechos que le imputan las distintas acusaciones, entre las que también se encuentra la Abogacía del Estado.