Por qué la UD Las Palmas premia a un maltratador con el ascenso al primer equipo

La UD Las Palmas vive una guerra civil entre su afición y el presidente y uno de sus jugadores más prometedores. El club canario, que la próxima temporada jugará en Primera División, ha decidido subir al primer equipo a un futbolista juvenil, Joel Domínguez (18 años), condenado por violencia de género al maltratar a su expareja menor de edad. A pesar de la gravedad del caso y de que todavía tiene un procedimiento abierto por quebrantar presuntamente la orden de alejamiento que le impuso el juez y otro por maltrato psicológico, la junta directiva canaria ha optado por mantener al jugador en el club. Además, la UD Las Palmas le ha premiado con su participación en el primer equipo, lo que ha generado un fuerte rechazo en la isla.

La adolescente agredida por Domínguez no quiso denunciar al jugador ni emprender acciones legales contra él, pero los hechos fueron presenciados por varios testigos, entre ellos un policía libre de servicio, por lo que llegaron igualmente a manos del Juzgado de Violencia sobre la Mujer. "El encausado le propinó varios golpes en forma de empujones, patadas y sujeción con fuerza", reza la sentencia judicial a la que ha tenido acceso este periódico. Tras reconocer los hechos delante del juez el pasado mes de marzo, el propio club separó al jugador del resto de equipo durante los 40 días de trabajo comunitario que se le impusieron, así como la apertura de un expediente.

"Lo que vamos a hacer durante esos 40 días, en los que el jugador debe realizar trabajos comunitarios, es que entrene en solitario y que siga recibiendo asesoramiento y ayuda para tratar que ese comportamiento no vuelva a suceder", señaló el propio presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez. El máximo accionista reconoció que confían en él deportivamente y por eso sigue militando en las filas del equipo amarillo. "Si no lo hemos echado es porque creemos en él y entendemos que es un jugador con un potencial importante. ¿Por qué no vamos a seguir promocionándolo? A partir de ahí, depende de que aproveche o desaproveche la oportunidad. Desgraciadamente, hay una larga lista de futbolistas canarios que no han aprovechado las oportunidades", recalcó el dirigente.

"Con la violencia machista no cabe mirar para otro lado. Tolerancia cero. Nadie puede eludir sus responsabilidades. Las instituciones públicas o privadas debemos ser contundentes para luchar contra esta lacra. Y más en el deporte por su enorme repercusión social", escribió en Twitter, Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, institución propietaria del estadio donde juega la UD Las Palmas. La afición canaria esperó tensa los movimientos del club, en gran parte apoyando el cese inmediato de su contrato.

La recompensa a sus actos

Sin embargo, y una vez pasado ese tiempo, Joel Domínguez volvió a entrar en dinámica del primer equipo hasta tener la oportunidad de realizar la pretemporada con ellos y soñar con el debut en Primera División. La afición pío-pío mostró su rechazo con una campaña que fue desde abarrotar las respuestas a los tweets de la entidad hasta inundar las redes sociales del lema "Maltratadores fuera de la UD Las Palmas" y compartir fotografías con la cara del joven tachada. Otros le recordaron los actos celebrados por el Día Internacional de la Mujer y el doble rasero que plasmó el club.

La tensión escaló hasta provocar que el grupo ultra de la UD Las Palmas, Ultra Naciente, se manifestase en contra del futbolista: "No somos jueces y tampoco queremos ni tenemos la capacidad para decidir el futuro de una persona, pero si una parte fundamental de la formación de nuestra cantera es inculcar valores a los pibes, mal hacemos premiando al que no los cumple".

Incluso la Red Feminista de Gran Canaria reclamó a la UD Las Palmas mayor compromiso contra la violencia machista. Según el escrito de la red, expresa su repulsa "pues hacer jugar a Joel Domínguez con el primer equipo justo cuando sube a Primera División aumenta su valor social, su peso como referente, obviando que se trata de un maltratador condenado". Además, recordó que es un club importante para la población de la isla y que como tal "recibe dinero público".

El Confidencial habla con la madre de la víctima, Mara López, sobre lo sucedido y la reacción del club: "Intentamos hablar con el club. Les hicimos llegar los mensajes a través de unos amigos y les trasladamos nuestra preocupación. Dijeron que no podían hacer nada y que era ajeno a la UD Las Palmas. Nunca nos recibieron", narra. "El club le ha financiado la defensa y le ha pasado los abogados. A pesar de la sentencia, de los hechos probados y de conseguir que la afición esté en contra, el club protege a Joel Domínguez", añade.

La conexión oculta en la isla

¿Por qué la UD Las Palmas no ha rescindido el contrato de Joel Domínguez o lo ha apartado? La madre de la víctima señala el vínculo entre la CEO de la agencia de representación del canterano, LiliumByAps y el presidente del club, Miguel Ángel Ramírez: "La representante [Alicia Pérez] tiene una relación muy estrecha con Ramírez. Antes trabajaba en sus empresas de seguridad y hay intereses cruzados. Mi lucha no es contra Joel Domínguez, sino contra los poderosos que están detrás. Yo solo tengo mi voz, por eso he decidido no callarme".

Según reza la propia página web de LiliumByAps, la agencia representa hasta a 16 canteranos: Ale García, Joel del Pino, Alejandro Rodríguez, Omar Sánchez, Saúl Acosta, el citado Joel Domínguez, Jerobe González, Toni Falcón, Jasiel Arbelo, Daniel Alonso, Javier Galván, Adrián Ponce, Adrián Suárez, Ian Guerra, Byron Díaz y Aimar Domínguez. Además, Alicia Pérez, exsecretaria de Miguel Ángel Ramírez, fundó una empresa con el padre del presidente de la UD Las Palmas (Sinergias de Vigilancia y Seguridad) en el pasado. El conflicto de intereses es evidente, puesto que los agentes aspiran a llevarse jugosas comisiones con ventas como la de Pedri (más de 20 millones), Roque Mesa (12,5 millones más variables) o Jonathan Viera (otros 12 millones).

De hecho, el presidente de la UD Las Palmas, también conocido como el Rey de la Seguridad, deberá sentarse en el banquillo el próximo 4 de julio. La Fiscalía pide un total de 21 años de cárcel y 105,4 millones de euros en multas por cinco presuntos delitos de fraude contra la Hacienda Pública y otros tres supuestos delitos continuados de fraude a la Seguridad Social.

Este periódico se puso en contacto con Alícia Pérez, pero rechazó hacer cualquier tipo de declaración.