Los inspectores de Hacienda quieren más contacto con otros países para evitar fraudes

Los inspectores de Hacienda quieren evitar la reducción de su presencia en el extranjero, a través de consejerías financieras o embajadas. De hecho, reclaman lo contrario, un reforzamiento que sirva para mejorar la capacidad de ayuda a empresas y contribuyentes en el exterior desde Hacienda, mejorar las relaciones bilaterales y el intercambio de información con otras agencias tributarias y, también, mejorar la lucha contra el fraude.

Se trata de una petición que suma la Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE) a su batería ya clásica de reclamaciones, como el estatuto o la policía fiscal. En este sentido, la organización que preside Ransés Pérez, que dejará la presidencia de la asociación este año, ha incluido un bloque de reforzamiento de la administración tributaria en el exterior en su documento de propuestas, que presentan cada año, en este caso, en el XXXII congreso celebrado en Granada.

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“Es crucial que la Administración tributaria española, como las del resto de los países desarrollados del mundo, tengan la mejor relación posible con las autoridades del resto de países, especialmente con aquellos con los que los intercambios comerciales, como también la presencia empresarial, es más intensa”, explica la asociación. Esta relación sirve para el intercambio de información sobre contribuyentes ante los que se realizan labores de comprobación o inspección. También para estar presente en la materialización de acuerdos en procedimientos amistosos, cuando se reclama a un contribuyente una tributación que ya ha podido realizar en otro país. Por ejemplo, en empresas multinacionales.

Asimismo, Hacienda ha puesto el foco en los últimos años en perseguir las simulaciones de cambio de residencia fiscal que realizan grandes patrimonios. Muchas fortunas se han movido desde 2018 a Portugal, y también a otras jurisdicciones como Andorra, para pagar menos impuestos. En las últimas semanas, ha vuelto a aumentar el interés de grandes patrimonios por el país luso, ante el anuncio de crear un impuesto a fortunas a partir de tres millones de euros. La Agencia Tributaria incluye en su plan de actuación anual el foco en vigilar que no sean falsos cambios de residencia. La presencia de los inspectores de Hacienda en el extranjero, explican desde la asociación IHE, mejoraría esta lucha contra el fraude.

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Así, la asociación de inspectores reclama más medios materiales y personales en el extranjero, además de establecer una regulación que dote de competencias y protección. Sin embargo, denuncian que está ocurriendo lo contrario, con un “proceso de desmantelamiento” en muchos países, tanto en Europa, donde se está centralizando todo ante la Unión Europea, pese a que en muchos casos son relaciones bilaterales con países individuales, como oficinas latinoamericanas en México o Buenos Aires, y la de Brasil corre peligro. Curiosamente, añaden, no hay presencia en China pese al volumen comercial con el país, y ahora va a haber una única plaza.

Policía fiscal y estatuto

La asociación también ha incluido en su documento de peticiones las que son ya clásicas. En la parte de recursos humanos, han criticado las intenciones del Ministerio de Función Pública de modificar el diseño de las oposiciones, y también pide que la oficina de grandes contribuyentes vuelva a ocuparse con plazas por concurso, como ocurría hasta 2014, y no por libre designación. Asimismo, advierte de que se necesitan 30.000 personas en la Agencia Tributaria para equipararla a los recursos humanos de otras agencias, mientras que ahora hay 26.000 y se llegará a 28.000, según el plan estratégico de Hacienda. No obstante, el reto es la reposición, ante la jubilación de unos 7.000 funcionarios durante los próximos años.

Por otro lado, han vuelto a reclamar la creación de una policía fiscal, bajo la dependencia funcional de la Oficina Nacional Antifraude. El otro tema recurrente que, según los inspectores, sigue pendiente desde la creación de la agencia en 1992 es tener un estatuto “en el que se establezcan elementos esenciales en cualquier organización moderna, como su grado de autonomía en las distintas materias organizativas (personal, presupuesto, recursos económicos) y funcionales”.

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El objetivo de los inspectores es que la Agencia Tributaria sea un organismo independiente, como los supervisores CNMV, CNMC o Banco de España. En este sentido, piden que “el Gobierno y el resto de administraciones carezca de facultades para intervenir en su dirección, con un Director General de la Agencia cuyo nombramiento requerirá una mayoría cualificada, tendrá un mandato de cinco años, renovable por otros cinco, y con unas causas de destitución tasadas y reguladas expresamente, y con un Consejo de Gobierno de la Agencia que estaría integrado por representantes de todas las administraciones públicas que participen en los ingresos públicos recaudados por la Agencia”.

También quieren que haya una ventanilla única de recaudación e información, que sea la AEAT, para compartir datos entre órganos (AEAT, agencias tributarias autonómicas, las locales y la Seguridad Social), mejor eficiencia con la disposición de las inspecciones y comprobaciones por regiones y evitar peleas en materia fiscal. Tanto en impuestos como al perseguir deudas, por ejemplo cuando una empresa quiebra y AEAT y Seguridad Social buscan cobrar primero.