Victoria histórica de la Abogacía del Estado: tumba la doctrina de la Carta de la Energía en la UE

Victoria histórica de España ante un tribunal internacional. La Abogacía del Estado de Arbitraje ha logrado en solitario, sin asesoramiento de ningún despacho privado, que la Cámara de Comercio de Estocolmo, una de las tres grandes sedes privadas de disputas entre Estados e inversores a nivel mundial, reconozca por unanimidad (los tres árbitros votaron a favor) que el derecho de la Unión Europea prevalezca sobre el Tratado de la Carta de la Energía (TCE). Bajo este acuerdo de inversión firmado por España, la Administración pública arrastra decenas de demandas por los recortes a las primas de las energías renovables de la pasada década. Estas se presentaron tanto en Estocolmo con en Ciadi (Banco Mundial) y Uncitral (Naciones Unidas). Las demandas acumulan más de 10.000 millones de euros de reclamación.

El último laudo, firmado el pasado 16 de junio y al que ha tenido acceso El Confidencial, desestima todas las pretensiones de los demandantes, Green Power Partners y SCE, que pedían más de 76 millones de euros por el supuesto quebranto económico sufrido. Estos inversores daneses han sido defendidos por los despachos PwC y DWF Law, que denunciaron al Reino de España en Suecia con el objetivo de ser resarcidos por el hachazo que dio a la retribución regulada de las energías limpias primero el Gobierno de Zapatero, artífice de este sistema de subvenciones en 2008, y luego con más fuerza el Ejecutivo de Rajoy. Buscaba parar el descontrolado déficit del sistema eléctrico (alcanzó los 30.000 millones y aún hoy se sigue pagando en el recibo de la luz). En España, miles de inversores nacionales en renovables también reclamaron, pero el Tribunal Supremo dio la razón al Gobierno, por lo que los únicos litigios vivos son los de inversores foráneos.

El laudo que reconoce este hito ahora advierte de que "la primacía de la ley de la UE ha sido claramente reconocida en casos ya estudiados y que impidieron que la Carta de la Energía aplicara por ser inconsistente con la autonomía y la primacía de la ley de la UE", recoge el fallo firmado por Han van Houtte, presidente del trío arbitral, y los dos árbitros nombrados por las partes, Inka Hanefeld y Jorge Viñuales.

Se trata de la primera vez que un tribunal arbitral advierte de que la jurisdicción europea, administrada en última instancia por el TJUE, prevalece sobre el TCE, después de 62 laudos anteriores en que se rechazaron los argumentos de los Estados demandados. De estos, 60 fallos en contra de los países dentro de Europa votaron por unanimidad que la Carta de la Energía está por encima de lo que dictamine el derecho comunitario, explican fuentes jurídicas al tanto del caso, lo que otorga, si cabe, aún más valor al fallo.

Esta hazaña jurídica, que sirve para neutralizar las demandas al 100%, ha sido perseguida antes de que lo haya logrado España por diferentes Estados de la UE, asesorados por algunos de los bufetes internacionales más prestigiosos, dándose de bruces una y otra vez con la puerta en las narices de los tribunales arbitrales, señalan las fuentes jurídicas consultadas.

El caso más parecido a lo sucedido con Green Power Partners y SCE, y que también ha contribuido a la victoria, fue el reconocimiento por parte del TJUE de la primacía del derecho comunitario sobre el acuerdo internacional de inversión de un caso conocido como Achmea, que versaba sobre un desembolso en el mercado de seguros de salud en Eslovaquia. Aunque no pertenece al ámbito energético, tanto Bruselas como España han tratado de poner este ejemplo como caso a tener en cuenta ante los tribunales arbitrales a que se está enfrentando España por los recortes a las renovables.

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Ahora, los árbitros explican en su conclusión final que "siguiendo el razonamiento de la Gran Sala del TJUE en la sentencia Achmea y confirmado posteriormente en la sentencia Komstroy, este tribunal considera que la oferta de la demandada, como Estado miembro de la UE, de arbitrar en virtud del artículo 26 del TCE una controversia con inversores de otro Estado miembro de la UE que requeriría, necesariamente, que este tribunal interprotegiera y aplicara los Tratados de la UE, está excluida, por lo que no existe una oferta unilateral por parte de la demandada que las demandantes pudieran aceptar".

Con estos argumentos, la decisión final de la Cámara de Comercio de Estocolmo es declarar que no tiene competencia para oír y decidir sobre la reclamación, y desestima todas las pretensiones del fondo danés en cuanto al fondo de la cuestión y sobre los daños y perjuicios. Green Power Partners y SCE solicitaban más de 76 millones de euros. Y, además, les obliga a pagar la parte que les corresponde de costas del arbitraje.

Se trata de un hito muy importante para la Abogacía del Estado, que ha recibido diversas derrotas frente a fondos internacionales por los litigios generados a raíz del recorte de ayudas a las renovables. Sin embargo, tras más de una decena de casos perdidos en pocos años, los últimos fallos cada vez han ido reconociendo menos daños a los demandantes, con condenas económicas cada vez más alejadas de la petición inicial, y dando más peso a los razonamientos jurídicos de la Abogacía del Estado. Aunque los arbitrajes son únicos y no sientan jurisprudencia, como ocurre en la Justicia ordinaria, ahora, España goza de más argumentos para tratar de frenar una sangría por la que ha llegado a acumular más de 10.000 millones de euros en reclamaciones y un daño reputacional a nivel inversor que aún hoy arrastra.