El Gobierno valora sacar a España del Tratado de la Carta de la Energía

El Gobierno de Pedro Sánchez está sopesando sacar al Reino de España del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), acuerdo internacional para las inversiones extranjeras en la industria energética. España, que se adhirió a este acuerdo en 1994, ha recibido alrededor de 50 arbitrajes en los últimos años por el recorte a las renovables en los que se le reclaman más de 10.000 millones de euros.

El Ministerio para la Transición Ecológica considera que "la retirada de España del tratado sería la única solución efectiva a largo plazo" en el caso de que "no se pueda conseguir un TCE verdaderamente modernizado que cumpla plenamente con los objetivos del Acuerdo de París, el Pacto Verde Europeo, la neutralidad climática en 2050 y la defensa de la integridad y primacía del ordenamiento jurídico de la UE en todos sus Estados miembros".

Actualmente, el Tratado de la Carta de la Energía está en proceso de modernización y el Gobierno espera que dicha actualización finalice en 2022. Ya a principios de este año, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, la ministra de Industria, Reyes Maroto, y la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, enviaron una carta a los principales responsables de la Comisión Europea (Frans Timmermans, Valdis Dombrovskis, Kadri Simson y Josep Borrell) en la que advertían de su intención de salir de este tratado si no se alineaba al 100% con el Acuerdo de París. Casi un año después, y tras la falta de avances en el sentido esperado, el Ejecutivo mantiene su intención de abandonar el acuerdo.

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Varias organizaciones ecologistas y grupos políticos a la izquierda del PSOE están pidiendo en las últimas semanas al Gobierno que salga de este tratado internacional. El diputado de Unidas Podemos Juan López de Uralde expuso recientemente que algunos países han mostrado su preocupación sobre la incompatibilidad del Tratado sobre la Carta de la Energía con el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París y el Pacto Verde europeo para alcanzar la neutralidad climática en 2050. Uralde sostiene que el proceso de modernización no prevé, entre otros aspectos, "el fin de la protección de las inversiones en combustibles fósiles", lo que debería servir para abandonar este tratado.

En cualquier caso, el Ejecutivo deja claro en una reciente respuesta al diputado de Podemos que afrontará los compromisos adquiridos hasta ahora: "El Gobierno de España es respetuoso con los planteamientos que se realizan desde la sociedad civil, pero al mismo tiempo, como sujeto de derecho internacional, debe cumplir con sus obligaciones derivadas de su pertenencia al Tratado de la Carta de la Energía".

Y es que España, con la Abogacía del Estado al frente, está tratando de esquivar las multimillonarias reclamaciones de fondos internacionales que invirtieron en energías renovables y lanzaron arbitrajes tras el recorte de las subvenciones en la década pasada. Mientras algunos tribunales arbitrales les dan la razón, el Tribunal Supremo se alineó con la visión del Gobierno y avaló el hachazo de 2013 a las energías limpias.

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Por su parte, fuentes del sector aseguran que la salida de España de este tratado puede provocar reticencias entre inversores internacionales precisamente en un momento en que la transición energética demandará más de 200.000 millones para este fin, según cálculos del propio Gobierno, durante la próxima década. El hecho de que no se tenga un marco supranacional al que acudir en caso de no estar de acuerdo con determinadas decisiones implica la asunción de mayores riesgos para los inversores. Sobre todo, en un país que ha implementado varios cambios regulatorios de calado en el sector energético en los últimos años, hecho que no pasa desapercibido para los inversores foráneos. España es, junto con Argentina, Venezuela y Perú, el país que más arbitrajes de inversores extranjeros soporta.

Más allá de la cuestión climática, un aspecto clave para España antes de tomar una decisión definitiva es que la modernización de la Carta de la Energía reconozca la supremacía del derecho de la Unión Europea respecto del propio tratado internacional. La cuestión no es baladí. España y Bruselas están tratando desde hace años de evitar las reclamaciones de las renovables precisamente tratando de convencer a los tribunales internacionales de que el derecho europeo prevalece sobre la propia Carta de la Energía, una cuestión que no reconocen la mayoría de tribunales arbitrales.