Seis inspecciones diarias no frenan 257.000 horas extra (ilegales) de los madrileños
madrid lidera el 'ranking' de horas regaladas

Seis inspecciones diarias no frenan 257.000 horas extra (ilegales) de los madrileños

La EPA revela que 231.000 asalariados madrileños realizaron en 2017 jornadas de trabajo que exceden la legalidad. Esas horas extra podrían haberse convertido en 47.300 empleos

Foto: Ofinas de la Agencia Tributaria en Madrid. (EFE)
Ofinas de la Agencia Tributaria en Madrid. (EFE)

La Comunidad de Madrid lleva ya dos años realizando seis inspecciones diarias para combatir el fraude en "el tiempo de trabajo", es decir, para controlar que los madrileños no hagan horas extra por encima de lo que marca la ley. Horas de más que no están reflejadas en el contrato del trabajador y que por tanto no se pagan y no cotizan. Seis inspecciones diarias que, a raíz de los datos oficiales, no son suficientes para frenar el exceso ilegal de la jornada laboral. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2017, los madrileños regalaron cada día 257.000 horas a sus empresas.

El Estatuto de los Trabajadores establece en su artículo 34 que la duración de la jornada laboral "será la pactada en los convenios colectivos o contratos de trabajo", y que la duración máxima será de 40 horas semanales. En cuanto al número de horas extraordinarias, "no podrá ser superior a 80 al año". Para la diputada socialista Reyes Maroto, la ecuación es sencilla: "Toda aquella jornada que supere las 42 horas semanales estará al margen de lo establecido y por tanto las horas trabajadas que superen esa cuantía serán ilegales".

La EPA revela que 231.000 asalariados madrileños realizaron en 2017 jornadas de trabajo que exceden la legalidad. Si esas horas extra ilegales (y por tanto no remuneradas) se hubieran convertido en otras jornadas laborales legales, se hubieran creado 47.300 empleos y la tasa de paro de la región hubiera disminuido hasta el 10,6% (hoy es del 13,4%). "Madrid lidera el 'ranking' de comunidades autónomas donde más porcentaje de trabajadores exceden la jornada legal. Con una tasa de paro tan importante, se debería exigir una solidaridad en la distribución del tiempo de trabajo que limitase, cuando menos, la realización de horas extraordinarias. Ni qué decir tiene que con esa tasa la persecución de las horas ilegales debería ser el objetivo primordial del Gobierno, dado que es empleo que no se crea".

Los 231.000 empleados del sector privado que realizan una jornada superior a la legalmente permitida (42 horas semanales) representan el 11,4% de los asalariados de la región. Madrid, Galicia y Murcia lideran el porcentaje de trabajadores que realizan horas ilegales, con un 11,4%, 11,1% y 11% respectivamente, muy por encima de la media nacional, que fue del 8,7%. En enero de 2016, el grupo parlamentario socialista presentó una proposición no de ley (PNL), no vinculante, para que el entonces Gobierno de Cristina Cifuentes reforzara la inspección en las empresas madrileñas precisamente para controlar este tipo de abuso laboral.

Porcentaje de asalariados que hacen horas extra.
Porcentaje de asalariados que hacen horas extra.

El Gobierno regional asegura que ha intensificado en los últimos años la colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el organismo que tiene las competencias para vigilar y sancionar el incumplimiento de la normativa en materia laboral. En 2017, se revisaron 49.449 contratos, aunque solo se levantó acta de infracción en 143 casos. "Para velar por el correcto cumplimiento del tiempo de trabajo estipulado en los contratos, se llevaron a cabo 2.200 actuaciones, que suponen, entre otras, la vigilancia sobre las horas extraordinarias, los descansos y la limitación del trabajo nocturno". En 2018, también se realizarán 2.200 inspecciones relacionadas con horario laboral, es decir, seis al día. La comunidad no ofrece datos desglosados de sanciones por fraude en el tiempo de trabajo.

"El problema es que se están disparando las horas extra ilegales en los contratos a tiempo parcial. Trabajadores contratados por determinadas horas pero que terminan trabajando más. Todas estas son horas ilegales", señala Maroto, que recalca que a partir de 2012 las estadísticas de la EPA nos muestran una prolongación del tiempo de trabajo en los contratos a tiempo parcial. Y es que el Real Decreto-Ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, articuló dos vías para prolongar la duración de la jornada parcial: las horas complementarias pactadas y las voluntarias, dos fórmulas que permiten que la jornada parcial se prolongue hasta el 90% de la jornada ordinaria.

Horas extra por comunidades autonómas a cierre de 2017.
Horas extra por comunidades autonómas a cierre de 2017.

"Esta permisividad en la amplitud horaria pone las bases para la sustitución del contrato indefinido a tiempo completo, sometido a un control más estricto de la normativa laboral, por un contrato parcial, fuera de control legal. El contrato a tiempo parcial pierde su naturaleza y su función básica: la ordenación de un tiempo de trabajo que posibilite una conciliación real y efectiva de la vida familiar y laboral del trabajador y las necesidades productivas de la empresa. De este modo, la extralimitación de la duración de la jornada se convierte en regla general y en el trabajo a tiempo parcial, por mandato legal, se convierte en un tiempo completo", asegura Reyes Maroto.

Desde UGT, señalan además que el 47% de las horas extra que se trabajaron en 2017 no se pagó (y por tanto no cotizan) y tampoco se compensaron con descanso. Fueron un auténtico regalo para el empresario. "Este fraude empresarial de horas trabajadas y no pagadas afecta a los derechos de los trabajadores, a la Hacienda pública, a la Seguridad Social", señalan desde el sindicato. Este es otro factor de la ecuación. Las horas extra ilegales repercuten en las arcas públicas. La 'Encuesta trimestral de coste laboral' sirve para calcular que la Seguridad Social deja de ingresar 8.382 euros por cada trabajador que no ha cotizado reglamentariamente en un año. Si se multiplica este coste por el número de empleos que se podrían crear con las horas extra sin pagar en Madrid, 47.300, el fraude a la Seguridad Social que producen estas horas ilegales se puede cifrar en 396 millones de euros.

Madrid

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