El caso Menas que pone en jaque a la candidata de Sumar por Las Palmas

Transferencias sin justificar, constantes retiradas de dinero en efectivo y pagos para tratamientos de belleza. Ese es el cóctel del caso Menas de Canarias, una investigación que pone en jaque a la consejera de Derechos Sociales y cabeza de lista de Sumar en Las Palmas, Noemí Santana. Entre 2020 y 2022, su consejería concedió 12,5 millones a la Fundación Respuesta Social Siglo XXI para la tutela de menores extranjeros no acompañados (menas), pero la Fiscalía Anticorrupción sospecha que parte del dinero terminó por desviarse a cuentas y gastos personales de directivos de esta organización.

"Existen indicios respecto a una falta de seguimiento y control", critica la Fiscalía en su querella, adelantada por el diario Canarias7 y a la que ha tenido acceso El Confidencial. "No se ha ejecutado un seguimiento efectivo en el destino material del ingente dinero público transferido a la fundación".

La Fiscalía investiga a Respuesta Social Siglo XXI y a cuatro de sus directivos por administración desleal, malversación y falsedad documental. La fundación se escuda en que solo han detectado 41.760 euros "sin soporte documental que los justifique", pero Anticorrupción se muestra tajante: "Aprovecharon el grosero incumplimiento de los deberes de supervisión, vigilancia y control de la actividad de la gestión económica y administración de los centros de menores y ejecutaron innumerables y cuantiosas disposiciones en efectivo y traspasos a sus cuentas personales".

TE PUEDE INTERESAR

El caso 18 Lovas destapa la explotación sexual de menores acogidas en centros de Canarias

Pablo Gabilondo

Esta no es la primera vez que la Fiscalía investiga la falta de control en torno a los centros de menores de Canarias. En el conocido como caso 18 Lovas, el Ministerio Público ya puso el foco en una agencia de azafatas que encubrió una supuesta trama de prostitución de menores entre 2015 y 2016. Su investigación aún está pendiente de juicio, pero en las últimas resoluciones se contabilizaban al menos 12 víctimas. Entre ellas, dos adolescentes a las que lograron captar en un centro de menores de Las Palmas.

Aunque este nuevo procedimiento judicial acaba de empezar, Santana ha publicado un artículo en el que trata de justificar una gestión que, según la Fiscalía, resulta "inexplicable". "La forma en la que se elaboraron los contratos pasó todos los filtros técnicos y legales al efecto", defiende la líder de Podemos en las islas.

La extesorera de Vox

La investigación del caso Menas se remonta a diciembre de 2020, cuando Respuesta Social Siglo XXI comenzó a recibir pagos mensuales a cargo de la Consejería de Derechos Sociales. La fundación ni siquiera estaba "al corriente de su obligación de rendición de cuentas", pero gestionaba cinco centros de menores y logró beneficiarse de una serie de contratos de emergencia en plena crisis migratoria. El mecanismo consistía en que la consejería abonaba mensualmente una cantidad fija a la fundación por los centros a su cargo, además de 95 euros al día por cada menor no acompañado que acogiera y otros 72 por las plazas que quedaran por ocupar.

TE PUEDE INTERESAR

La vida del mena: "Hay gente mala y buena. No nos deben juzgar por nuestra cara"

Isabel Morillo. Sevilla Fotos: Fernando Ruso

La suma total de este sistema arroja un desembolso de 12,5 millones hasta 2022, pero al analizar las cuentas de cada centro, la Fiscalía se ha encontrado con retiradas de efectivo de decenas de miles de euros, traspasos a otros depósitos sin justificar y supuestos gastos personales a costa del dinero público. Los movimientos sospechosos llegaron a tal punto que algunos de los bancos bloquearon las cuentas de los investigados. "Dibuja un escenario altamente irregular, opaco y de descontrol", advierte la Fiscalía.

Entre los cuatro querellados, destaca el caso de María de los Ángeles Barroso, la exvicesecretaria y tesorera de Vox en Las Palmas que en las elecciones del 28-M concurrió con Unidos por Gran Canaria. Barroso fue directora del centro de menores de Guiniguada hasta 2021 y la Fiscalía sospecha que se enriqueció a costa de sus fondos. La querella explica que realizó 68 retiradas de efectivo de la cuenta que gestionaba el centro, obteniendo así cerca de 40.000 euros. También incide en el supuesto uso del dinero para gastos personales: un tratamiento de belleza (1.500 euros), alquiler de vehículos (1.406), un producto para piscinas (840)...

TE PUEDE INTERESAR

El PSOE rivaliza con Vox para capitalizar el rechazo a un centro de menores en Málaga

P. D. Almoguera. Málaga

Los otros querellados son Fernando Pérez Romero, que dirigió los centros de menores de Puerto Bello y Acorán; Natalia Levy, que llevó las riendas de Las Casitas Forestales de Yaiza, y Enrique Manuel Dévora, que hizo lo propio con el albergue de La Santa. Los centros de Barroso y Pérez se encontraban en Las Palmas y estos dos últimos se situaban en Lanzarote, pero en todos los casos, la Fiscalía Anticorrupción describe el mismo patrón: grandes movimientos de dinero que hacían saltar las alarmas en los bancos, constantes retiradas de dinero en efectivo por parte de los directivos y supuestos gastos personales que van desde restaurantes hasta unas zapatillas Nike.

La falta de control de la consejería

La Fiscalía también dedica varias críticas al papel que jugó la Consejería de Derechos Sociales a la hora de confiar los fondos públicos a esta fundación. Su querella señala que el estado de los centros era “lamentable”, hasta el punto de que la “deficitaria gestión” arrojaba un "alarmante deterioro de las instalaciones".

TE PUEDE INTERESAR

"Metimos a un mena en casa y ahora hay otros 15 acogidos en El Puerto"

Pepe Barahona Fotos: Fernando Ruso

Desde la consejería, se escudan en que tuvieron que "albergar y tutelar a cerca de 3.000 menores" durante la crisis migratoria, pero la Fiscalía considera que provocaron "graves ineficiencias" al erario público. "Más difícil de entender es que el cierre de la operativa bancaria de las cuentas corrientes donde transitaban los importes de los fondos públicos facturados para acometer los gastos de los centros no haya sido —en el mejor de los casos— siquiera conocido por la Administración Pública", critica.

Según advierte Anticorrupción, el único control que llevaron a cabo consistía en verificar el mecanismo de pago antes mencionado: "Menor/día/plaza ocupada". A partir de ahí, no consta que se llevase a cabo ningún otro seguimiento sobre "la justificada inversión para la atención de una importante y noble necesidad pública de la competencia de la Consejería de Derechos Sociales", por lo que la conclusión es clara: "Una vez formalizado el contrato por el trámite de emergencia, no se encuentra acto administrativo alguno destinado a inspeccionar o vigilar el servicio", señala Anticorrupción. “La factura se convirtió en axioma para la Consejería de Derechos Sociales”.