El Gobierno canario asegura que tuvo que realizar "contrataciones de emergencia" para atender a migrantes

La consejera en funciones de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana (Podemos), ha señalado que el Ejecutivo regional tuvo que realizar "contrataciones de emergencia", cuyos contratos "avaló" la Intervención General de la comunidad autónoma para prestar el servicio de alojamiento y manutención de los menores extranjeros no acompañados que llegaban al archipiélago con el objeto de "salvaguardar el interés de los menores".

Santana ha salido así al paso de informaciones que apuntan al empleo del dinero público por parte de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, que ha gestionado centros de menores migrantes. La actual consejera regional de Derechos Sociales hace esta declaración en un artículo de opinión en el que justifica que la forma en la que se elaboraron los contratos "pasó todos los filtros técnicos y legales al efecto tanto por parte de la Intervención General de la Comunidad Autónoma como de la Viceconsejería de Servicios Jurídicos".

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El Gobierno canario, apuntó, ya ha avanzado que se personará en el que denomina 'caso Siglo XXI' como parte afectada por los delitos que le imputen a la entidad, mostrando su "máximo respeto" y "plena disposición" a colaborar con el procedimiento legal.

De toda formas, incide en que en el contexto en el que se produce la contratación de dicha Fundación es ante una situación en el que el Ejecutivo autonómico "se vio abocado a contratar a cinco entidades y a abrir hasta 50 recursos de emergencia ante el repunte" de los movimientos migratorios a las costas, llegando a albergar y tutelar a casi 3.000 menores "en el momento álgido" de esta crisis.

Añadió que el Gobierno canario tuvo que enfrentarse a esta situación con "toda" la infraestructura de acogida "desmantelada" por el anterior Ejecutivo autonómico que "debió pensar que Canarias se había movido de su situación geográfica y que no volvería a recibir más personas migrantes".

Por ello, insistió en que se trataba de un "momento excepcional, reconocido a través de un Decreto Ley, aprobado por todas" las fuerzas políticas en el Parlamento autonómico. Agregó que la obligación de prestar este servicio "es irrenunciable", subrayando que viene impuesta por el conjunto de disposiciones del ordenamiento jurídico que regulan la protección jurídica del menor y los servicios sociales.

En este sentido, puntualiza que "es imposible posponerla o dejarla de prestar", ya que se trata de una "emergencia humanitaria" calificada como emergencia social en la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, en su artículo 29. Añadió que la situación "excepcional" que provocó la tramitación de los contratos, acogiéndose al procedimiento de emergencia, "se ha prolongado en el tiempo y persiste" porque el flujo migratorio "es periódico y no hay visos de que vaya a cesar", por lo que matiza que se trata de una situación "constante a la que hay que dar respuesta a través de la contratación del servicio por un procedimiento ordinario".

Informaciones imprecisas

En el caso concreto de la Fundación Siglo XXI, Noemí Santana calificó de "imprecisas" las informaciones, por "no decir que son incorrectas", en relación a cuestiones en las que se dice que la consejera "informó de que Siglo XXI trabajó a entera satisfacción pese a las irregularidades", puntualizando que "si no hay conformidad, no se pueden pagar las facturas ni prestar el servicio, por lo tanto, los menores acabarían en la calle".

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En relación a los controles y supervisión, indica que en el caso de los menores migrantes que estaban en Porto Bello, en Mogán, en cuanto se detectó el "problema", se actuó "en consecuencia y se cerró el recurso, que, efectivamente, no cumplía con las garantías necesarias" para albergar a los menores. Además afirmó que se realizaron las inspecciones pertinentes y se clausuró el centro.