La amnistía perdona 9,5 millones a Puigdemont, Mas y otros altos cargos catalanes en multas del Tribunal de Cuentas

La reclamación de 9,5 millones de euros a altos cargos independentistas por la organización del referéndum y la promoción exterior de Cataluña quedará en agua de borrajas con la ley de amnistía, pactada ya por el PSOE, JxCAT y ERC. El Tribunal de Cuentas reclamaba esas cantidades a unas cuarenta personalidades, entre ellos los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, así como el exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsejeros de Presidencia Francesc Homs y Jordi Turull, el exconsejero de Economía Andreu Mas-Colell o el exsecretario general del Diplocat, el organismo que realizaba los contactos diplomáticos del Govern, Albert Royo.

El periodo de afectación de la ley de amnistía se ha ampliado hasta noviembre de 2011 para incluir sin género de dudas el procedimiento que investigó el fomento de la independencia en el extranjero. Los procesos punitivos que afectaban a la cúpula independentista desde entonces fueron tres. El primero, por el 9-N, relativo a la convocatoria de una consulta (jamás fue considerado referéndum) sobre la independencia celebrada el 9 de noviembre de 2014, cuando Mas era presidente.

Por aquel caso fueron condenados a penas de multas el propio Mas, la entonces vicepresidenta, Joana Ortega; el consejero de Presidencia, Francesc Homs; y la consejera de Educación, Irene Rigau. La amnistía no afecta a ese caso: está juzgado, condenado y las multas han sido saldadas. Las abonó la caja de resistencia, por lo que esa parte ha quedado zanjada y no existe posibilidad de ir hacia atrás.

En el punto 2 del artículo 7 de la futura ley, que debe aprobarse en el Congreso, se especifica que la aplicación de la norma “tampoco dará derecho a la restitución de las cantidades abonadas en concepto de multa, salvo las satisfechas por imposición de sanciones al amparo de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, con excepción de las impuestas por infracciones muy graves, siempre que, a criterio de la Administración que impuso la sanción, se estime que concurren para ello criterios de proporcionalidad”.

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El Tribunal de Cuentas abrió en otoño de 2017 otras dos causas. La primera, sobre los gastos del 1 de octubre de 2017; es decir, la organización del referéndum ilegal. Por ese caso se reclamaban gastos de organización de 4,1 millones de euros. La segunda se debió a la orden de la Comisión Mixta Congreso-Senado, que encargó al tribunal una investigación sobre los gastos en Exteriores entre los años 2011 y 2017.

El periodo de ese informe abarcaba desde noviembre del 2011, por lo que en la última modificación de la norma se amplió el alcance con el objeto de que los supuestos del también llamado caso Exteriores quedasen incluidos entre los beneficiados por la amnistía. Por esa causa, se reclamaban 5,4 millones de euros.

Dos procesos reunificados

Estos dos últimos casos se fundieron en uno, que fue juzgado por el Tribunal de Cuentas el pasado mes de noviembre, por lo que se está a la espera de su fallo. En el procedimiento aparecen los nombres de 35 altos cargos. Hubo controversia sobre los dictados del órgano judicial, puesto que por los mismos hechos ya habían sido embargados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Curiosamente, Sociedad Civil Catalana (SCC) se presentó como acusación, pero solo dirigió su demanda contra 11 altos cargos políticos, considerados el núcleo duro del procés. Eran la cúpula de los gobiernos de Mas y Puigdemont, en la que incluían a los principales condenados del 1-O.

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El proceso provocó que algunos de los encausados, como Artur Mas, Francesc Homs o Andreu Mas-Colell (que fue excluido por SCC, pero mantenido por la Fiscalía), tuviesen que poner sus cuentas corrientes y sus respectivos domicilios en embargo para responder en caso de ser condenados. En 2021, el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) decidió asumir los avales de las fianzas que se pedían. Aunque hubo polémica, finalmente se materializó la medida y el ICF avaló a los señalados.

“Pero tuvimos que firmar un papel conforme debíamos una cantidad de dinero, cada uno diferente, al ICF en caso de ser condenados. Esta circunstancia ha sido una espada de Damocles sobre nuestras cabezas los últimos años, porque es cierto que pudimos levantar los embargos y las fianzas sobre nuestras casas, pero quedamos atados de pies y manos ante el ICF desde el verano de 2021”, explica a El Confidencial uno de los salpicados. En ese momento, las afectaciones que tenían las propiedades de los acusados quedaron levantadas.

La decisión se debió a que las dos grandes aseguradoras de la Generalitat se negaron a avalar la conducta de los altos cargos aduciendo que eran actos políticos. Segurcaixa y Mutua Madrileña rescindieron unilateralmente su contrato con el Govern y durante siete meses el Ejecutivo catalán mantuvo a sus casi 250.000 trabajadores sin seguro de responsabilidad civil ni personal.

Cuando se realizó una nueva subasta y volvieron a conseguir la adjudicación, hicieron firmar una cláusula al Gobierno catalán detallando que no cubría las acciones políticas de sus altos cargos. Como este será uno de los procesos que entra de lleno en la ley, la sentencia del Tribunal de Cuentas poco importa, puesto que no habrá condena. El ICF podrá liberar sus avales y los encausados no tendrán que temer por su patrimonio personal.