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La Generalitat desliga a su banco público del fondo para avalar a los encausados por el 'procés'
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Lo asume la Conselleria d'Economia

La Generalitat desliga a su banco público del fondo para avalar a los encausados por el 'procés'

La Conselleria d'Economia será la gestora de los avales. Desde su creación en el 2021, el fondo ha sido gestionado de forma excepcional y provisional por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF)

Foto: El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, durante la reunión semanal del Govern. (EFE/Quique García)
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, durante la reunión semanal del Govern. (EFE/Quique García)

La Generalitat ha desligado en parte al ICF, su instituto de crédito público, de la gestión del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Cataluña (FRCAT), dotado con 10 millones de euros y destinado a avalar ante el Tribunal de Cuentas a los encausados por el 'procés', según se ha aprobado hoy en el Consell Executiu. Los 10 millones se anuncian como una dotación inicial. Por ahora, el Tribunal de Cuentas acepta estos polémicos avales, que cubren con dinero público unas acusaciones de malversación, en este caso de haber destinado fondos públicos al intento de sedición de octubre de 2017.

Así, la Generalitat ha aprobado hoy autorizar al Departamento de Economía y Finanzas a asumir la gestión del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Cataluña (FRCAT), tal y como prevé la Ley 02/2022, de 3 de marzo, que regula su funcionamiento y que fue aprobada por una amplia mayoría en el Parlament de Cataluña.

Foto: Foto: EFE.

“En la práctica, el aval sigue siendo del ICF, pero el fondo que los respalda ya no lo gestiona el instituto de crédito, sino la consejería de Economía”, ha explicado la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, en la rueda de prensa tras el Consell Executiu. En total, 29 personas se han presentado para beneficiarse de este aval, encabezados por el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, además de otros altos cargos a los que el Tribunal de Cuentas reclama responsabilidades.

A partir del 2 de mayo, la Conselleria d'Economia será la gestora directa de este instrumento financiero. Desde su creación, en julio de 2021, el fondo ha sido gestionado de forma excepcional y provisional por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), de acuerdo con lo que prevé la disposición transitoria primera de la Ley 2/2022 de 3 de marzo, y de la disposición transitoria del texto refundido de la Ley del ICF, aprobado por el Decreto legislativo 4/2002, de 24 de septiembre. El fondo respalda los avales que había otorgado el ICF, que sufrió una fuerte crisis interna por la constitución del mismo y que ha visto como desde el Banco de España se le ha negado la petición de ficha bancaria.

Foto:  El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. (EFE)

"La 'conselleria' asumirá la gestión del Fondo Complementario de Riesgos. El Govern cierra así el proceso de creación del fondo de riesgos, evita su provisionalidad y temporalidad y asegura su gestión continuada", ha asegurado la portavoz.

La modificación de la gestión permite a la Generalitat un ahorro anual por las arcas públicas, al no tener que asumir la parte correspondiente a la comisión de gestión del fondo.

Este instrumento, creado con una dotación inicial de 10 millones de euros, “tiene como finalidad dar cobertura a los trabajadores y trabajadoras de la Administración pública en aquellos procedimientos judiciales o administrativos en los que puedan verse implicados por acciones realizadas en ejercicio de sus funciones y que no quedan cubiertas por las pólizas de responsabilidad civil y patrimonial y contable que la Generalitat tiene actualmente suscritas con diferentes entidades”, según la nota informativa tras el Consell Executiu.

Principio de indemnidad

La Generalitat ha asegurado hoy que el fondo fue creado bajo el principio de indemnidad para dar respuesta a la necesidad de la Administración de disponer de medidas para proteger los derechos de todos los servidores públicos que se encuentren en un proceso judicial o administrativo mientras no exista sentencia firme, y sobre los que la Generalitat de Cataluña no haya iniciado ningún procedimiento disciplinario o sancionador, ni ningún procedimiento judicial de reclamación de responsabilidad civil.

Con este objetivo, la cobertura del fondo abarca todas las personas que tengan o hayan tenido la condición de personal al servicio de la Administración de la Generalitat y de los entes y organismos de su sector público, los altos cargos y los miembros del Govern de la Generalitat.

Foto: El 'conseller' de Educación, Josep González Cambray. (EFE/Andreu Dalmau)

Para ser beneficiario de este fondo será necesario presentar previamente una solicitud ante el Departamento de Economía y Hacienda y acompañarla de una declaración responsable en la que el solicitante manifieste que cumple las condiciones anteriores. La Administración, es decir, la Dirección General de Política Financiera Seguros y Tesoro, verificará posteriormente el cumplimiento de los puntos y que la declaración responsable es cierta.

La garantía del fondo se mantendrá mientras no exista sentencia firme y no se hayan agotado todas las vías de impugnación judiciales y jurisdiccionales, estatales e internacionales. Si se agotan estas vías y se confirma la existencia de responsabilidad contable o responsabilidad civil, la persona beneficiaria deberá devolver el dinero, así como los intereses y gastos que se hayan generado por razón de las garantías efectuadas con cargo al fondo.

La Generalitat ha desligado en parte al ICF, su instituto de crédito público, de la gestión del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Cataluña (FRCAT), dotado con 10 millones de euros y destinado a avalar ante el Tribunal de Cuentas a los encausados por el 'procés', según se ha aprobado hoy en el Consell Executiu. Los 10 millones se anuncian como una dotación inicial. Por ahora, el Tribunal de Cuentas acepta estos polémicos avales, que cubren con dinero público unas acusaciones de malversación, en este caso de haber destinado fondos públicos al intento de sedición de octubre de 2017.

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