Un informe del Partido Pirata acusa a España de comprar tres remesas del programa Pegasus

España compró tres remesas de programas espías Pegasus a la empresa israelí NSO Group. Así figura en un informe, fechado el año pasado, que ha sido entregado en un juzgado belga para apuntalar las denuncias de espionaje que han interpuesto tres dirigentes de la entidad Plataforma per la Llengua. El informe fue encargado en 2022 por el Grupo Pirata del Europarlamento después de que España no informara a las instancias comunitarias de los programas espías que utiliza. España ha reconocido que solo utilizó Pegasus con 18 dirigentes independentistas, aunque el soberanismo acusó a España de haber utilizado los virus espías con 63 dirigentes (aún a sabiendas de que un buen puñado de ellos no fueron espiados por los servicios españoles, conforme figura en un sumario de los Estados Unidos).

El escándalo del Catalangate descubrió el virus Pegasus y el Candiru. El primero es de la empresa israelí NSO Group; el segundo, de Candiru, también israelí. El Gobierno español se desentendió de todos los casos de espionaje, salvo los 18 que efectuó el CNI bajo control judicial. El resto pasa a ser considerado fake news.

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Pese a todo, el informe entregado en el juzgado belga no solo insiste en que el CNI ha espiado reiteradamente a dirigentes soberanistas, sino que, cuando se acababa la licencia de un caso (que puede durar semanas o meses), pagaba 50.000 euros a los israelíes para que le renovaran la licencia, pero para espiar otro teléfono distinto. Además, extiende esa fiebre por espiar a los otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es decir, a la Guardia Civil y al Cuerpo de Policía Nacional. El informe fue elaborado por expertos de la plataforma Aspertic y firmado por el presidente de esta, Josep Jover, un experimentado abogado que realizó varios informes para ERC sobre estrategias judiciales. Jover señaló a El Confidencial que, antes de entregar el informe en Bruselas, lo dio a revisar a varios expertos “nada sospechosos de ser independentistas, sino todo lo contrario”, para que dieran su opinión y ninguno puso ninguna pega.

El dictamen fue encargado por el grupo parlamentario Piratas del Parlamento Europeo después de que España no facilitase detalles de los espionajes tras estallar el Catalangate. Su objetivo era apuntalar las denuncias por vulneración de derechos ante las instituciones europeas con un peritaje técnico. Cuando los directivos de Plataforma per la Llengua se propusieron someter sus teléfonos a examen, porque sospechaban que estaban infectados, dado que se calentaban mucho, los Piratas les pasaron dos informes para que apoyaran su denuncia judicial: uno sobre cuestiones jurídicas y otro sobre cuestiones técnicas, que es el que recoge el listado de programas espía que utiliza España y el que descubre las tres compras de Pegasus a Israel. Los informes fueron entregados en un juzgado belga la pasada semana, juntamente con una denuncia de tres dirigentes de Plataforma per la Llengua a los que les habían infectado los teléfonos con el programa espía Pegasus.

Programas necesarios

“Yo soy de la opinión de que los servicios de inteligencia de un país han de tener herramientas para espiar a quien crean oportuno. Lo entiendo y lo defiendo. Pero la Policía no puede hacerlo. Como Policía Judicial, tienen otros procedimientos que seguir”, señaló Jover a El Confidencial. En el informe, deja constancia de que los servicios antiterroristas o el CNI pueden utilizar virus similares, pero “las policías y la Guardia Civil o la Audiencia Nacional no pueden utilizar Pegasus, pues no es un sistema de escuchas. Hacerlo invalidaría los resultados de la investigación y quienes la pidieran o intervinieran cometerían diversos delitos”, dice el texto.

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El informe recoge también que “en España se ha acreditado no solo la utilización de dichos programas por parte de los servicios de inteligencia, sino también por parte de las diversas policías e incluso de entidades privadas. En Madrid, tenemos actualmente un procedimiento penal entre herederos de los grandes almacenes El Corte Inglés donde se denuncian unos a otros de haber utilizado Pegasus para espiarse. La propia policía española, a través de los servicios del comisario Villarejo ‘arrendaba’, con sus servicios de espionaje al Ibex 35, la utilización de estos programas a las grandes empresas españolas”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desmintió en varias ocasiones que la Policía Nacional o Guardia Civil adquirieran programas de Pegasus a NSO, pero el informe sostiene lo contrario, añadiendo un detalle que no se conocía: “Ante el alud de peticiones de licencias por parte de España, el Gobierno de Israel pidió aclaraciones sobre quién tenía que comprar Pegasus, si la Policía Nacional o la Guardia Civil además del CNI, al no caer en que la Guardia Civil es un cuerpo militar policial”. Así, sostiene que España compró “tres paquetes de Pegasus y tres paquetes de Candiru de cincuenta licencias cada paquete”. En total, pues, 300 licencias como primera operación con los israelíes. Las compras se produjeron sobre el año 2016, después de que WikiLeaks descubriese los programas con los que funcionaban los servicios secretos españoles. En 2022, según el informe, comenzó a comprarse otro virus que viene a sustituir a los existentes: se trata del Sourgum, también israelí, que “es susceptible de comprometer a terceros”.

Quiebra de la empresa de Pegasus

El informe recoge, asimismo, las últimas novedades sobre las empresas israelíes fabricantes de los virus. NSO Group, por ejemplo, después de abrirse un sumario en los Estados Unidos contra varios de sus directivos, acabó presentando quiebra. En febrero de 2019, el fondo europeo Novalpina Capital compró una participación mayoritaria de la empresa israelí. Novalpina Capiral Management International LLP tiene su sede en Luxemburgo, un paraíso fiscal en el corazón de Europa. “Si bien el gran partícipe de NSO es Novalpina, como grupo tiene asimismo una empresa subsidiaria con la que opera en Europa, que es su imagen pública dentro de la Unión”. Esa empresa es OSY Technologies SARL, con sede también en Luxemburgo y cuya cuenta corriente está en una oficina del Credit Suisse AG en las islas Caimán (la empresa ha facturado 265 millones de dólares desde noviembre de 2014).

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“En este momento, NSO tiene una demanda de Apple que, sumada a todos los problemas que han ido cayendo, ha hecho dimitir a su director [se trata de Shalev Hulio, que está procesado en los Estados Unidos]. WhatsApp también ha interpuesto otra demanda contra NSO Group en Estados Unidos, por usar su sistema para atacar a los espiados. Como maniobra defensiva, NSO Group ha presentado recientemente demanda de quiebra de la empresa”.

Pese a ese mutis por el foro, el dictamen de Aspertic sostiene que “Pegasus y todos los demás sistemas aquí citados ha incumplido y sigue incumpliendo la legislación europea de protección de datos (…) entendemos que pueden pedirse responsabilidades tanto al fondo de capital riesgo Novalpina como a OSY Technologies o a Guardian Spain Homeland Security”.

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¿Por qué aparece esta empresa española por en medio? El informe de Aspertic explica la historia de una partida de 6.000 pistolas Ramon con sus fundas (a entregar en remesas hasta 2023), supuestamente fabricadas en Israel y que considera una falsificación de las Glock 19. Llevaban ese nombre en homenaje a Ilan Ramon, el primer astronauta israelí, fallecido en el accidente del transbordador Challenger. “Tanto Ramon como Pegasus son consideradas armas por el Ministerio de Defensa israelí”, dice el informe. Las pistolas son fabricadas por Emtan Karmiel, firma que tiene la licencia del fusil de asalto M-16 y de la carabina M4. La delegación de la compañía en España la ostenta la compañía Guardian Spain Homeland Security, inscrita en el Ministerio de Defensa.

El informe señala que se realizó un concurso oficial con un presupuesto de 2,99 millones de euros para dotar de estas pistolas a la Guardia Civil. La compañía realizó una oferta a la baja por 1,95 millones y se llevó la licitación, regalando las cartucheras. “Se trata del precio más bajo por el que jamás se han vendido estas pistolas, ya que, según la propia documentación remitida por la empresa israelí, ya vendió 1.700 pistolas Ramon a la Policía tailandesa, pero sin incluir las pistoleras de seguridad antirrobo, que en el mercado minorista cuestan entre 65 y 85 euros por unidad”. El arma puede equiparse con un compensador y un silenciador, además de permitir dos tipos de gatillos; uno estándar y otro de acción rápida con el que hay que ejercer menor presión. La hipótesis que sostiene es que la Guardia Civil había encargado un programa de monitorización remota de móviles poco antes y estaba en curso otra operación para comprar fusiles M16 de Israel, por lo que no necesitaba esas armas. Así pues, el pago del Gobierno español pudo haber sido para camuflar la compra de licencias de Pegasus.