Junts acusa al CNI de espiarle mientras negociaba con Pedro Sánchez

La Comisión de investigación Pegasus creada a instancias de los independentistas en el Parlament de Cataluña sufrió este viernes el primer gran mazazo: un total de 10 altos cargos del Estado declinaron comparecer porque el órgano no tiene jurisdicción más allá de los límites territoriales de Cataluña y porque pertenecen a otra Administración que no es la autonómica. En realidad, la rendición de cuentas que han de hacer es ante el Congreso y el Senado. Encabezaba la lista de altos cargos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

No obstante, incansables al desaliento, los independentistas volverán a citar a Sánchez y a sus ministros para intentar que desfilen por una comisión que ha comenzado con mal pie y con graves acusaciones contra el Estado: Josep Rius, portavoz de Junts per Catalunya (JxCAT), afirmó que, “para tener una posición de ventaja política, se ha espiado al president o a un grupo parlamentario justamente cuando había de decidir su sentido del voto para hacer presidente a Pedro Sánchez".

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno autorizó el espionaje con Pegasus a 18 líderes de Tsunami Democràtic

José María Olmo Beatriz Parera Ilustración: Laura Martín

"También se utilizó el espionaje cuando se preparaba la estrategia judicial para defenderse ante un tribunal”, en referencia a la preparación de las defensas del juicio del 1-O. Marta Vilalta, representante de ERC, denunció que hubo un “espionaje prospectivo contra el independentismo catalán” y subrayó que el Estado “no sabe asimilarse a otros países democráticos y a su manera de entender los derechos. Quieren ganar con guerra sucia lo que no pueden ganar con las urnas”. La primera sesión ha dejado clara la voluntad de instrumentalización de la comisión. En su día ya se negaron a participar Vox, Ciudadanos y PP.

El órgano parlamentario lleva el pomposo nombre de Comisión de Investigación sobre el Espionaje de Representantes Políticos, Activistas, Periodistas y sus Familiares por parte del Reino de España con los Programas Pegasus y Candiru. De los 11 citados para esta primera sesión sólo compareció el ex síndic de Greuges (ex defensor del Pueblo catalán) Rafael Ribó, conocido por alinearse reiteradamente con los posicionamientos soberanistas.

De los 11 citados para esta primera sesión sólo compareció el ex síndic de greuges (exdefensor del Pueblo catalán) Rafael Ribó

El presidente de la comisión, Josep Maria Jové, de ERC, informó que ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contestaron a la citación del órgano. Otros altos cargos, como la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz; los ministros Nadia Calviño, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles; la exministra Carmen Calvo; la exdelegada del Gobierno en Cataluña Teresa Cunillera; el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, o el juez Pablo Lucas Murillo enviaron una notificación al Parlament advirtiendo que los dictámenes del Consejo de Estado los eximen de comparecer ante esa comisión, por lo que declinaban su participación.

El aliado del independentismo

A falta de las máximas autoridades del Estado, la llamada abreviadamente Comisión Pegasus del Parlament tuvo que contentarse con Ribó. Presentó un informe ratificando el estudio del laboratorio canadiense Citizen Lab, que depende de la Universidad de Toronto, en el que afirmaba que 65 independentistas habían sido espiados. Es el informe que dio origen al Catalangate. No había muchas evidencias de ese espionaje, y aún menos de que fuese el Estado quien lo hubiese realizado.

El estudio fue encargado por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), por Òmnium Cultural y por los principales partidos independentistas, que además colaboraron activamente en el tema. Uno de los supuestos espiados fue uno de los firmantes del informe atacando al Gobierno, lo que pone en entredicho su neutralidad. Ninguna de estas cuestiones las ha tenido en cuenta Ribó.

El exsíndic afirmó que los servicios secretos de España “compraron los programarios espías en un mercado ilegal y de origen criminal”. En la réplica a los grupos, Ribó subrayó: “Hay dos preguntas que no las ha contestado nadie: ¿por qué y cómo? ¿De dónde se saca la técnica para espiar? Yo se lo digo: del mercado criminal. Eso no está en el informe del Síndic porque yo lo no lo conocía todavía. Y ahora ya lo conozco, está en los informes europeos: mercado criminal. De ahí se ha sacado la tecnología que se utiliza en España (…). ¿Se ha de espiar a un partido político legal? ¿Se ha de espiar a partidos políticos que son manifiestamente legales? ¿Qué motivos hay para espiarles? ¿Se han de espiar a sindicatos o entidades?”.

TE PUEDE INTERESAR

La última maniobra del secesionismo para desgastar al Gobierno: una comisión 'zombie'

Antonio Fernández. Barcelona

Los portavoces de ERC, JxCAT y la CUP aplaudieron a Ribó y se apresuraron a cargar las tintas contra el Gobierno central y a poner en cuestión la democracia española. De hecho, el exsíndic reclamó que el Estado cree una comisión de investigación como han hecho Grecia, Polonia y Hungría. Además, pidió a los grupos independentistas que llamasen a declarar a algunos altos caros de la UE, como la comisaria de Derechos Humanos, Dunja Mijatovic. Los partidos soberanistas aprovecharon para denunciar la supuesta violación sistemática de los derechos fundamentales por parte de España.

Los reproches de los socialistas

Òscar Aparicio, representante del PSC, recriminó a Ribó que en su alocución y en su informe copiase íntegramente el informe de Citizen Lab que dio origen al Catalangate y que hoy está desacreditado internacionalmente. “Lo suyo, lo de usted y lo de los grupos independentistas no es saber la verdad. Lo suyo es desgastar a la democracia. El informe del Síndic va dirigido a desgastar, por interés político, toda la confianza que tiene la ciudadanía en la democracia”.

Le recordó el socialista que el sistema español es mucho más garantista que el de Grecia, Polonia o Hungría y le echó en cara que “ha habido 65 espiados. La propia Agencia Catalana de Ciberseguridad dijo que en algunos de los casos no podía ser Pegasus, pero usted toma el informe de Citizen Lab como una verdad absoluta. No incorpora otros informes que cuestionan la realidad y la viabilidad del documento de Citizen Lab. La comunidad científica internacional lo cuestiona. Tanto es así que ha tenido que rectificar y algunas de esas personas han sido excluidas. Está desacreditado. Como está desacreditada la metodología que usa, que no ha sido avalada por ningún organismo independiente”.

Ribó le contestó que estuvo dos años trabajando el tema, desde que en 2020 se descubrió que había sido espiado el móvil de Roger Torrent

El representante socialista, ante todas esas irregularidades, preguntó a Ribó cómo llega a la conclusión de que el Estado había espiado a los 65 independentistas que figuraban en el informe inicial canadiense. “¿Cómo llega a la conclusión? No tiene ningún peritaje, sino que sólo utiliza el informe de Citizen Lab, que usted da por bueno sin que haya pedido a expertos si tiene garantías técnicas. No inspeccionó usted los teléfonos. En su informe, reconoce que hay otras empresas que fabrican esa misma tecnología. Entonces, ¿por qué sabe que se utilizó el programa de la empresa NSO y no otros? ¿Qué prueba física tiene usted para afirmar que ha habido este espionaje del Estado español?”.

Ribó le contestó que estuvo dos años trabajando el tema, desde que en 2020 se descubrió que había sido espiado el móvil de Roger Torrent, presidente del Parlament. Lo cierto es que el espionaje a Torrent, al líder republicano en el Ayuntamiento de Barcelona Ernest Maragall, a la cupera Anna Gabriel y al dirigente de la ANC Jordi Domingo, entre otros, se debió a un agujero en WhatsApp. Durante los 10 días que hubo el agujero, fueron espiados más de 1.400 teléfonos en todo el mundo. Por ese caso hay un procedimiento judicial en Estados Unidos en el que están acusados ocho empresarios que nada tienen que ver con los servicios secretos españoles. En el informe de Ribó, en cambio, tras dos años investigando, y obviando las pruebas judiciales estadounidenses, se incluye a Torrent y a sus compañeros de chat como supuestas víctimas del CNI. La conclusión es clara: si tras dos años de investigaciones no llegó a la conclusión de que debía excluir a un buen puñado de las víctimas del caso del Catalangate, todo el informe queda en entredicho. Y las excusas del exsíndic han de ponerse, consecuentemente, en cuarentena.