Israel ignora al juez del caso Pegasus y deja en vilo el "desplazamiento" de investigadores

El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, a cargo de la investigación sobre el espionaje que habrían sufrido con Pegasus Pedro Sánchez y los ministros Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, sigue sin obtener respuesta por parte de las autoridades de Israel tras cuatro meses de investigación. Calama cursó una comisión rogatoria para que un equipo encabezado por él se desplazase a este país y tomase declaración como testigo al CEO de la empresa propietaria del programa Pegasus, NSO Group, pero, a día de hoy, la Audiencia Nacional continúa "sin haber obtenido comunicación alguna".

En un auto fechado el 7 de septiembre, el magistrado incide en esta falta de respuesta y acuerda librar una nueva "comunicación a las autoridades judiciales de Israel con objeto de interesar respuesta a la comisión rogatoria emitida con fecha de 10 de mayo de 2022". En ella, Calama requería a NSO Group que emitiera un informe sobre "aspectos esenciales para la investigación" y, un mes después, el 6 de junio, amplió la misma "en el sentido de interesar autorización a las autoridades judiciales de Israel para el desplazamiento de la comisión judicial a dicho país, con objeto de practicar la referida declaración testifical sobre los hechos expresados (...) inicialmente".

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Ante la falta de respuesta, el magistrado acuerda ahora librar una nueva comunicación "a través de la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia". Según recuerda, la "cooperación jurídica internacional" que solicita a Israel viene marcada por "el Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal" de 1959 y un protocolo adicional de 2001. Pese a ello, Calama no es el primer magistrado español que choca con Israel a la hora de investigar Pegasus.

En mayo, el titular del Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona, José Antonio Cruz de Pablo, ya acordó el sobreseimiento provisional de la investigación sobre el presunto espionaje con Pegasus al expresidente del Parlament y actual 'conseller' de Empresa, Roger Torrent, y al concejal de ERC en Barcelona Ernest Maragall. El juez dio carpetazo al caso al no poder identificar a los responsables del presunto espionaje, conclusión que se enmarca a su vez en la falta de colaboración por parte de NSO Group y de Israel: a lo largo de año y medio de investigación, las autoridades del país nunca respondieron a la comisión rogatoria en la que se solicitaba diversa información.

A la espera de la testifical de Robles y Marlaska

De forma paralela, Calama libra un oficio para preguntar a Robles y Grande-Marlaska si quieren testificar de forma presencial, a través de videoconferencia o por escrito. El pasado junio, el magistrado hizo lo propio con Félix Bolaños, quien optó por agarrarse a la última opción pese a la sugerencia del juez de hacerlo por videoconferencia.

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Como adelantó El Confidencial hace poco más de un mes, la ministra de Defensa y de su homólogo de Interior también pretenden declarar por escrito. Según informan fuentes conocedoras del caso, la decisión se ha adoptado por dos motivos: por un lado, el conocimiento de Robles y Grande-Marlaska sobre lo sucedido es muy limitado, pues los dos fueron víctimas del contagio con Pegasus sin darse cuenta y, ante esta situación, consideran que la mejor opción es responder por escrito. Por otro, argumentan que agarrarse a esta posibilidad de la que disponen por su condición de ministros trasmitirá un mensaje de unidad del Ejecutivo, pues así lo hizo Bolaños.