Robles y Grande-Marlaska optarán por declarar por escrito ante el juez del caso Pegasus

La ministra de Defensa, Margarita Robles, y su homólogo de Interior, Fernando Grande-Marlaska, declararán por escrito en el marco de la investigación que conduce la Audiencia Nacional sobre Pegasus. Ambos han sido citados por el magistrado José Luis Calama, que quiere escuchar su testimonio como afectados por la intromisión del 'malware' en sus teléfonos. La fecha aún no ha sido fijada debido a que el contenido de sus respuestas puede afectar a información secreta o reservada. Está pendiente que el Consejo de Ministros proceda a desclasificar aquellos documentos que guarden relación con los hechos investigados.

Según informan fuentes conocedoras del caso, la decisión se ha adoptado por dos motivos. Por una parte, los titulares de Defensa e Interior consideran que su conocimiento sobre lo sucedido es muy limitado, dado que fueron dos de las víctimas del contagio con el sistema espía que se produjo, por tanto, sin que se enteraran. No fue hasta que sus teléfonos fueron analizados cuando conocieron el acceso ilegal. Solo lograron detectar el volumen de archivos copiados, pero no se determinó qué información fue la afectada. Tampoco conocen, más allá de sospechas personales, quién pudo estar detrás de la acción.

La ministra de Defensa se pronunció este lunes en este sentido. Robles precisó que contestará a las preguntas del juez, pero destacó que "poco" puede decir porque ellos mismos fueron quienes pusieron el caso en manos de la Justicia. "Nosotros como víctimas poco podemos aportar. Responderemos por escrito porque la ley nos permite esa posibilidad", ha insistido este martes.

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En segundo lugar, la opción de testificar por escrito de la que disponen por su condición de ministros trasmitirá un mensaje de unidad del Ejecutivo. Lo hará porque fue la opción que escogió el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que remitió a principios de julio sus respuestas a las preguntas formuladas por el magistrado y el jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso. El instructor trató de convencerle de que se personara o entrara por videoconferencia, sin éxito.

Calama trata de aclarar las circunstancias del agujero de seguridad que permitió que los móviles de Robles, Marlaska y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fueran infectados con el 'malware' Pegasus entre los meses de mayo y junio de 2021. Más allá de la autoría, el contagio provocó un rifirrafe por la responsabilidad en el control de las comunicaciones. La exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, aseguró el pasado 3 de junio durante su testifical ante la Audiencia Nacional que la seguridad de los móviles de los miembros del Gobierno dependía del ahora ministro de Presidencia.

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Los ministros gozan de la prerrogativa dispuesta en el artículo 421.2 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que señala que el presidente y los demás miembros del Gobierno "están exentos de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo". La denuncia que dio pie a las actuaciones fue presentada por el propio Ejecutivo a través de la Abogacía del Estado y todos los citados han traslado en declaraciones públicas su deseo de cooperar, dado que el Gobierno "es el primer interesado en saber quién espió los móviles".

Desclasificación

Las nuevas diligencias se acompañan de una petición de desclasificar documentos que llega dos meses después de que se abriera el caso Pegasus por un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos. La Abogacía del Estado primero denunció la infección de los móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles con esta herramienta, pero días después amplió su escrito apuntando a que entre las víctimas se encuentran también los ministros del Interior y Agricultura, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas.

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Según apuntaban los servicios jurídicos del Gobierno en su denuncia, la infección de los móviles se produjo entre mayo y junio de 2021. En el caso de Sánchez, el 19 y el 31 de mayo, 24 horas después de que el presidente visitara Ceuta durante la mayor oleada migratoria provocada por Marruecos. Antes de pedir acceso a información reservada, el magistrado ya requirió a comienzos de mes al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que conservara toda la información de los terminales infectados: "Se acuerda la conservación, a disposición de este órgano judicial, de todos los volcados de información verificados sobre los terminales telefónicos referenciados en los informes (...), así como de cuanta información haya podido ser extraída de ellos, y de los informes de toda clase", advertía en su auto. "Surge la necesidad de retener y conservar los efectos o instrumentos relacionados con el delito instruido en la presente causa".