Ni acceso a los datos ni revisión independiente: un informe desmonta el estudio del 'Catalangate'

El Parlamento Europeo ha recibido este jueves la revisión crítica del estudio de Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, que desveló los pinchazos a teléfonos móviles de políticos y activistas independentistas con el programa Pegasus. El informe ha sido elaborado por el profesor de Ciencias Políticas y de la Administración de la UNED, José Javier Olivas, quien fue vetado como experto por la Eurocámara. El especialista ha presentado un trabajo de 237 páginas que desmonta buena parte de los tópicos que ha estado esgrimiendo el soberanismo catalán durante casi un año.

Hay errores básicos, como que el exconseller de Salut de la Generalitat Toni Comín había sido espiado. En realidad, se atribuyó a Toni Comín un móvil que no era suyo, lo que no impidió al ahora europarlamentario declarar en la comisión sobre el caso como víctima del espionaje. El informe ha sido publicado por Jordi Cañas, eurodiputado de Cs.

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Otros son más de fondo. Como que el informe de Citizen Lab sobre el caso Pegasus no cumplió con la máxima que debe inspirar los trabajos académicos: transparencia, estar debidamente documentado y someterse a una revisión inter pares independiente, algo que no cumplió el citado trabajo por mucho que fuese defendido por la Universidad de Toronto. A este respecto, el caso de Toni Comín es un buen ejemplo. Citizen Lab todavía no le ha sacado del listado de supuestas víctimas del caso. Un total de 65.

Sin embargo, todo este tipo de incongruencias del trabajo original no fue óbice para que el independentismo lograse una gran victoria política, que el Gobierno cesase a la directora del CNI, Paz Esteban, por la repercusión del caso, aunque nunca ha sido posible determinar qué parte de los 65 independentistas o personas vinculadas, como el abogado Gonzalo Boye, eran investigados bajo cobertura judicial y que parte carecían de ella y, por lo tanto, el Ejecutivo había podido incurrir en una ilegalidad. De hecho, no es posible discernir en qué casos Pegasus había sido usado por el Gobierno de Sánchez o por otros servicios secretos internacionales interesados en la actividad independentista.

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El estudio crítico de Olivas denuncia la falta de transparencia en su investigación. “Esta opacidad afecta no solo a los datos y muestras de infección, sino también a información que no constituye ningún peligro para la intimidad de los participantes, como cuándo, cómo, dónde y quién realizó los análisis forenses”, se señala en sus conclusiones.

Sin pruebas

“Las pruebas aportadas por el informe Catalangate son claramente insuficientes para formular acusaciones específicas, como las que se dirigen contra el Gobierno español. No hay motivos suficientes para afirmar que España ha participado en un espionaje ilegal, ilimitado, innecesario o desproporcionado de políticos y activistas catalanes, como sugiere Citizen Lab”, se concluye en este trabajo.

Citizen Lab nunca ha sometido a terceros la validación de sus resultados con Pegasus

Olivas pone al descubierto problemas metodológicos. Uno de los más graves es que Citizen Lab se niega a que las presuntas víctimas, sus dispositivos y los datos recogidos en la investigación catalana, puedan ser verificados de forma independiente por expertos forenses sin afiliación previa ni vínculos institucionales con el instituto de investigación canadiense. Es una práctica que, sin embargo, podría hacerse con cualquier trabajo científico universitario en cualquier otro ámbito académico.

Validación por terceros

“Estos expertos independientes deben encargarse de la realización de los análisis y de la evaluación de la validez y veracidad de los resultados. Este análisis también podría servir para descartar la manipulación masiva de pruebas y la fabricación de resultados positivos, aprovechando la ausencia de una cadena de custodia de las pruebas”, asegura este estudio crítico.

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El informe de Olivas apunta que la publicación del informe denominado Catalangate sirvió para “ayudar a estos activistas y políticos en su intento de ocultar el efecto negativo de las revelaciones relativas a la colaboración con Rusia, la corrupción y la coordinación de grupos violentos para tomar el control del territorio”.