Portazo del CNI a la Eurocámara: solo dará explicaciones de Pegasus en la comisión de secretos oficiales

El llamado Catalangate, la vigilancia a los dispositivos de algunos líderes independentistas, así como el espionaje de las autoridades marroquíes a miembros del Gobierno, han sido los asuntos de debate este martes en la comisión de investigación de Pegasus en el Parlamento Europeo. También ha participado el periodista de El Confidencial Ignacio Cembrero, víctima del espionaje por parte de Rabat, que ha pedido una mayor protección a los profesionales de la información.

Pero el plato fuerte de la jornada llegaba un poco más tarde. Esperanza Casteleiro, directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha comparecido por vía telemática a mediodía y ha defendido el “sometimiento a la legalidad” y el “servicio al Estado” de los servicios de inteligencia. Pero se ha negado a dar más explicaciones, recordando a los eurodiputados que el centro solamente tiene un foro en el que puede hacerlo: la comisión de secretos oficiales del Congreso de los Diputados.

La audiencia se ha celebrado pocos días después de que la ponente del informe que saldrá de la comisión, la holandesa liberal Sophie in 't Veld, publicara un primer borrador en el que se señalaba que el Gobierno español “fue probablemente el primer cliente de la UE del grupo NSO” y en el que se señalaba al Ejecutivo español por el espionaje a algunos políticos independentistas. El CNI ha reconocido el monitoreo a 18 de las 65 personas que según CitizenLab habían sido espiadas en el caso del Catalangate.

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Casteleiro ha repasado ante los eurodiputados que conforman la comisión, entre los que se encuentran Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, los controles parlamentarios a los que está sometido el CNI, que también tiene un “pleno sometimiento a la Constitución”, pero ya en su intervención inicial ha señalado que el único foro en el que pueden darse explicaciones sobre las actividades de los servicios de inteligencia es ante la comisión de secretos oficiales.

La directora del Centro se ha sometido después a las preguntas de distintos eurodiputados, entre ellos los de la propia ponente, In 't Veld, el antiguo ministro de Interior Juan Ignacio Zoido, ahora eurodiputado del Partido Popular, o el propio Puigdemont, el eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas o los de Esquerra Republicana, Jordi Solé y Diana Riba. Han sido un total de 28 preguntas para Casteleiro y una única pregunta para Juan Jesús Torres Carbonell, secretario general de Administración Digital, que también ha comparecido.

El presidente de la comisión de investigación, Jeroen Lenaers, del Partido Popular Europeo, ha evitado que los eurodiputados pudieran cruzarse declaraciones para evitar que se convirtiera en un debate nacional. Pero muchas de las preguntas han sido casi particulares. Puigdemont ha preguntado a Casteleiro si su abogado, Gonzalo Boye, está siendo espiado, y Solé o Riba también han pedido saber si han sido espiados siendo eurodiputados o si lo seguían siendo todavía hoy. Las preguntas de otros eurodiputados han sido más técnicas, queriendo saber si el spyware Pegasus es proporcional o los mecanismos legales que apoyan su uso.

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Pero se han encontrado con un muro. “Por coherencia y por obligación legal puedo responder solamente insistiendo en que la ley reguladora del CNI recoge textualmente que las actividades, su organización, estructura interna, medios, personal, fuentes de información o datos, constituyen información clasificada con el grado de secreto”, ha señalado la directora. “No es muy satisfactorio”, le ha respondido el presidente Lenaers.

Casteleiro ha ofrecido responder por escrito aquellas preguntas que se le han realizado y que sí pueda responder según la ley. “La verdad es que al menos por escrito sería útil”, ha replicado el presidente de la comisión de investigación. La directora ha señalado que hay una “obligación legal que impide hablar de las cuestiones relativas al CNI en el Parlamento Europeo, puesto que no lo puede hacer en ningún otro lugar que no sea la comisión de secretos oficiales del Parlamento español, tal y como prevé la ley”, y ha recordado que “el ámbito del CNI es la seguridad y la protección de los intereses nacionales, que es la responsabilidad exclusiva del Estado español”.