Puigdemont cita a empresarios descontentos con Aragonès por la pérdida de relevancia

Ciertos empresarios independentistas están enfadados con el Govern. Algunas prebendas se han cortado de cuajo con la abrupta salida de Junts per Catalunya (JxCat) del Govern a comienzos del otoño pasado. El expresident Carles Puigdemont es consciente de esta situación y está intentando capitalizar el descontento de una parte del capital que pugnaba por controlar sectores estratégicos de la economía catalana, ajenos a la globalización del mercado. El mosaico independentista adopta así una curiosa composición: mientras el president Pere Aragonès consigue el apoyo del Sinn Féinn en una visita a Irlanda, Puigdemont cita en Francia a los empresarios soberanistas partidarios de la línea dura del independentismo.

La reunión de Puigdemont tuvo lugar en la localidad francesa de Amélie-les-Bains-Palalda (en catalán, conocida como Els Banys d’Arles) y su objetivo era analizar la situación y establecer una hoja de ruta para el futuro próximo. Con Marie Costa, la alcaldesa de la localidad como anfitriona, Puigdemont reunió en torno a una mesa a David Ayats, director general de Parlem, Jordi Roset, propietario de Petrolis Independents, y Leo Martínez, adjunto a la dirección general de Mutuacat. Todos ellos tienen en común su radicalismo y la apuesta por una hoja de ruta acelerada hacia la independencia. Sus planteamientos, pues, son renuentes a la moderación que imprime ERC al segundo procés.

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La primera empresa es la firma de referencia del independentismo en materia de telefonía, de la que es accionista de referencia Joan Font, propietario de la cadena de supermercados Bonpreu. Petrolis Independents tiene como socio al diputado Joan Canadell, expresidente de la Cámara de Comercio de Barcelona y fichado por Puigdemont para ir en las listas de Junts. La tercera es una compañía qua apuesta por la independencia sin ambages. La reunión se realizó en una sala municipal cedida por la alcaldesa.

No es por casualidad. Costa es una alcaldesa que ha reclamado la creación de un “Estado catalán en Europa” y durante la pandemia lucía una mascarilla con la bandera estelada (independentista) y un lazo amarillo en la solapa. En un manifiesto público, la edil francesa aseguró que en España no hay separación de poderes, aseguraba que “se niega el resultado de las elecciones oficiales” y que “la sombra del franquismo no visible flota en toda la península”. En uno de sus discursos, reivindicó la validez del “referéndum del 1 de Octubre” y sostuvo que “Cataluña es una colonia española” y que “la unilateralidad es el camino”. Pese a tanto patriotismo, se muestra cauta cuando habla de la “Catalunya del Nord” y prefiere no asumir riesgos reivindicando un referéndum unilateral en el sur de Francia. Costa es afiliada a JxCat y miembro del Consell de la República, de cuya Asamblea forma parte.

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Una plataforma radical

De ahí que hubiese aceptado ser anfitriona del encuentro empresarial y que hubiese prestado una dependencia pública para ese acto. Las tres firmas que se vieron con Puigdemont son una representación de un grupo de empresarios alineados con los postulados soberanistas y que suelen cotizar al Consell de la República. Algunas de estas compañías se coordinan en una plataforma llamada Fes el Canvi (Haz el Cambio). Quien maneja los datos de esta plataforma es Parlem, que en la Red se hace llamar “la meva” (“la mía”, en contraposición a TV3, que se llama “La nostra”). Mutuacat se anuncia en la plataforma diciendo que “nuestra sede está y estará siempre en Cataluña. Defendemos el país y la lengua catalana”.

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Petrolis Independents se ofrece como “la primera gasolinera de bajo coste que desde el primer día tributa sólo en Cataluña y que reinvierte parte de los beneficios en entidades que trabajan para el país”. Lo que no dice es que, pese a su red de gasolineras apenas tiene una docena de empleados, puesto que sus estaciones son de autoservicio. Salvo Parlem, el empleo que crean estas compañías es mínimo en comparación con el volumen de negocio que manejan, puesto que Mutuacat tiene una plantilla de sólo 25 personas.

A la plataforma pertenecen empresas relacionadas con los servicios, que reclaman que los catalanes rescindan sus contratos con compañías foráneas. Siguiendo la estela del boicot a productos españoles (aunque sin nombrar firmas concretas), reclama que compren gasolina de Petrolis Independents, el gas de Catgas, la luz de Catllum, los seguros de Mussap, la mutua de salud con Mutuacat y la telefonía con Parlem.

Parlem, por su parte, acaba de sufrir en carne propia una gran decepción. El anterior vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró (Junts per Catalunya), había puesto en marcha un plan que hizo aguas cuando Junts salió del Govern: dividir la licitación del supercontrato de 86 millones de euros de la conectividad de la Generalitat en dos lotes. Uno iría a una empresa potente, como ha sido tradicionalmente. El otro estaba destinado a “abrir el mercado”.

La punta de lanza

A esa licitación aspiraba Parlem Telecom, que apostaba en una UTE junto a Euskaltel y Telecomunicacions Garrotxa. Sería la punta de lanza del independentismo para penetrar en un nicho vedado hasta ahora: el control de los servicios públicos y de las adjudicaciones multimillonarias del Govern en áreas sensibles y de gestión. El negocio no era menor: el primer lote, destinado a los servicios en la “zona competitiva”, asciende a 48.243.903 euros; el segundo, de la “zona no competitiva”, supone 38.122.869 euros. La adjudicación es por dos años, con la posibilidad de prorrogarla por otros tres años, con lo que el monto total del pastel a repartir asciende a 271.249.343 euros. El enfado en la cúpula del grupo de telefonía es mayúsculo, porque el proyecto le hubiese permitido poner un pie en el monumental negocio de las adjudicaciones de telecomunicaciones públicas.

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Pero cesado el vicepresidente de la Generalitat por la ruptura entre ERC y Junts, las esperanzas de Parlem se diluyeron. La intención era no concentrar toda la conectividad de la Generalitat en una sola compañía (a falta del pronunciamiento oficial, todo apunta a que Telefónica se hará con los dos lotes), sino abrir el negocio a otros operadores. Pero no a cualquiera: de entrada, los rumores en los círculos empresariales es que compañías como Orange o Vodafone, que tienen estructura para ello, quedaban fuera del negocio. Ahí es donde entraba la posibilidad de que Parlem, la compañía que está en todas las quinielas secesionistas y que recomiendan los ultraindepedentistas para hacer boicot a las grandes, se llevase un lote, con la intención de perpetuarse luego en el negocio. El cántaro de la lechera se rompió. A falta de la ayuda del Ejecutivo de Pere Aragonès, a la firma de telefonía le queda el cariño de Puigdemont. Cuando Parlem se vio con Puigdemont hacía apenas unos días que se conocía extraoficialmente que esta firma quedaba fuera de la adjudicación que ya tenía al alcance de la mano antes de que Junts saliese del Govern.

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Según parece, en la reunión del sur de Francia hubo una oferta mutua de favores: Puigdemont ofreció al empresariado apoyo político y, a cambio, apoyo de todo tipo para su Consell de la República. Entre otras cosas, ese apoyo se camuflará como el interés empresarial por potenciar su Identidad Digital Republicana (IDR), una operación de penetración que ya inició con los convenios de asesoramiento firmados con seis ayuntamientos catalanes para que reconozcan la IDR en lugar del DNI. De hecho, estas empresas ya se han alineado abiertamente con el Consell. Petrolis Independents llegó a regalar inscripciones al chiringuito de Puigdemont (a 10 euros anuales) a jubilados y estudiantes que no pudiese afrontar ese gasto. Para ello, montó paradas de promoción con un grupo de voluntarios, que ofrecían en ferias o en lugares muy concurridos, esa oferta.

La llamada de Xavier Trias

Parlem está controlada por Ernest Pérez Mas, que tiene un 14,72% de su capital directamente en acciones a su nombre y otro 14,86% a nombre de la sociedad Afers Laietans. En total, acumula casi 4,8 millones de acciones. También esta participada por Ona Capital Privat SCR (13,55%, en cuyo capital participa Joan Font), Inveready Evergreen SRC (10,40%), Evolvia SAU (5,47%) y Global Portfolio Investments SL (5,43%). La compañía tiene 16.089.123 acciones. Esos son los datos enviados al operador. Pero en los registros públicos consta que el socio único es la sociedad Fonyou Telecom, firma que dirige Fernando Núñez Mendoza. La empresa de telefonía ha llegado a realizar una campaña alertando de que el catalán está en peligro y criticando a los partidos independentistas por ello.

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A Parlem le pasó como al Consell de Carles Puigdemont: éste quería alcanzar un millón de afiliados en un año y tiene, según los datos oficiales, 102.000, aunque se desconocen sus cotizantes reales. Parlem quería 10.000 clientes en su primer año como operadora y llegó a los 1.500, a pesar de que la primera llamada de la compañía la hizo el entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias, que se prestó a hacer propaganda de la firma. En 2022 aumentó de manera importante su facturación al hacerse con el control de cuatro operadoras locales: Infoself, Xarrtic, Wicat y Fibrotel. En diciembre pasado, fue multada por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia con 490.000 euros “por no facilitar información al organismo regulador”. También es una de las principales patrocinadoras del Girona FC.

Mutuacat, por su parte, es una compañía que nació de Mútua Manresana y hace gala de que tiene tres valores: “compromiso, solidaridad y catalanismo”. Todas las empresas de la plataforma Fes el Canvi aseguran estar comprometidos al 100% con Cataluña. “Entre todos hacemos piña para desarrollar social y económicamente nuestro país”. Esa piña, sin embargo, se hace únicamente en torno a Puigdemont y su Consell de la República.