Un fondo buitre sienta a Colau en el banquillo a tres meses de las elecciones

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se enfrenta, a solo tres meses de las elecciones municipales, a una querella por coacciones y prevaricación que interpuso hace algo más de dos años el fondo buitre Vauras Investment después de que el ayuntamiento multase a esta multinacional con 417.000 euros por no ofrecer alternativa a seis inquilinos que habían okupado el edificio conocido como Bloc Llavors, en el barrio del Poble Sec de Barcelona. La denunciante viene a acusar a los responsables municipales no solo de, supuestamente, multarla irregularmente, sino de amenazarla con no darle licencias de obras para arreglar los pisos que comprase si no cedía vivienda social para los proyectos de la alcaldesa.

Fuentes municipales señalaron a El Confidencial que "el ayuntamiento sancionó al fondo buitre por no cumplir con la Ley 24/2015 de Emergencia Habitacional y con el Decreto ley 17/2019, que obliga a los propietarios, cuando son grandes tenedores, a ofrecer una solución cuando el desalojo afecta a personas y familias en situación vulnerable, como era este caso. El mismo decreto prevé sanciones para quien incumpla la norma. En este caso, el ayuntamiento comprobó que había familias en situación de vulnerabilidad que cumplían los requisitos como para que el fondo les ofreciera una alternativa".

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EFE

La querella de Vauras fue archivada por el Juzgado de Instrucción número 38 de Barcelona, que no vio ni indicios de delito, pero la Audiencia Provincial obligó a reabrir el caso en abril del año pasado. Ahora, la jueza cita a la alcaldesa para el 13 de marzo, aunque con anterioridad, el día 10, deben prestar también declaración ante el juzgado los otros querellados: los concejales Lucía Martín y Marc Serra, así como la responsable de Disciplina de Vivienda e Inspección, Fuensanta Alcalá. En un principio, el fondo buitre acusó a los munícipes de coacciones y prevaricación, pero también de presunta extorsión, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas, acusaciones que la Audiencia, lo mismo que antes el juzgado, no admitió a trámite.

Colau asegura que no se inquieta por esta querella. Es más: en parte, le va bien a su campaña electoral, puesto que puede capitalizar la defensa de los más vulnerables ante fondos buitre como una baza que le haga ganar simpatías entre los ciudadanos. "Esta reapertura de una querella ya archivada volverá a quedar en nada, como ha pasado como mínimo en otros 10 casos. Iremos a declarar muy tranquilos porque no tenemos nada que esconder. Lo que se hizo desde el ayuntamiento fue pedir a los grandes tenedores de vivienda el estricto cumplimiento de la ley para proteger a los vecinos y vecinas más vulnerables, que durante demasiados años han padecido abusos, alquileres abusivos y acoso inmobiliario". La alcaldesa, en una comparecencia este martes, subrayó unas frases de la jueza al inadmitir la querella: "Decía la jueza que consideraba que Vauras atribuía delitos sin rigor ni precisión, que ni tan solo revisten una mínima e indiciaria apariencia penal. Esto es más que contundente".

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Desde el fondo buitre, se sostiene que, en dos reuniones, la concejala Lucía Martín había reconocido directamente el apoyo del ayuntamiento al movimiento okupa "y la realidad de esas presiones y de ese presunto mercadeo de permisos de obras a cambio de cesión de viviendas para alquiler social".

Historia de intereses ocultos

Pero lo cierto es que la historia que hay detrás de este conflicto va mucho más allá y oculta una maraña de intereses políticos y económicos por todas las partes implicadas: la plataforma Obra Social Barcelona era el grupo que estaba detrás de las ocupaciones del Bloc Llavors, el germen del conflicto que acaba ahora con Colau sentada de nuevo en el banquillo. Esta plataforma realizó un informe sobre la ocupación en el año 2017, titulado ¡La vivienda para quien la habita! Informe sobre ocupación de vivienda vacía en Cataluña. Para su confección, contó con la ayuda de una quincena de organizaciones vecinales, anarquistas o independentistas. En los agradecimientos comienza por agradecer "el compromiso y la implicación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Cataluña, con mención especial al PAH Sabadell y PAH Bages". Luego enumera a las restantes organizaciones.

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No deja de ser sintomática la referencia a la PAH, porque es la organización fundada por la propia Ada Colau y que esta presidió hasta que fue nombrada alcaldesa. Días después de realizar ese informe, en pleno agosto de 2017, la plataforma promovió la ocupación del Bloc Llavors. Era el tercer asalto okupa de la misma organización a edificios, según reconoce la plataforma en un escrito: "En nuestro tercer bloque [se refiere al Bloc Llavors] están viviendo personas y familias, todas ellas sin alternativa habitacional, padecen las consecuencias de la especulación inmobiliaria que está acabando con las vecinas, los barrios y la ciudad de Barcelona. Uno de los responsables de este destrozo es Vauras Investment, fondo que ha comprado el bloque dispuesto a especular con nuestro derecho a la vivienda. ¡Nosotros no lo permitiremos!".

Un vídeo con testimonios de algunas personas que okuparon pisos en esa finca deja claro que algunas de ellas ya conocían a Vauras "desde el desalojo de La Profana y del intento de expulsión de las vecinas de Leiva 37. Lo que hace Vauras Investment es comprar pisos o bloques, echar a las vecinas, reformarlos y venderlos a precios más elevados. Esto provoca que las vecinas sean expulsadas hacia la periferia y que solo pueda acceder a estos pisos gente con rentas más elevadas".

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Según la Obra Social Barcelona, Vauras "es un fondo finlandés que se dedica fundamentalmente a la promoción de pisos de lujo en Barcelona, el Maresme, Sitges e Ibiza". En la capital catalana, ha tenido problemas con bloques de pisos de la calle Lleida, Leiva y Parallel, además "del pelotazo urbanístico de la fraudulenta Asociación Lumen Dei". En octubre de 2018, la ocupación del bloque ya se había consolidado. "En nuestro tercer bloque ya están viviendo 13 personas, 5 de las cuales son menores, y dos gatas (…) El bloque estaba siendo vaciado a través de extorsiones —mobbing— y a base de no renovar los contratos. Al mismo tiempo, se están reformando los pisos para subir los precios, especular con su valor y desplazar a las vecinas, sustituyéndolas por rentas más elevadas o por turistas".

La plataforma se quejaba de que en el barrio del Poble Sec se habían perdido más de 1.200 pisos, reconvertidos en hoteles o apartamentos turísticos, mientras los alquileres habían subido un 209% en dos años, llegando a una media de 750 euros mensuales por pisos de 57 metros cuadrados. "Exigimos a Vauras Investment que no especule más con nuestras vidas y al Ayuntamiento de Barcelona que actúe contra la especulación inmobiliaria y ofrezca alternativas legales ampliando significativamente el parque público de vivienda".

Contraataque de los comunes

Un vídeo de los comunes, realizado hace un año, denunciaba una red de intereses de "lobbies de ultraderecha, multinacionales y promotores" contra la política de Ada Colau. Afirmaba que había una campaña de lawfare, en la que incluía también otras querellas contra Colau, como la que la investiga por cuantiosas subvenciones a entidades a las que ella misma había estado ligada, así como otros miembros de su equipo de gobierno. Esa denuncia, que en un principio también fue archivada, pero luego la Audiencia obligó a reabrir porque vio indicios de delito, la acusa de haber subvencionado irregularmente al Observatorio DESC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Enginyers Sense Fronteres (ESF) y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) un total de 3,4 millones de euros.

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Para defenderse de esas acusaciones, los comunes elaboraron un vídeo en el que apuntan a la ultraderecha: en un momento determinado, el vídeo enfoca el nombre de Vox mientras una voz en off dice: "¿Quién está detrás de la denuncia? ¿Qué intereses tiene?". Pero en el vídeo se exponen también los ejemplos de la denuncia de Vauras, de la cadena hotelera Praktik y de la inversora MK Premium como ejemplos de lawfare porque sus querellas fueron archivadas sin llegar a juicio. El concejal Marc Serra, uno de los querellados por Vauras, señala en el vídeo que lo que pretenden los denunciantes es "acabar con la agenda de cambio del gobierno de la ciudad". El vídeo acaba de manera épica: "Cuando grandes empresas, fondos buitre, grupos conservadores o asociaciones de dudoso origen se dedican a cuestionar a los gobiernos que han sido elegidos en las urnas utilizando la guerra jurídica, la democracia se debilita", arguyen los comunes en el vídeo.

También se asegura en ese documento se asegura que "todas las causas han sido desestimadas", cuando en realidad la Audiencia ha obligado a reabrir dos de ellas y, por si fuera poco, hay varias causas pendientes más contra otros concejales: sobre Eloi Badia pesan dos querellas, una contra la compañía de residuos Tersa que él preside, ya que hizo caso omiso a las denuncias de los vecinos por presuntas emisiones contaminantes de la depuradora y otra en la que es acusado de prevaricación y malversación por ceder un edificio a un grupo radical en el barrio de Gràcia, desoyendo las quejas de los vecinos y no convocando concurso público como era preceptivo. También tiene otra denuncia pendiente por arrasar con una zona verde para construir "pisos sociales". Janet Sanz, segunda teniente de alcalde, tiene también pendiente una querella de una constructora que la acusa de prevaricación, omisión de la obligación de perseguir delitos y obstrucción a la justicia. En este caso, Sanz negó permisos para reformar una casa en la zona alta de la ciudad e inició su expropiación por 3,5 millones para reconvertir la edificación en alojamientos y equipamientos, modificando el plan general metropolitano.