La Fiscalía cambia de criterio y pide que siga la investigación contra Colau por las ayudas a entidades afines

La Fiscalía, que el pasado mes de julio pidió el archivo de las denuncias contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por las subvenciones otorgadas a entidades afines, es partidaria ahora de alargar las investigaciones al menos otros seis meses. El cambio de criterio se debe al reciente auto del 2 de noviembre, de la Audiencia Provincial de Barcelona, que enmendaba la plana al Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona, que había archivado el caso porque no veía delito en la actuación de la alcaldesa.

La Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD) presentó en diciembre de 2021 una denuncia contra Colau y varios de sus concejales por presuntamente favorecer a organizaciones amigas, vinculadas a todos ellos, con millones de euros en ayudas públicas. Se trata de las entidades Observatorio DESC (donde había trabajado Ada Colau hasta poco antes de hacerse con el bastón de mando), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH, organización que ella creó), Enginyers Sense Fronteres (ESF, vinculada al concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia, uno de los principales apoyos de Colau en el consistorio) y Alianza contra la Pobreza Energética (APE).

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Los presuntos delitos eran prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, delito de negociaciones prohibidas y tráfico de influencias, de los que se acusaba a Colau, Badia, la concejala Laura Pérez, las exconcejalas Gala Pin y Laia Ortiz y la asesora municipal Vanessa Valiño. Posteriormente, se amplió la querella a los extenientes de alcaldía Gerardo Pisarello (pareja de Valiño y actual vocal de la Mesa del Congreso) y Jaume Asens, actual presidente del grupo de Podemos en el Congreso. La denuncia detallaba que esas entidades recibieron al menos 3,4 millones de euros en ayudas oficiales entre 2015 y 2019. Lo curioso del caso es que por ellas habían pasado muchos de los cargos de la cúpula municipal de los comunes, por lo que los querellantes advertían de que podía haber trato de favor. En 2021, la asociación Abogados Catalanes por la Constitución ya había presentado una denuncia por estos hechos, pero fue archivada por la Fiscalía.

Tras la denuncia de la ATCD, la Fiscalía solicitó al ayuntamiento cinco expedientes y determinó que todo estaba correcto. Afirmaba también el Ministerio Público que las entidades citadas “no se beneficiaron de un trato de favor especial, sino que sus subvenciones se tramitaron igual que las destinadas a cientos de entidades a través de un procedimiento —discutible o no— que parecía ser el utilizado con habitual frecuencia por el consistorio”. A partir de ahí, la Fiscalía determinó que no había prevaricación, por lo que tampoco deberían existir los presuntos delitos de malversación, fraude, tráfico de influencias u organización criminal.

No tan transparentes

Pero las subvenciones otorgadas, según los denunciantes, no eran tan inocentes: para empezar, se concedían como subvenciones extraordinarias, pero eran periódicas, recurrentes y por conceptos importantes, por lo que debían ir a concurrencia pública. Por si fuera poco, más del 70% del importe de las mismas se dedicaba a gastos de personal, no a objetivos de solución de problemas sociales, lo que, a la vista de la asociación querellante, evidenciaba que se otorgaban para “el mantenimiento de la estructura organizativa de las asociaciones afines, con cargo a los fondos públicos, sin que en el desempeño de su cargo haya sido capaz de generar, con recursos propios, soluciones para los temas que centran su teórica consideración de tales servicios esenciales, como son la vivienda, la pobreza energética o la precariedad social”.

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En un auto del 26 de junio pasado, el Juzgado de Instrucción número 21 archivaba la denuncia atendiendo a que los hechos no constituían infracción penal alguna. Se basaba en una prueba practicada hasta la fecha: “En concreto, de la declaración de la investigada, documental y la testifical de la interventora del ayuntamiento, no se desprende ninguna conducta que pueda subsumirse en ninguno de los preceptos penales apuntados”, decía el auto judicial. Apelaba, siguiendo el hilo del fiscal, a que “la instrucción gira fundamentalmente alrededor del delito de prevaricación, aunque se imputen otros, y excluido este, la investigación pierde su sentido”.

El pasado 2 de noviembre, no obstante, la Audiencia Provincial dio un tirón de orejas al juez. La Audiencia relata en su auto que la Administración, cuando subvenciona, “busca fomentar o promocionar una actividad privada para que esta converja con el interés público y general, y si la actividad que concretamente se subvenciona es la única que efectúa la entidad subvencionada, y, además, el monto económico de la subvención representa un importante porcentaje del coste de su estructura, nos encontraríamos que se estaría financiando su estructura, y con ello su naturaleza jurídica no sería la propia de la subvención sino la contractual, que tiene otra regulación”. Las subvenciones, además, en vez de ser extraordinarias, eran otorgadas “con carácter recurrente y constando siempre en el expediente el interés público y la imposibilidad de concurrencia pública”. Ese carácter ordinario de las subvenciones debería haber llevado, dice el auto, “a la denegación de las subvenciones solicitadas correspondientes a las anualidades 2016 y siguientes, hasta la 2020, ya que las de los dos últimos años fueron incluidas en los presupuestos como subvenciones nominativas”.

Vetan una auditoría externa

La Audiencia fue tajante: “Teniendo en cuenta lo hasta ahora consignado en estos razonamientos jurídicos y la interpretación que efectúa el Tribunal Supremo del delito de prevaricación cometida por autoridad o funcionario público, concluimos que los hechos, tal como los hemos delimitado, pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación en el que puede haber tenido participación la investigada, o incluso otras personas sobre las que no se ha dirigido la causa contra ellas como investigadas, y sin perjuicio de que se puedan haber cometido otros delitos, lo que debe tener como consecuencia la revocación del acuerdo de sobreseer libremente la causa, que se contiene en la resolución apelada”.

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Además, revocó parcialmente el auto del juez de instrucción y los sobreseimientos acordados, “debiéndose continuar el procedimiento en la fase en que se hallaba antes de su dictado, a fin de que se sigan investigando los hechos y sus partícipes, con la práctica de las diligencias de prueba expresadas y las que considere el instructor judicial oportuno acordar dentro de los términos de la presente resolución”.

A la vista de esta corrección, la Fiscalía dio un vuelco a su estrategia y envió un escrito al juzgado de instrucción el pasado 8 de noviembre adhiriéndose a las tesis de la Audiencia, especialmente en el apartado undécimo, que ordena realizar algunas diligencias que la asociación querellante había solicitado y que no habían sido practicadas sobre la naturaleza de las subvenciones, la falta de presentación de informes de auditoría, la no abstención de cargos municipales a la hora de otorgar ayudas a entidades a las que hubieran estado vinculados o el destino final del dinero, que en su mayor parte se utilizaba en pagar nóminas y no en proyectos sociales.

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Precisamente este miércoles, Barcelona en Comú, el PSC y ERC evitaron, en la Comisión de Presidencia, que se aprobase realizar una auditoría externa “de las subvenciones a dedo otorgadas desde 2015”, una iniciativa presentada por el PP. Esta formación detectó que en 2019 el ayuntamiento había otorgado 240.000 euros al Observatorio DESC, la empresa donde Colau había trabajado hasta que fue nombrada alcaldesa, así como 212.000 euros a la cooperativa Diomcoop, 356.000 euros a Alencoop y 302.000 euros a Enginyers Sense Fronteres, vinculada al concejal de Emergencia Climática, Eloi Badia.

“Nuestro grupo municipal lleva años denunciando el abuso en la concesión de subvenciones directas y nominativas por parte de este Gobierno, porque consideramos que muchas veces responden a intereses ideológicos y no al interés general”, señaló el concejal Josep Bou.