El 82% de los ayuntamientos catalanes no cuelga la bandera española en sus fachadas

Los Ayuntamientos catalanes incumplen muy mayoritariamente las leyes que les obligan a hacer ondear en sus fachadas las banderas europea, española, catalana y la de la ciudad: solo 132 de los 947 municipios de la comunidad cumplen con la norma, lo que representa un 14% del total. Eso quiere decir que el 86% de los municipios catalanes incumplen las normas legales en materia de simbología. Así se desprende de los datos recopilados en el estudio Informe de símbolos, realizado, ayuntamiento por ayuntamiento, por la entidad Impulso Ciudadano, que preside el exdiputado José Domingo. Hace dos años, las localidades que cumplían la normativa eran 125, por lo que ahora hay 7 municipios más que cumplen los preceptos legales.

El estudio desvela que 777 ayuntamientos han desterrado la bandera española de sus fachadas (en otras palabras, solo está colgada en 170 consistorios), mientras que 383 no tienen colgada la bandera catalana y 105 han izado la estelada (independentista), un símbolo partidista. Otros 114 tienen también propaganda nacionalista colgada en sus edificios. El cumplimiento de la ley, salvo contadas excepciones en el interior de Cataluña, se limita a ayuntamientos del Val d’Aran, la franja con Zaragoza y Teruel, el sur de la provincia de Tarragona, Barcelona y los municipios alrededor de la capital (casi todos con alcalde socialista), así como algunas poblaciones de la Costa Brava.

TE PUEDE INTERESAR

50 ayuntamientos catalanes abanderan una campaña para no pagar a Hacienda

A. Fernández. Barcelona

Por demarcaciones, en la provincia de Barcelona, 66 de los 311 municipios cumplen la normativa (un 21%), pero en Tarragona ese porcentaje baja al 14%; en Lleida, al 10%; y en Girona, al 8%. El informe reseña que en términos de población, "más del 71% de los catalanes vive en municipios en los que la bandera española ondea en el Ayuntamiento", ya que "los municipios más poblados de Cataluña son más respetuosos con el cumplimiento de la normativa de símbolos". La gran mayoría de esos consistorios están en manos de fuerzas no independentistas. De las 20 mayores localidades de Cataluña, solo en 2 falta la bandera de España (Tarragona y Vilanova y la Geltrú, ambas en manos de ERC), en tres de ellas hay propaganda secesionista (Lleida, Girona y Manresa) y solo en una ondea la estelada: Manresa.

"El incumplimiento de la normativa blinda la razón de ser del independentismo, generar un paisaje en el que España no cuenta. Por eso, los ayuntamientos se han convertido en plataformas propagandísticas de los dirigentes secesionistas", manifiesta José Domingo a El Confidencial. Deplora también que los incumplimientos se lleven a cabo, especialmente, en época electoral. "Esto no es una guerra de banderas, porque las instituciones han de representar a toda la ciudadanía. Si durante una época electoral en un Ayuntamiento ondean banderas partidistas, se hurtan banderas legales o se esconden, lo que se está haciendo es conculcar los derechos de una parte de la ciudadanía, que también tiene derecho a estar representada en la fachada del Ayuntamiento".

TE PUEDE INTERESAR

El G-6, el foro secreto donde ERC buscó con Puigdemont unir al independentismo

Marcos Lamelas. Barcelona

Subraya en este terreno la importancia de que las instituciones sean neutrales, como en otros países. "Si no se retira la simbología partidista de los ayuntamientos catalanes, se beneficia a las formaciones a favor de la independencia. Y en periodo electoral se debería ser más estricto con las normas". De ahí que el dirigente de la entidad cívica reclame que los consistorios descaradamente partidistas vuelvan a la senda de la democracia. El informe señala en uno de sus apartados que "la colocación en un edificio de titularidad pública de pancartas o banderas partidistas supone la adopción por parte de las Administraciones de opciones ideológicas particulares. Esta actuación vulnera el principio de neutralidad ideológica de los entes públicos que la Constitución garantiza".

Prácticas filibusteras

El informe recuerda diferentes sentencias sobre la retirada de símbolos partidistas en edificios públicos y alega que el mandato "lógicamente, no finaliza cuando acaban los procesos electorales, sino que vincula a los poderes públicos en todo momento. Es decir, la neutralidad institucional no es una suerte de corriente que puede manejarse con un interruptor. No se puede activar en los procesos electorales y desactivar fuera de ellos. La neutralidad institucional es una práctica que no puede dejarse a voluntad del Gobierno de turno". El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que en noviembre de 2021 condenó al Ayuntamiento de Sant Cugat, localidad cercana a Barcelona, rechazó una pancarta a favor de los presos políticos en la fachada municipal porque "el uso de la fachada- como bien municipal y representativo- no está sujeta a la posibilidad o determinación de una acción de gobierno partidista, pues debe responder a la cercanía de la Administración con todos y cada uno de los vecinos, a una concepción cercana y respetuosa de los mismos y a una humanización integradora del gobierno y de su administración".

TE PUEDE INTERESAR

El independentismo se rearma ideológicamente con un congreso en la universidad

Antonio Fernández. Barcelona

Lejos de esa exquisitez democrática de la neutralidad, el estudio recoge distintas triquiñuelas que emplean los alcaldes independentistas para burlar la ley, incluso con "prácticas filibusteras". En Collbató, a los pies de Montserrat, por ejemplo, el consistorio colgó también la estelada y una pancarta diciendo que la bandera de España ondeaba por imperativo judicial, por lo que el juez ordenó retirar de la fachada "cualquier pancarta y bandera distinta de las banderas oficiales", apercibiendo al secretario de que podría incurrirse en ilícito penal. El secretario debe emitir, además, un informe mensual sobre el cumplimiento de las normas legales.

En otras ocasiones, se trata de ridiculizar y aminorar la presencia de la bandera de España. En 2021, en Bàscara e Igualada, llegaron a colocar la bandera de un tamaño ridículo, pero el año pasado ya fue retirada la enseña española. En Reus y Vic, trataron de disimular la presencia de la bandera española subiendo la bandera a las azoteas para dificultar su visibilidad, lo que fue reprendido por los tribunales. En otras ocasiones, se minimiza su presencia "enrollando el paño de la bandera al mástil de manera que es imposible su identificación".

TE PUEDE INTERESAR

El independentismo pone a Junqueras en la picota: de héroe a traidor

Antonio Fernández. Barcelona

En una nota oficial, Impulso Ciudadano resalta que "el cumplimiento de la normativa de los símbolos constitucionales y estatutarios no es una opción para las Administraciones públicas. El artículo 9 de la Ley 39/1981, que regula el uso de la bandera de España dispone que las autoridades corregirán en el acto las infracciones de esta ley, restableciendo la legalidad que haya sido conculcada". La plataforma constitucionalista denuncia la pasividad del Gobierno central ante los reiterados incumplimientos."Desde la llegada al gobierno de España del presidente Pedro Sánchez, la Delegación del Gobierno de Cataluña no ha dirigido ningún requerimiento ni interpuesto ningún recurso solicitando a los Ayuntamientos que cumplan la normativa vigente sobre los símbolos oficiales".

Las subdelegaciones del Gobierno, en cambio, sí que presentaron requerimientos. Desde 2011, ya llevan presentados 158 recursos a otros tantos municipios, pero de ellos, en 2022 sólo 44 habían hecho caso a las normas y habían colgado la bandera española. Impulso Ciudadano interpuso dos recursos contra dos Ayuntamientos en 2021 y 9 recursos en 2022, por lo que los consistorios de Sant Pol, Abrera, El Papiol, Montblanc, La Garriga y Collbató colgaron el pasado año la enseña española. También se pidió la ejecución de las resoluciones judiciales en el caso de Seva, Centelles y Santa Eulàlia de Riuprimer.

TE PUEDE INTERESAR

Condenan a dos universidades catalanas por posicionarse del lado del independentismo

A. Fernández. Barcelona

Domingo deplora que tenga que ser una entidad privada la que tome la iniciativa a la hora de exigir el cumplimiento de la ley. "El Gobierno tiene instrumentos para garantizar la normalidad institucional -explica el presidente de Impulso Ciudadano-. Pero ya sea por simple dejadez, por pactos políticos o por intereses mezquinos, no se hace nada desde las instituciones del Estado".

Una jueza politizada

Recuerda, en este sentido, que se pueden "recortar fondos a los Ayuntamientos que no cumplen la ley en materia de simbología. No es nada inusual en Europa. En Francia, por ejemplo, se hace: los consistorios que no cumplen, no reciben ayudas del Estado. Esa es una vía que se podría explorar en España también".

TE PUEDE INTERESAR

Los fogoneros de la CUP: quién es quién en el think tank del independentismo radical

Antonio Fernández. Barcelona

La plataforma constitucionalista denuncia también que la magistrada Montserrat Raga, conocida independentista, dirigente de la asociación Àgora Judicial y decana de los juzgados contencioso-administrativos, "ha inadmitido los recursos de Impulso Ciudadano correspondientes a los juzgados de Cadedeu y Molins de Rei por considerar que la entidad carece de legitimación activa para solicitar la colocación de la bandera de España". Esas resoluciones judiciales han sido recurridas y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dado la razón a la plataforma cívica en contra de la magistrada. Raga fue distinguida por el Govern de Quim Torra con la medalla de honor en los Premios a la Justicia 2018 por "servicios excepcionales a la justicia".

En enero de 2018, Raga fue una de las fundadoras de la plataforma independentista Àgora Judicial, cuyo primer comunicado fue para rechazar las acusaciones en el procedimiento del 1-O. Tras la condena, criticó la decisión del Tribunal Supremo alegando que la había dictado "en base a un relato paralelo de los hechos sucedidos", afirmando que la organización de un referéndum de autodeterminación "no es delito y tampoco cuando en la organización del referéndum se vulneren disposiciones legales o se haga en contra de decisiones jurisdiccionales (caso que justificaría una posible desobediencia)".