El Parlamento catalán reclama a Pujol que pague casi 900.000 euros a Hacienda

El Parlamento catalán pidió este martes al expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, que devuelva al erario público 885.651 euros, que es, presuntamente, la deuda que había generado con la Agencia Tributaria por tener cuentas opacas en Andorra durante décadas. La resolución fue presentada por el grupo parlamentario de Ciudadanos y se basa en un informe del fisco español que cuantifica el fraude en impuestos.

JxCAT, que recoge a los herederos políticos de Pujol, votó media resolución y se opuso a la otra media. Pero su representante, Marc Solsona, puso en marcha el ventilador: “No compartimos la propuesta escondida detrás de su resolución, que no sólo es de fiscalización o de señalamiento de lo que en este caso representa el ‘president’ Pujol, sino que, en la búsqueda de su verdad, y todos tenemos parte de culpa, quizá estemos ayudando a deteriorar las instituciones de nuestro país”. La sorpresa saltó a continuación: “Por eso espero que su perseverancia en esta lucha sirva para sumar votos en otros temas, como el de pasar cuentas con la Monarquía, el del terrorismo de Estado, el de perseguir cuentas falsas o el de denunciar de manera honesta las cloacas del Estado”. JxCAT pretendía, así, subsumir el debate sobre Jordi Pujol en un batiburrillo de temas que desviasen la atención.

Jurídicamente, sin embargo, hay un tema incontrovertible: la deuda de Jordi Pujol con el fisco ha prescrito. Con el posicionamiento político del Parlamento catalán, sin embargo, el ‘expresident’ se siente interpelado directamente para que cumpla con sus obligaciones fiscales a pesar de que Hacienda no le puede reclamar nada por haber pasado demasiado tiempo. “Conviene recordar que el propio expresidente Pujol reconoció en 2014 las acusaciones al indicar que operaba cuentas bancarias en Andorra que perseguían esquivar el control de la Agencia Tributaria”, dice la resolución en su exposición de motivos.

Y continúa: “Es intolerable y una vergüenza democrática que una persona que ostentó tan altas responsabilidades políticas y que fue debidamente retribuida por ello no solamente durante el ejercicio de sus cargos, sino que también con posteridad [Pujol tuvo a su disposición una oficina con dos secretarias, jefe de gabinete, chófer y guardaespaldas desde el año 2004], hubiese eludido el pago de cuotas tributarias”. El texto insta también a regenerar las instituciones públicas y exige al exmandatario la reparación del daño causado con el impago de impuestos.

Andanada de Ciudadanos

El diputado ‘naranja’ Dimas Gragera señaló en la presentación de la resolución que “no sería justo que callásemos conociendo esta situación, mientras el resto de catalanes tiene que tributar”. Recordó que Pujol cobró más de 5 millones en salarios públicos de la Generalitat durante su mandato y lamentó que tras el informe de Hacienda, dado a conocer hace poco, ningún grupo político haya hecho declaraciones o peticiones parlamentarias. Luego, zanjó su intervención afirmando que “hoy seguimos viendo cómo en su Govern sigue habiendo investigados por corrupción. Seguimos viendo cómo bloquean comparecencias. Y no tenemos problema en mirar a los ojos a los defraudadores y a los corruptos para que sepan que tiene todo el repudio de esta institución y les exigimos ponerse al corriente de sus obligaciones”.

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La resolución consta de dos puntos. El primero condena “las conductas ilegales y corruptas consistentes en la ocultación del patrimonio y la defraudación de cuotas tributarias, en especial por parte de personas que ostentan o han ostentado importantes responsabilidades políticas”, como Jordi Pujol. Un segundo apartado de este primer punto resalta: “Declara la conveniencia y la necesidad de que el expresidente de la Generalitat, señor Jordi Pujol i Soley, regularice de manera inmediata y voluntaria las cantidades pendientes con la Agencia Tributaria, que habría defraudado fiscalmente”. Y un tercer apartado reclama “la conveniencia y la necesidad de que el Parlamento de Cataluña remita, por conducto de su actual presidente, señor Torrent, al señor Pujol i Soley, la adopción de esta resolución mediante escrito formal a efectos de notificarle el contenido de la misma”.

Este punto fue aprobado por unanimidad, tras ser rechazada una enmienda de JxCAT en la que quería modificarlo por una declaración general, señalando que el Parlament “manifiesta su total y unánime rechazo a cualquier práctica corrupta que suponga un atentado contra el buen funcionamiento institucional (…) y reclama a aquellas personas o instituciones que no regularicen su situación voluntariamente y sean condenadas por sentencia firme, respondan ante la sociedad y la justicia en los términos de la condena”.

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De haber sido aprobada esta enmienda, Pujol se hubiese ido de rositas, ya que, en primer lugar, los delitos de los que se le acusa están prescritos y, por otra parte, no hay sentencia firma sobre los mismos. Marc Solsona recriminó a Ciudadanos presentar la resolución. “Tengo la duda de que no sé si quiere que se apruebe la resolución o Ciudadanos se siente más cómodo en un relato en el que quizás alguien no la podría votar, para poder acusarlo de encubridores, del 3%, de convergentes o de posconvergentes”. También señaló que el Parlament ya aprobó una resolución sobre el caso Pujol. Pero lo hizo dentro de un tema mucho más amplio: tras el trabajo de una Comisión de Investigación sobre el Fraude y la Evasión Fiscal, ya que los independentistas vetaron siempre una comisión específica sobre el tema Pujol.

Y, aunque la formación de Carles Puigdemont se vio obligada a dar luz verde a la parte primera de la resolución, se opuso al punto 2 de la misma, que pedía que el Parlament exija al Govern “que adopte todas las medidas necesarias en materia de transparencia para exigir a todos los expresidentes la presentación y publicación de sus declaraciones de bienes y actividades al inicio y al final de cada legislatura, en el mismo formato y con, al mano, las mismas exigencias que a los miembros del Govern y a los altos cargos de la Administración autonómica y los diputados de la legislatura vigente”. Para Solsona, este punto “es una manera de cuestionar el tema de las oficinas de los expresidentes de la Generalitat”, por lo que su grupo fue el único que se opuso.

Blanqueo del ‘expresident’

Este intento de blindaje del expresidente se produce en un momento en que una parte significativa del espectro independentista intenta blanquear la imagen de Jordi Pujol. En primer lugar, mediante apariciones en TV3, la televisión pública catalana, para la que habla de diversos temas. Desde la oposición se ha criticado especialmente que el canal público ni siquiera ha realizado un monográfico sobre el escándalo de la familia Pujol, cuando ha sido uno de los temas que más portadas de diarios ha abierto desde el 2014. El propio director de TV3, Vicent Sanchís, justificó ese esa omisión diciendo que es un tema “que está sub iudice”: “Haremos el documental cuando se den las condiciones que marca el libro de estilo”, afirmó Sanchís en la comisión de control de la CCMA.

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Por otro lado, la expresidenta del Parlamento, Núria de Gispert, ha estado moviendo hilos para homenajear al ‘expresident’ con motivo de su 90 cumpleaños, que fue la pasada semana. En realidad, De Gispert había previsto una gran cena con un más de un centenar de invitados (casi todos altos cargos durante los gobiernos de Pujol) para el 27 de marzo. La declaración el estado de alarma truncó esa celebración, que sería el pistoletazo de salida para una gran campaña de blanqueo de imagen.

Parte de los exconsejeros que tuvo Pujol, no obstante, declinaron su asistencia. “No es tanto por el propio Jordi Pujol, que durante su mandato lo hizo razonablemente bien, sino por ser Núria de Gispert quien organiza el tinglado”. Las razones de este rechazo hay que buscarlas en el enfrentamiento de la expresidenta del Parlament (y exconsejera con Pujol) con la cúpula de Unió Democràtica, partido del que salió dando un sonoro portazo al convertirse en la abanderada del ala más radical del independentismo unilateralista.