La Junta de Andalucía resta importancia a la polémica lista verde y se centra en ampliar Doñana

Doñana, la piedra en el zapato de Juanma Moreno desde que gobierna en solitario, vuelve a la bronca política. La Junta de Andalucía pretendía abrir una nueva etapa tras cerrar un acuerdo con el Gobierno central, pero el enclave sigue estando en el centro del debate al cierre de 2023. En esta ocasión, la polémica radica en la pérdida de un importante distintivo internacional al que el Ejecutivo autonómico prefiere restar importancia, pero que supone un claro ejemplo del desgaste que ha sufrido la imagen del parque tras meses de enfrentamiento entre administraciones.

Ha sido la Unión para la Conservación y Protección de la Naturaleza (UICN), considerada la organización ecologista más importante del mundo, quien ha retirado a Doñana de su lista verde internacional. Se trata de un prestigioso sello de calidad del que gozan pocos espacios protegidos, entre los que se situaba el onubense, el único de España contemplado en el listado hasta ahora.

La entidad ha penalizado la gestión de esta reserva natural, la primera de la historia en perder este calificativo una vez conseguido. Hay que recordar que Doñana también está en el punto de mira de organizaciones como la Unesco, que ya ha dado su ultimátum antes de incluir el humedal en su lista negra. Las organizaciones señalan a la polémica ley de regadíos, las captaciones de pozos ilegales y los efectos de la sequía en el parque natural, aunque la UICN asegura haber tenido en cuenta criterios e indicadores técnicos.

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Oficialmente, la noticia, adelantada por El País, pilló por sorpresa al Gobierno de Juanma Moreno. Según su versión, la UICN nunca llegó a notificarle la "expulsión" de Doñana de la lista y, tras meses de intercambio de informaciones, estaban a la espera de un dictamen definitivo. De hecho, el presidente andaluz y los consejeros Ramón Fernández-Pacheco y Jorge Paradela mantuvieron la semana pasada un encuentro con la consejera delegada de la organización en la cumbre del clima de Dubái. Según la versión del Ejecutivo autonómico, en esa reunión no se hizo mención a este asunto y ni siquiera se abordó el problema de Doñana.

En privado, desde San Telmo apuntan que sí se abordaron otras cuestiones como el futuro de la sede de la UICN en Andalucía. La sede central está en Suiza, aunque el organismo tiene otras oficinas en Málaga. En 2019, con la llegada de Juanma Moreno al poder, el Ejecutivo andaluz recortó la subvención de 140.000 euros que aportaba a la entidad por su presencia en la comunidad. Las fuentes consultadas prefieren descartar una relación entre ambos hitos, aunque reconocen que la consejera delegada sí había manifestado su interés en retomar ese ayuda y mantener la sede andaluza. Lo que sí venía abonando la Junta es la cuota anual para que el organismo valore sus parques naturales y lo seguirá haciendo.

La Junta prepara un informe para pedir la readmisión y aclarar los cambios de criterio

La Junta de Andalucía, que solía destacar este distintivo como prueba de su buena gestión del parque natural, ahora prefiere restar importancia a la polémica. La UICN es una “organización privada” y “lo importante no es estar en la lista”, “lo importante es Doñana”, ha apuntado el consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco. El también portavoz del Gobierno lamentó que la noticia consiguiera "emborronar" el "gran día" de ayer, cuando el Consejo de Participación del parque natural hacía balance del acuerdo entre la Junta y el Ministerio de Medio Ambiente. Este martes, además, el Consejo de Gobierno cerraba la compra por 72,5 millones de euros de la finca Veta la Palma. La Administración se hará con 7.500 hectáreas en el entorno de Doñana para ampliar el parque natural, un hito que ha pasado a un segundo plano con esta polémica.

Doñana había entrado en la lista verde de la UICN en 2015, aunque el distintivo se renueva cada cinco años. Según la organización ecologista, el proceso de renovación comenzó en 2020 por parte de "un grupo de expertos independientes acreditados" que acabarían concluyendo que el parque ya "no cumple" con el estándar de la lista. En San Telmo ha molestado que los técnicos no se hayan desplazado a Doñana para realizar el análisis sobre el terreno y que algunos indicadores que en 2014 se daban por buenos ahora se declaren suspensos. Un ejemplo es el de la extensión protegida gestionada por la Administración, ahora insuficiente. También apuntan a que la metodología que se está utilizando en Sierra Nevada no es la misma.

Opinión

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Esta versión ha sido apoyada por personalidades que en otros momentos han sido críticas con la Junta, como es el caso del presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, quien admitió su sorpresa por la decisión de la UICN y reconoció que hay "información contradictoria". El plazo para la renovación del distintivo "ya estaba vencido", aunque el motivo era que "no se habían hecho los estudios o análisis pertinentes por parte de la UICN". "Es una llamada de atención que nos afecta a todos", afirmó, ampliando las responsabilidades más allá de la Junta.

Entre críticas de la oposición, el Gobierno andaluz prepara un informe para pedir explicaciones y reclamar la readmisión, a la que la organización se muestra abierta en caso de que la Junta mejore sus indicadores. Desde el Ejecutivo de Moreno, defienden su gestión del parque con el cierre de la compra de la finca Veta la Palma —a la arrocera Ebro Foods—, situada en el espacio natural de Doñana. Eran 3.500 hectáreas que estaban amenazadas por el cierre de las empresas, ya que se habían convertido en un humedal que servía de refugio para las especies ante la sequía del parque natural.

La Junta ha cerrado un acuerdo por el que la empresa se encargará de la gestión del espacio durante 2024, aunque la Administración andaluza tomará el relevo en 2025. El Gobierno autonómico autorizó este martes el expediente de gasto por el que se formaliza la adquisición mediante adjudicación directa: el 35,66% con fondos propios —25.901.965,71 euros—, mientras que el 64,34% restante —46.723.718,97 euros— se hará con fondos europeos. El objetivo es redoblar los esfuerzos para garantizar la conservación del parque natural. Y, como consecuencia, volver a recibir el distintivo.