Delibes pide la retirada de la ley de regadíos de Doñana y un acuerdo entre Junta y Gobierno

"Vengo en son de paz, pero no porque las condiciones sean mejores, sino porque mi capacidad de indignación se ha agotado". Así ha comenzado Miguel Delibes de Castro su intervención en la tramitación de la ley de reordenación de los cultivos del entorno de Doñana, una ley "inadecuada", que arroja "incertidumbre" y marcada por una polémica que "no ayuda a Doñana, al Condado [de Huelva], ni a los frutos rojos". "Es estrambótico declarar regable una zona sin agua", ha abundado el científico, que ha pedido "un marco jurídico seguro" a la Junta y al Gobierno central que aleje al parque natural de las posibles sanciones con las que ya ha amenazado Bruselas.

El biólogo ha calificado de "equivocación" gestionar los "asuntos públicos a la espalda de la ciencia", en un tirón de orejas al PP por no incluir a más científicos en el proceso de aprobación de la ley. "La realidad es que Doñana está seca; sus lagunas desaparecen y la fauna asociada también lo hace", ha abundado Delibes, que ha calificado de "absurda" la guerra abierta entre partidos y administraciones. "Pueden escoger entre engordarla u ofrecer una paz que nos sirva para trabajar juntos", ha defendido el biólogo.

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EFE

El PP acabó por incluir a Delibes después de la presión de la oposición de izquierdas y lo ha dejado ver al calificarse de "intruso", ya que ha dejado claro que él no ha recibido ninguna citación, al igual que el organismo que preside. El día en el Parlamento andaluz comenzó con una de las múltiples pugnas entre el diputado socialista Mario Jiménez, y los representantes del PP. "El día va a ser largo, vamos a comportarnos como personas mayores", ironizó la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, en los albores de la comisión de Fomento que ha albergado estas declaraciones.

Lo llamativo del carrousel de declaraciones es que ha habido consenso. No sobre la idoneidad de la ley de regadíos del entorno de Doñana, sino sobre la necesidad de que el Gobierno central y la Junta dialoguen para encontrar una salida pactada a este conflicto que ha llegado hasta Bruselas. Esta posibilidad esta muy lejos de la realidad hoy, ya que Moncloa insiste en que PP y Vox deben retirar el texto para abordar cualquier conversación y los populares no están por la labor. Juanma Moreno, en medio de las comparecencias, ha vuelto a mostrar su disposición a cambiar el texto en el periodo de enmiendas para hacerlo viable. Pero ni el PSOE ni el resto de la izquierda tienen intención de participar en la tramitación más allá de la ronda de comparecencias de este martes.

De la pleyade de llamados a declarar, sólo se cuentan dos ausencias. Una es la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la otra es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). La primera declinó la invitación, aunque hay que recordar que la Abogacía del Estado ya se ha pronunciado en contra de la participación de los ministros en los requerimientos de asambleas regionales. El organismo estatal que controla la cuenca del Guadalquivir, por su parte, eludió la declaración, pero sí ha remitido un informe en el que constata que no hay agua disponible para aumentar los regadíos en el entorno de Doñana y califica de "engaño" la norma que impulsan PP y Vox en la Cámara andaluza.

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Más allá de ese consenso en la necesidad de diálogo, ha habido dos claros bandos, aunque con algun matiz. De un lado, destacan las organizaciones ecologistas como WWF, que posee 3.000 hectáreas en el espacio protegido, y algunas agrarias, como COAG Andalucía, que se han mostrado en contra del texto. "Sólo crea falsas expectativas entre los agricultores, sin que suponga solución alguna ni para el sector, ni para el parque", ha abundado el responsable de Aguas de la entidad agraria, Eduardo López. El portavoz de COAG ha aportado un dato llamativo sobre la realidad de las explotaciones agrícolas del Condado de Huelva: el 2,5% de los propietarios tienen el 60% de la tierra y el 80% de los derechos de agua.

En el lado contrario, entre el colectivo que está a favor de la ley, destaca la intervención de Joaquín Regidor, uno de los agricultores que se quedaron fuera de la regularización de 2014. Este pequeño propietario (tiene 2 hectáreas), ha relatado cómo se quedó fuera de la "foto" que se utilizó para elaborar el Plan de la Corona Norte Forestal o Plan de la Fresa, que avaló la legalidad de 9.300 hectáreas en 2014. Lo que la ley pretende ahora regularizar asciende a unas 750 hectáreas, aunque es cierto que la norma no incluye este dato. La cifra corresponde a la respuesta que el Gobierno andaluz envió a Bruselas en 2022, la primera vez que PP y Vox intentaron aprobar la ley, en respuesta a la airada queja de la Comisión por los posibles efectos negativos de la iniciativa en el espacio natural.

Incluso los alcaldes socialistas, como el de Bonares, son críticos con la polémica: "la imagen que estamos dando es de vergüenza"

"¿Se va a perjudicar el medioambiente por regularizar 4 hectáreas de regadíos?", se ha preguntado el responsable en Huelva de la asociación agraria UPA. En total, para poder regar esas 750 hectáreas es necesaria una cantidad relativamente pequeña de agua. Según los cálculos de la Junta, hacen falta 3,5 hectómetros cúbicos de agua. El conflicto con el Gobierno parte de la negativa de Madrid de dar más derechos de agua mientras el acuífero que nutre a Doñana sigue en riesgo. Por ese motivo, el Tribunal de Justicia de la UE condenó a España en 2021 y es esa sentencia la que justifica la dura respuesta de Bruselas y el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez. En el otro lado, la Junta defiende que hay recursos hídricos de sobra en la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras y que sólo hace falta acabar las infraestructuras pendientes -la presa de Alcolea, el túnel de San Silvestre- para que llegue el agua necesaria, siempre en superficie.

El papel de los alcaldes

También han participado de la tramitación los sindicatos CCOO y UGT, la jefa de la Oficina de Ordenación al territorio de Huelva, empresarios de la patronal de los frutos rojos y comunidades de regantes a favor y en contra del texto, pero han sido especialmente llamativas las declaraciones de los cinco alcaldes afectados por la ley. Se trata de los regidores salientes de Almonte, Moguer, Bonares, Lucena del Puerto y Rociana del Condado. En algunos casos, como en Almonte, la comparecencia se produce al poco del cambio en el ayuntamiento onubense y con críticas a la ley. "Esto no va de salvar pajaritos, esto va de que nuestros nietos puedan beber agua mañana", ha dicho Rocio del Mar Castellanos, de IU.

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Otros regidores repiten, como es el caso del socialista Juan Antonio García, primer edil de Bonares y que ha criticado la "imagen de vergüenza" que está dando la tramitación de esta ley. "Se ha dado una patada al avispero y nos van a picar a todos. El bombo mediático está perjudicando a la marca Huelva y a un producto estrella como los frutos rojos", ha abundado el dirigente local del PSOE. Hay que tener en cuenta que este sector tiene un impacto de casi 1.500 millones de euros y genera unos 160.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. El 98% de la producción de berries en España sale de esta provincia, lo que corresponde con el 30% de la producción europea.