El alcalde malagueño que puede 'enseñar' a Pedro Sánchez a reducir la deuda millonaria

El marrón que se encontró José María García Urbano (PP) cuando en 2011 llegó a la alcaldía de Estepona se podía cuantificar perfectamente: 304. Eran los millones de deuda que heredó tras un tiempo convulso en la política local, con el GIL y el PSOE sucediéndose en el poder, y el estallido de la operación Astapa. La mini-Malaya, se bautizó. Un periodo en el que los vehículos de la Policía Local se quedaban en la cochera porque en la mayoría de las gasolineras no les permitían repostar hasta que no se saldaran los pufos pendientes. Y un escenario de quiebra que se ha logrado transformar con la adopción de medidas consecuentes, y otras que podían provocar un gran desgaste, como el ERE que supuso el despido de 176 empleados municipales que fueron contratados sin ningún proceso y que fue avalado por el Tribunal Supremo.

Para dimensionar el cambio de la situación económica de este ayuntamiento, al que muchos ponen como ejemplo de gestión sensata, solo hay que tener en cuenta que el plazo medio de pago a proveedores ha pasado de 1.492 días, en 2011, a nueve, en la actualidad. Algo que ha sido posible con la “implantación de la austeridad y el rigor”, así como con “la eliminación de gastos superfluos o de despilfarro de los recursos públicos”.

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El equipo de gobierno municipal suprimió una paga por acudir a trabajar y llegar a tiempo al puesto, por cuya recuperación siguen batallando los sindicatos y algunos funcionarios y empleados públicos. También dio de baja un centenar de líneas de móviles corporativas y contratos de telefonía, lo que ha supuesto, desde entonces, cuatro millones de euros de ahorro. Este es de 40.000 anuales con la supresión del papel tras la implantación de la administración digital. Y de 400.000 euros tras la renuncia del regidor al coche oficial.

Una de las normas que más polvareda mediática levantaron fue incrementar el control de los coches propiedad del consistorio. “Algunas personas se llevaban los vehículos a casa” y eran utilizados para cuestiones personales, recuerdan fuentes municipales consultadas, que señalaron que se obligó a que, cuando concluyera su uso y la jornada, “todos debían ser estacionados en los depósitos municipales”.

En 2011, se descubrieron facturas sin contabilizar que sumaban 33 millones de euros. Se las bautizó como las 'facturas en los cajones'

Esto, como es lógico, supuso una reducción del gasto de combustible, que se había convertido en un gran problema. Hasta el punto de que vehículos de la Policía Local no podían salir a patrullar porque en las gasolineras de la zona no se les permitía repostar si el ayuntamiento no abonaba antes la deuda que tenía pendiente. La anomalía se pudo subsanar estableciendo un plan de pago y “regulando el suministro con un contrato”.

La situación era de quiebra total. Con 60 millones adeudados a la Seguridad Social, 18 a la Agencia Tributaria, ocho a la concesionaria del servicio de agua, 84 a los bancos o 33 de las llamadas facturas en los cajones —impagos que no habían sido contabilizados y que fueron encontrándose—. “El capítulo de personal, que llegó a suponer el 110% de los gastos municipales en 2011, se sitúa ahora en el 41%”, en parte, tras la aplicación de un ERE que afectó a 176 empleados cuyo despido avaló la Justicia. La mayoría de ellos habían logrado su plaza sin pasar ningún proceso selectivo.

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“El ahorro que se ha alcanzado ha permitido afrontar el pago del 90% de la deuda de 304 millones heredada en 2011”, y en el presupuesto municipal del presente ejercicio se contempla destinar 15,4 millones de euros para seguir reduciéndola. Una gestión estricta, de contención del gasto, que en las filas populares se pone de ejemplo, incluso, como antítesis de la del presidente Pedro Sánchez, pero que no está exenta de críticas. Dentro de la Policía Local, por ejemplo, se reprocha que no se oferten plazas suficientes para incrementar y renovar la plantilla, y otros empleados municipales entienden que han contribuido en la recuperación económica y que deben ir retornando los complementos perdidos.

La política restrictiva aplicada por el equipo de gobierno ha transitado de forma paralela con una inversión que en los últimos 12 años que ha sumado los 200 millones y ha permitido sacar adelante proyectos como el Centro Mirador del Carmen —un espacio cultural dependiente de la Colección Carmen Thyssen—, el aparcamiento público subterráneo de la plaza del Ajedrez, el nuevo edificio ecológico del ayuntamiento, los distintos tramos de corredor litoral o la remodelación del paseo marítimo.

En las dos últimas municipales, García Urbano ha sido el alcalde de un municipio de más de 50.000 habitantes con mayor porcentaje de votos

Esta labor ha sido respaldada en las urnas y, en parte, ha supuesto que García Urbano sea hoy en día una garantía de victoria para el Partido Popular. Durante las dos últimas elecciones municipales, ha sido el alcalde de un municipio de más de 50.000 habitantes con mayor porcentaje de votos en todo el país —60,6% y 69,7%, respectivamente—, fidelizando a antiguos votantes del PSOE y sorteando mediáticas polémicas como la instalación de un gran tobogán que hubo que retirar por su peligrosidad.

Prácticamente, nadie se atreve a cuestionar que el regidor, notario de profesión y gran aficionado al ajedrez, obtendrá su cuarta mayoría absoluta tras los comicios del 28-M. En la actualidad, el PP cuenta con 21 de los 25 ediles de la corporación.