El PP intenta proteger el ‘modelo Málaga’ con la construcción de 8.900 viviendas públicas

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, parece querer salir al paso de una creciente corriente de opinión que cuestiona el modelo de desarrollo de la ciudad de moda y este lunes presentó un plan de construcción de 8.900 viviendas públicas de compra y alquiler a lo largo del periodo 2023-2027. Un anuncio que se produce en un contexto de precios alcistas en el sector inmobiliario, combinado con una serie de controvertidos proyectos de bloques de lujo y un informe del Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU) en el que se alerta del éxodo de malagueños por las dificultades de acceso a una casa, y con el que parece querer desactivarse el argumentario de un PSOE municipal que no duda en hablar de “drama habitacional” y que ha hecho de esta problemática una de sus causas para marcar perfil propio de cara a los comicios locales.

De la Torre compareció este lunes en rueda de prensa para ofrecer detalles de una ambiciosa propuesta en la que se intuye un intento por frenar un debate con tintes electoralistas. El veterano candidato popular, una apuesta segura para los intereses de su partido, había asistido en las últimas semanas a una creciente contestación a la política urbanística que se desarrolla en la ciudad. Con origen en el polémico rascacielos que un fondo qatarí proyecta en el puerto de la capital malagueña, seguida por la movilización ciudadana que con escaso éxito impulsó un gran parque urbano en unos terrenos donde se alzarán torres de viviendas y agravada con una escalada de precios de la vivienda que parece no tener fin.

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La consultora Gesvat ponía cifras a esta explosión del mercado inmobiliario y precisaba que el coste medio del metro cuadrado en Málaga alcanzó los 2.423 euros durante el último trimestre del año pasado. Ésto supone un crecimiento interanual del 15,5% para convertirse en la provincia española con mayor aumento. Para hacerse una idea del verdadero impacto social de esta tendencia, agudizada por un despegue del 12% de las cuotas de alquiler, sólo hay que señalar que Cádiz ocupa el segundo lugar en la comunidad andaluza con un incremento del 6,5%.

Este informe refrenda lo que otras entidades e instituciones ya han remarcado, aunque probablemente el que más mella ha hecho en el regidor ha sido el último análisis del mercado inmobiliario publicado por el OMAU. El documento, de 13 páginas, advierte de que “el interés por acceder a una vivienda en Málaga por parte de familias e inversores extranjeros”, así como residentes en otros puntos del país, está provocando la aparición de “dos mundos paralelos e independientes en relación a su mirada respecto a la vivienda”: de un lado, “quien la ve como una primera necesidad de alojamiento”; y del otro, “el que la observa como un activo financiero”. Esta doble perspectiva está tensionando el mercado y la consecuencia directa es la marcha de los jóvenes de las zonas donde se criaron.

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“Si hasta hace no mucho tiempo había un importante arraigo por parte de la población en vivir donde habían nacido o vivían sus padres, esta costumbre ha ido cambiando profundamente. Casi todos los barrios construidos hasta los años 80 han perdido población, obligados económicamente, pero también por las nuevas oportunidades de mejorar de vivienda en otro lugar”, señala el informe, que concluye que “la mayor parte de la población que busca vivienda en el sentido convencional de espacio para vivir y desarrollar una familia tiene claras dificultades en encontrar una asequible, no ya en Málaga, sino en los ámbitos metropolitanos donde los precios han subido sustancialmente en el último año”.

Programa urbanístico

El alcalde malagueño, lejos de la postura adoptada en junio, cuando relacionó el problema de la vivienda con el abandono escolar, en esta ocasión ha decidido dar un paso adelante que también sirva para remarcar la vigencia de un modelo de ciudad que tantos reconocimientos ha cosechado en los últimos años y que el PP ha utilizado como ejemplo de su modo de gestión. En la comisión de seguimiento de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda agendada para la tarde de este lunes se abordó el Plan de Vivienda y Suelo del Municipio de Málaga para el periodo 2023-2027 que quiere impulsar la construcción de 8.900 viviendas públicas de compra y alquiler.

La iniciativa tiene tres objetivos principales: “Facilitar el acceso a una vivienda digna, fomentar la calidad de edificación y medio ambiente urbano, y evitar la vulnerabilidad urbana y residencial”. Y entre los programas ideados se incluyen el impulso para disponer en el mercado de suelo público y privado, la creación de un perfil profesional para agilizar los proyectos de las nuevas promociones previstas, la promoción de inmuebles protegidos para su venta en superficie de reserva urbanística, el fomento de la construcción residencial industrializada, la creación de un registro de casas de arrendadores, así como continuar desarrollando los planes de domicilios protegidos en alquiler.

El documento también incluye su análisis sobre la situación actual del mercado de vivienda protegida en la ciudad que ayude a establecer las estrategias para lograr los objetivos propuestos. Según informó el Ayuntamiento, se ha desarrollado tomando como referencia la población estimada y hogares en 2027 —581.405 habitantes—, la composición de la demanda y el número estimado de solicitantes de vivienda o actuaciones protegidas en la actualidad —8.600—, tras lo que propone un total de 13.600 intervenciones entre inmuebles nuevos como ayudas para el alquiler.

En lo que respecta a viviendas nuevas, el informe municipal determina que sería necesario construir un total de 8.900: 4.100 protegidas —2.700 en alquiler (65%) y 1.400 en venta (35%)— y 4.800 libres. Así mismo, se contemplan como necesarias 4.700 intervenciones de subvenciones del alquiler a través de los planes de las distintas administraciones. Es en este punto donde el regidor reclamó la implicación de la Junta de Andalucía, gobernada por su partido y un antiguo concejal malagueño, Juanma Moreno, y a cuya demanda respondió la Administración regional con un plan de avales hipotecarios para jóvenes que cubriría el 15% del importe de la casa a adquirir.

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Pero a pesar del plan presentado por Francisco de la Torre, sus adversarios políticos alertan de la caducidad de su modelo de ciudad. El candidato socialista, Daniel Pérez, se apresuró en calificar como “bluf” la iniciativa del regidor, para después recordar su promesa de edificar 10.000 inmuebles durante el siguiente mandato. Pérez, cuya labor debe coexistir con el lastre que en una ciudad como Málaga suponen medidas como la eliminación del delito de sedición, los indultos a los líderes independentistas o los pactos de su partido con Bildu, trata de marcar perfil propio intentando contrarrestar la influencia negativa de la acción del Gobierno central con propuestas en ámbitos como la vivienda y haciendo hincapié en unas brechas sociales que con asiduidad deriva hacia una lucha de clases. Con una oratoria endurecida con la que intentar obtener ese edil más que haga buenos los resultados obtenidos en las anteriores municipales y le conviertan en alcalde.

La propuesta del actual regidor, cuya victoria nadie discute en la ciudad, trata de desactivar el discurso urbanístico del PSOE, aunque parece poco probable que el candidato socialista reduzca la intensidad de sus acusaciones antes de la nueva cita con las urnas.