UGT pide que los empleados de hoteles “no sean hacinados en los sótanos”

El secretario nacional de UGT, José Álvarez, propone que cada nueva licencia para un establecimiento hotelero lleve aparejada la construcción o habilitación de viviendas protegidas para los empleados desplazados desde otros puntos del país. Una medida ideada para zonas como las Islas Baleares, la Comunidad Valenciana y la Costa del Sol, donde el alto precio de los alquileres disuade la llegada de personal cualificado al hacer poco atractivos los actuales salarios del sector, y que provoca que haya empleados “hacinados en los sótanos”.

Álvarez lanzó esta propuesta en un encuentro mantenido con más de 200 delegados de UGT Málaga en el que, entre otras cosas, se abordaron las líneas estratégicas del sindicato para un otoño que auguró caliente en conflictividad laboral y donde hubo un acercamiento al impacto de la reforma laboral en el sector turístico. Explicó que los contratos indefinidos han pasado del 8 a más del 50% y han supuesto una “verdadera revolución” para mejorar la estabilidad laboral de las plantillas, frente a las críticas de asociaciones como Kelly´s Unión Málaga que han manifestado sentirse engañadas. Y seguidamente denunció que el incumplimiento de las condiciones de trabajo, “con jornadas de 12 horas”, es una problemática que no se ha atajado y sería una de las raíces de los problemas de contratación que han tenido los empresarios este verano. Para añadir la utilización “poco razonable” de los contratos parciales.

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El turismo “necesita una actualización” de los salarios que se puede sufragar con “el incremento de precios que ha habido en el sector”, señaló el dirigente sindical, que estimó subidas de “entre el treinta y pico hasta el diez por ciento” dependiendo del puesto. Este incremento de los sueldos haría más atractivo un ámbito económico cuya demanda laboral no se ha visto satisfecha en su resurgir tras la pandemia. “Cómo se puede pedir a un trabajador que venga a Málaga por 1.200, 1.300 o 1.400 euros al mes y que tenga que alquilar una vivienda en el periodo de verano”, cuando los precios están más altos, se preguntó.

Esta situación “también ocurre en la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares o las estaciones de esquí en el Pirineo”, por lo que aportó una posible solución cuya ejecución precisa de la colaboración de la patronal hotelera y que, a priori, parece de difícil desarrollo: que se construyan inmuebles asequibles donde los empleados puedan residir durante las temporadas de trabajo. Álvarez reclamó que las administraciones que “tienen que ser conscientes” de que las licencias para nuevos hoteles tienen que ir acompañadas de autorizaciones para edificar Viviendas de Protección Oficial (VPO) para que “las personas que vayan a trabajar en estos establecimientos tengan garantizado el alojamiento”.

Álvarez recalcó que la mejora del sector debe llevar aparejada un incremento de los salarios

“Ya no es aceptable que los hoteles usen sus sótanos para hacinar a sus empleados y es exigible una solución digna”, señaló el sindicato en un comunicado.

El líder de UGT consideró que medidas como estas son interesantes para evitar la falta de oferta de trabajadores, porque avisó a los empresarios turísticos que “no vamos a solucionarle los problemas con la entrada de cupos de empleados contratados en origen”. “Nos vamos a oponer de manera tajante”.

José Álvarez mostró sus satisfacción por las últimas cifras turísticas conocidas este miércoles y de las que se desprendían un incremento del 60,7% de las pernoctaciones y del 11% de la estancia media, así como el aumento del consumo por turista. Una mejora que considera que “debe repercutir en los salarios de los trabajadores para que exista un justo reparto de la riqueza”.

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La secretaria de UGT Andalucía, Carmen Castilla, se expresó en términos similares y realizó una petición al nevo Ejecutivo de Juanma Moreno: la creación de un fondo, en los Presupuestos andaluces, destinado a garantizar una vida digna a los trabajadores que queden incapacitados como consecuencia de un accidente o enfermedad laboral. “Los datos de siniestralidad son inadmisibles, con 73 muertos en lo que llevamos de año, cuando la amplia mayoría de sucesos son evitables”.

Al Gobierno central le recordó que la Ley de Prevención de Riesgos está obsoleta, y hace falta incluir la prevención de accidentes relacionados con riesgos psicosociales, como los infartos o ictus, además de la necesidad de actualizar el cuadro de enfermedades profesionales”.