El alza de la tasa de pobreza en Andalucía reajusta el discurso triunfalista de la Junta

Juanma Moreno está convencido de que Andalucía funciona mejor que cuando él llegó a San Telmo. Con esa tesis se presentó a la reelección en los comicios del pasado 19 de junio y el resultado es conocido: una mayoría absoluta inédita, con 58 escaños para el PP. Ese buen funcionamiento del que presumen el presidente de la Junta y sus consejeros tiene un importante contenido económico y por eso trufan su discurso de indicadores positivos que van desde el crecimiento del PIB al número de autónomos que trabajan en Andalucía, pasando por la recaudación de impuestos. Pero, recientemente, se ha hecho pública una cifra que empaña este éxito, la del porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión, que alcanza el 38,7% de los andaluces y ha crecido un 4,8% en un año.

El porcentaje en España es 10,9 puntos inferior, ya que baja al 27,8% de los habitantes del país. Y esto significa que la brecha entre la comunidad y la media estatal se ha ampliado después de dos años reduciéndose. Alejándose de la ansiada convergencia, en Andalucía el porcentaje crece el doble que en el conjunto del país. Así lo indica la edición de 2021 de la Encuesta de Condiciones de Vida que elabora el INE y que incluye la evolución de la tasa Arope, que sirve para medir esta variable a partir de otras tres: la renta per cápita, la carencia material y social severa y la baja intensidad de trabajo. Ese 38,7% es el segundo dato más bajo desde 2014, pero Andalucía solo se ve superada por Extremadura en esta estadística que tiene detrás varios datos muy llamativos.

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"Nos da por fin el efecto que tuvo la pandemia en materia de desigualdad", apunta Ángel Martínez Jorge, economista por la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del 'think tank' EsadeEcPol. El diagnóstico es que esa desigualdad ha crecido y lo hace especialmente en Andalucía, que ve lastrado su dato por el diferencial en los datos de empleo. La brecha en la tasa de paro, según la EPA del primer trimestre de 2022, está en 5,5 puntos (19,4% en Andalucía frente al 13,9% de España). Es cierto, como la Junta insistió cuando se conoció el dato, que se trata de la tasa de desempleo más baja desde septiembre de 2008, pero para calcular el dato de baja intensidad en el trabajo no solo se atiende al número de parados.

"Hay trabajadores con muy poca intensidad en el empleo, aunque cuenten como ocupados", apunta Martínez Jorge, que alude a casos de empleados a tiempo parcial o que solo trabajan varios meses al año. En Andalucía, el 18,4% de los hogares está en esta situación, rompiendo una racha de caída de esta cifra que comenzó en 2014, cuando empezó a calcularse. El crecimiento respecto al año previo es del 32%, el doble que a nivel estatal. Para que esto cambie, explica el economista, es necesaria una mejora en la calidad del empleo y una reducción de la parcialidad, lo que acabaría resultando en una mejora de otro indicador básico: el nivel de renta.

La renta en Andalucía cayó en 2021 el doble que en España al pasar de 25.909 a 25.601 euros, un 1,18%. En el conjunto del país, la caída es del 0,44%, para pasar de 30.690 a 30.522, por lo que la brecha también se agranda. Pero hay que tener en cuenta que se trata del dato de 2020, el año más duro de la pandemia de covid. Sin embargo, la Encuesta de Condiciones de Vida ofrece datos que sí permiten hacer una radiografía más actual de la situación de la desigualdad. Y la paradoja es que la variable que se acerca a esta realidad, la carencia material y social severa, es donde Andalucía presenta una evolución mejor que la estatal.

Uno de cada diez andaluces (10,3%) acumula una serie de problemas que van desde no poder permitirse mantener un automóvil a no tener recursos para afrontar gastos imprevistos o comer carne, pollo o pescado cada dos días. Mientras que en Andalucía el dato ha caído en un 10%, en la media estatal la reducción apenas supera el 2%. "No ha bajado tanto como se esperaba", explica Ángel Martínez Jorge, que cree que puede deberse a que los efectos negativos de la pandemia se hayan perpetuado o a un "ahorro precaucional" a la vista del empeoramiento de la economía que ya empezó a atisbarse el pasado 2021.

Un 18% de los andaluces no puede permitirse mantener su vivienda a la temperatura adecuada en olas de frío o calor, como la actual

Y a pesar del buen dato andaluz en esta materia, al investigador de EsadeEcPol le llama la atención una de las variables que se tienen en cuenta para calcularlo, el del porcentaje de personas que no puede mantener su hogar a la temperatura adecuada. Ha pasado de un 11,3% a un 18%, solo por detrás de Murcia (21,4%) y las ciudades autónomas, pero al ser el territorio más poblado de España, hay que tener en cuenta que ese porcentaje significa que 1,5 millones de andaluces no pueden permitirse poner el aire acondicionado en olas de calor como la que viven ahora mismo.

En un contexto de subida de precios de la energía y aumento de la inflación, es probable que la situación haya empeorado en este primer semestre de 2022, aunque hay otro ítem muy llamativo que también gana actualidad con el verano. Casi la mitad de los andaluces (45,7%) no pueden afrontar el gasto que supone irse de vacaciones al menos una semana al año. Se trata del peor dato del país, donde la media estatal está situada en el 32,7%, y también se ha dificultado en el inicio de 2022 con la explosión del precio de los carburantes.

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Entre las soluciones posibles a estos problemas está la mejora de la cantidad y la calidad del empleo, un reto de la Administración autonómica enquistado desde hace décadas. El propio Juanma Moreno anunció en la campaña de 2018 la creación de 600.000 empleos, algo imposible si se tiene en cuenta que poco después de su llegada comenzó una pandemia inédita en un siglo a nivel global y ahora la crisis de precios y la guerra amenaza con enfriar la economía.

Para paliar la situación, el Gobierno central puso en marcha el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que tiene carencias, pero también un "efecto innegable", defiende Ángel Martínez Jorge. El economista admite que las prestaciones no son "lo suficientemente grandes" para sacar a un hogar del riesgo de pobreza y exclusión, pero sí para reducir la "intensidad" de esa pobreza. Este investigador señala al País Vasco y Navarra como los territorios donde este tipo de ingresos llegan a más población, lo que las ha convertido en las dos comunidades donde la desigualdad es más baja.

Intentos por crear una renta mínima

En Andalucía hay un largo historial de intentos de poner en marcha prestaciones homólogas al IMV —antes de que existiera— que van desde el conocido como salario social a la renta mínima de inserción social que puso en marcha el Gobierno de Susana Díaz en 2018. En ambos casos se toparon con la burocracia, aunque el Ejecutivo de Juanma Moreno amplió el número de trabajadores dedicados a la gestión del último intento por instaurar un ingreso mínimo funcional en Andalucía.

El último intento de la Junta por luchar contra la pobreza en Andalucía fue poner en marcha el Ingreso por la Infancia y la Inclusión (IPII), impulsado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. El departamento que dirige todavía Rocío Ruiz, de Ciudadanos, tenía pactado con PSOE y Unidas Podemos por Andalucía los apoyos para sacar adelante la iniciativa por medio de una ley, pero el adelanto electoral dejó el proyecto en el cajón.

La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales tenía listo una nueva prestación que se ha quedado en el cajón por el adelanto electoral

Esta nueva ayuda venía a acabar con las incompatibilidades que hay entre la renta mínima andaluza y el IMV y a cubrir los huecos donde el ingreso estatal no llega. Además, tenía un componente especialmente orientado a acabar con la pobreza infantil, que también aumentó el pasado año para alcanzar a 439.000 niños en la comunidad, según denunció Save the Children. Esta organización reclamó la actualización de la renta mínima, como ya tenía planeado el Gobierno en funciones, y crear una prestación especial de 100 euros mensuales para las familias.