La promesa de la renta mínima andaluza: retrasos, impagos y líos burocráticos

Suenan tambores electorales y ya circulan vídeos institucionales de ‘autobombo’ que desgranan la gestión de la Junta de Andalucía. Sin embargo, uno de los compromisos de Susana Díaz, el conocido como salario social, hace aguas. Ni se cobra conforme a la ley ni está cumpliendo su objetivo de dar oxígeno a las miles de familias andaluzas en situación de riesgo social y pobreza.

La renta mínima de inserción social, aprobada por decreto ley en Andalucía el pasado diciembre, sufre siete meses de retraso como media y no se está pagando según la norma. La mayoría de solicitantes de esta renta que presentaron su solicitud en febrero no saben nada aún. Este septiembre, tras ocho meses en blanco, están cobrando y recibiendo respuesta quienes pidieron esta ayuda de emergencia social en enero. Se prometió una dotación en 2018 de 198 millones, del total de 819 millones previstos para el periodo 2018-2021.

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Isabel Morillo. Sevilla

De poco ha servido que la nueva ley que entró en vigor el pasado 1 de enero, anunciada a bombo y platillo por la Junta de Andalucía, obligara a la administración a responder con un plazo máximo de dos meses y además convirtiera esta ayuda urgente en un derecho reconocido por ley, dado que ya está recogida en el Estatuto de Autonomía.

Ocho meses en blanco

Se aseguró al aprobarse que iba a beneficiar a 45.000 unidades familiares (12.000 personas) este año y que oscilaría entre 419 y 779 euros mensuales por doce meses prorrogables, frente a los seis del salario social, ayuda a la que reemplazó. La Junta recalcó mucho, ya que había quejas de retrasos con la anterior ayuda, que el plazo fijado para la concesión de la renta tenía un tope de dos meses.

La Consejería de Igualdad y Asuntos Sociales asegura que no tiene datos y que “hasta primeros de años” no se reagruparán todas las cifras y se harán públicas. Desde el Gobierno andaluz admiten que “ha habido problemas para solicitarla” y que se resolvió con “refuerzo de personal”. También admiten que existieron problemas en las resoluciones y que se ha bajado el nivel de requisitos para ampliar la prestación.

La Junta dice que no tendrá datos hasta principios del año próximo y no hace balance de estas ayudas aunque admite retrasos y cambios en la norma

El Parlamento andaluz aprobó sin publicidad una modificación de este decreto-ley. Lo hizo por la puerta de atrás a través de una enmienda a la ley contra la violencia de género el pasado 30 de julio. En esa reforma se eliminaron trabas absurdas como que el solicitante podía trabajar un mes y pedir la ayuda pero si aceptaba contratos en los que se le daba de alta días sueltos, aunque estos en su conjunto no sumaran el mes, inmediatamente quedaba inhabilitado. También se retiraron restricciones para las mujeres víctimas de maltrato.

La Junta no da cifras

A falta de datos oficiales, hay un foro que desde hace meses han improvisado los afectados en el portal del Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu. El Defensor ha recibido este año 181 quejas y unas 850 consultas sobre la renta mínima, la mayoría por la demora en el pago y las denegaciones o bien por haber trabajado sólo un mes o no haber estado durante todo el tiempo como demandante de empleo. En parte, la norma ya ha sido corregida. El Defensor tramita una queja de oficio y recibió un informe de la Junta que está "estudiando" y no puede hacer público.

En los testimonios que se agolpan en la página del Defensor queda claro que este mes de septiembre se están empezando a pagar las ayudas de emergencia social que corresponden al pasado enero. Ocho meses después de la solicitud en el mejor de los casos. Los comentarios desesperados (3.697 hasta el pasado viernes) se suman de forma improvisada alrededor de una noticia antigua sobre el salario social. En Sevilla y Cádiz la situación es límite. En Jaén o Málaga es algo mejor.

Las ayudas tienen carácter retroactivo y los retrasos llevan a la Junta a liberar prestaciones que suman hasta 4.000 euros de una sola vez

Las ayudas tienen carácter retroactivo y los retrasos llevan a la Junta a liberar prestaciones que suman hasta 4.000 euros de una sola vez. Ejemplo real: una mujer con tres hijos a la que cortan la luz, acude a esta ayuda de emergencia, tardan en pagarle casi un año y lo hacen con un solo cheque de 3.723 euros. Quienes participan en el chat no sólo llaman ya a movilizarse y salir a la calle. En las últimas semanas, hay un estallido de protestas. Se preguntan "quién es responsable" de que se cumplan las leyes y dejan ver su indefensión. Se sienten engañados. Hay alusiones a las próximas elecciones autonómicas.

Ante la avalancha de solicitudes, la Junta opta por no responder ni informar de las peticiones que son denegadas. También hay muchas quejas de solicitantes que reciben la carta denegando la solicitud porque la Junta alega que faltaba documentación y nunca se subsanó. Sin embargo estas personas defienden que la administración nunca se dirigió a ellos. Hay caos burocrático en todo el proceso.

La Delegación de Sevilla es una de las que tiene más quejas. La orden que tienen los funcionarios es no dar información sin cita previa. El teléfono para pedir esa cita no es atendido o no para de comunicar durante días, según narran los solicitantes. También se ha abierto un correo electrónico.

Los afectados han lanzado un Change.Org para solicitar firmas, no llevan más que 270, y también reciben el consejo de que acudan a los tribunales e interpongan recursos de alzada contra la Junta si en el plazo de dos meses, como fija la ley, no reciben respuesta oficial.

Los mensajes aseguran que se están denegando la inmensa mayoría de solicitudes, “dos de cada tres”, y que la Junta ni siquiera informa de esos rechazos ni explica los motivos. Un ejemplo con una resolución del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, la Delegación de Córdoba da un listado de 150 nombres entre los que han obtenido la renta mínima de inserción un total de 14 solicitantes. Un 1% de los demandantes.