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La corrupción desaparece del debate tras una década marcando la política andaluza
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Resaca electoral

La corrupción desaparece del debate tras una década marcando la política andaluza

El CIS preelectoral situó la corrupción como el octavo problema más importante para los andaluces, a pesar de que la comunidad sigue siendo donde más casos se enjuiciaron en 2021 y con la causa de los ERE todavía sin resolver

Foto: Juanma Moreno, frente al club de alterne Don Ángelo. (EFE/Julio Muñoz)
Juanma Moreno, frente al club de alterne Don Ángelo. (EFE/Julio Muñoz)

Juanma Moreno comenzó la campaña de las elecciones andaluzas de 2018 delante de una casa semi abandonada al sur de Sevilla. El edificio, que hoy ya no existe, fue durante muchos años el club Don Ángelo, un local de alterne junto al estadio Benito Villamarín que se ha hecho célebre porque fue donde un ex alto cargo del PSOE, Fernando Villén, gastó casi 15.000 euros de dinero público con una tarjeta de crédito de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). La elección del lugar no fue baladí, ya que la corrupción ha protagonizado gran parte de la crónica política andaluza en la última década. Tres años y medio después de aquel primer acto de campaña —y con una nueva convocatoria electoral de por medio—, la corrupción ha ido desapareciendo del discurso público en Andalucía.

Esta sensación tiene su reflejo en los datos demoscópicos de la última década. En el barómetro preelectoral que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó a principios de junio, la corrupción política era el octavo problema más acuciante entre los casi 7.500 encuestados. Solo el 7,6% mencionó la corrupción en una clasificación que, como es habitual, lidera el paro e incluye también la educación, la sanidad, la calidad del empleo o "los problemas políticos en general".

Foto: Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo en el acto de precampaña en Sevilla. (EFE/Julio Muñoz)

Todos estos temas están por delante de la corrupción y el fraude, que en anteriores oleadas de este mismo barómetro se auparon hasta el segundo puesto, aunque con un modelo de respuesta cerrada y no espontánea. En la encuesta preelectoral de 2018, fue el segundo problema más relevante, mencionado por el 40,8% de los participantes y solo por detrás del paro y a distancia de la tercera opción más repetida, la sanidad (21,1%). El pico se alcanzó en 2015, cuando también fue el segundo asunto más preocupante para los encuestados, que lo mencionaron en un 47,8% de los casos.

El fenómeno demoscópico se inició en 2012, hace justo una década, cuando la corrupción era un problema para el 26,3% de los encuestados y se colocó en el tercer puesto, tras el paro y la economía, en plena crisis financiera. Aquellas elecciones se celebraron en marzo, poco más de un año después de que la jueza Mercedes Alaya inaugurase un caso que comenzó con unas irregularidades en el mercado central de Sevilla, Mercasevilla, el 19 de enero de 2011. Desde entonces, la política andaluza ha estado marcada por la corrupción asociada al PSOE, con el caso de los ERE fraudulentos como paradigma. Pero parece que el eco político se ha apagado poco a poco en los últimos tres años.

En el ámbito judicial, no ha ocurrido lo mismo. El pasado 2021, Andalucía fue la comunidad donde se instruyeron o investigaron más causas relacionadas con la corrupción. Fueron 24 casos de los 53 que se abordaron en el país, el 45,2%, mientras que el porcentaje se eleva al 52% si se atiende al número de personas encausadas, 179 de 344. Estos datos tienen sentido si se tiene en cuenta que el caso de los ERE es un manantial que no cesa, ya que tiene más de 130 piezas separadas.

Foto: Momento del izado de la bandera andaluza en el Parlamento andaluz. (EFE) Opinión

El quinto juicio de esta macrocausa quedó visto para sentencia el pasado 21 junio, pero la pieza más importante, el conocido como procedimiento específico, volverá a la actualidad en cuestión de semanas. Se espera que el Tribunal Supremo se pronuncie antes de agosto sobre los recursos de los ex altos cargos del PSOE condenados en la pieza política, entre los que se encuentran los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

A pesar de estos antecedentes, la campaña de las elecciones del pasado 19 de junio se desarrolló con pocas menciones a la corrupción andaluza. La estrategia del PP de Juanma Moreno ha eludido mencionar en exceso el pasado de los expresidentes socialistas. El propio líder popular se limitó, durante uno de los debates, a recordarle a Juan Espadas su pasado como viceconsejero y consejero, más que hacer menciones a los casos de corrupción. Ese papel se lo dejó a Macarena Olona, que sí atizó al socialista con el caso de la extinta Faffe, donde trabaja la esposa del exalcalde de Sevilla, según defienden en Vox, después de ser "enchufada" por estar casada con Espadas.

placeholder Manuel Chaves y José Antonio Griñán. (EFE)
Manuel Chaves y José Antonio Griñán. (EFE)

Más allá de los juzgados, la extinta Faffe ha centrado el discurso político sobre la corrupción en los últimos años. PP y Ciudadanos impulsaron una comisión de investigación en los primeros compases de la legislatura que se activó y se desactivó siempre al calor del calendario electoral. Las comparecencias comenzaron poco antes de las elecciones generales de noviembre de 2019, con Manuel Chaves protagonizando un duro encontronazo con el presidente de la comisión, Enrique Moreno (Cs), que se mostró muy intransigente con el expresidente de la Junta.

Tanto se alargó la investigación, que no llegó a aprobarse su dictamen final, que señalaba como responsables políticos a Chaves y Griñán, pero también a Susana Díaz. El adelanto electoral se produjo a 24 horas de la aprobación del texto en un pleno que también incluía la aprobación de la Ley de Economía Circular de Andalucía, impulsada por la consejera Carmen Crespo. Sobre la almeriense también planeó la sombra de una posible imputación en un caso de presunta corrupción, como se encargó de recordar, también en un debate electoral, la candidata de Por Andalucía, Inma Nieto.

El populismo y la corrupción

"Las campañas de los partidos populistas en los últimos 20 o 25 años tienen como principal argumento la corrupción de las élites", apunta Víctor Lapuente, catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Goteborg. "Aseguran que lo van a cambiar todo, pero, obviamente, no cambian nada", explica este investigador español desde Suecia. En el otro extremo de la estrategia política, Lapuente sitúa la campaña de Juanma Moreno para el 19-J, centrada en presentarse como el candidato moderado y en poner sobre la mesa "temas que unan".

Más allá de la campaña del político malagueño, Lapuente señala la relación que hay entre los contextos de crisis económica y la preocupación por la corrupción en la ciudadanía. Esa tesis coincide con los datos del CIS, pero el investigador de la Universidad de Goteborg encuentra un paralelismo entre Andalucía y la Comunidad Valenciana en la última década, aunque obviando el caso de Mónica Oltra. "Después de treinta y tantos años de un partido con mayoría absoluta y bastantes casos de corrupción, llega un Gobierno en coalición y pone en marcha una serie de instituciones para controlar la corrupción", ilustra Lapuente.

Hay un paralelismo entre Valencia y Andalucía: gobiernos de coalición contra la corrupción tras años de mayorías absolutas

Este catedrático reconoce aquí los esfuerzos de Ciudadanos y Juan Marín, a pesar de su debacle electoral. Hay que recordar que fue la formación naranja la que obligó a Susana Díaz a apartar de sus escaños a Chaves y Griñán a cambio del apoyo de Cs a su investidura en 2015. En 2018, ya en la Junta, Marín se quedó con las competencias en materia de regeneración e impulsó la creación de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, que echó a andar hace unos meses bajo el liderazgo del magistrado Ricardo Puyol.

"La corrupción ha pasado a un segundo plano", defiende Puyol, que atribuye al cambio político de 2018 esta mejora de la situación. El Índice de Calidad del Gobierno, que elabora, junto a otros compañeros, Víctor Lapuente en la Universidad de Goteborg, va en esa dirección. En su edición de 2017, Andalucía estaba a la cola en un índice que ese elabora a partir de tres variables: la percepción de corrupción, la calidad de los servicios públicos y la imparcialidad de la Administración. En 2021, mejoró su índice y adelantó a Cataluña.

En los primeros meses de andadura de la oficina, ha recibido en torno a 20 denuncias, aunque el funcionamiento a pleno rendimiento de este organismo tendrá que esperar al segundo semestre de este año. El plazo para dotar de 11 funcionarios a esta entidad de extracción parlamentaria está ahora mismo abierto y la Consejería de Hacienda ha liberado una dotación para su funcionamiento hasta el final del año. "De lo que se trata es de que el problema no llegue a plantearse", explica este juez, que alinea la labor de la entidad que dirige con los postulados europeos en materia de corrupción, encaminados a invertir en la prevención del fraude más que en corregirlo una vez que se ha producido. Por ese motivo, los proyectos financiados con fondos europeos Next Generation van asociados a unos planes antifraude y la Junta está creando un comité antifraude en el seno de la Consejería de Hacienda que impida que el dinero público acabe, por ejemplo, en la caja del Don Ángelo, el club de alterne donde Juanma Moreno comenzó su camino a San Telmo y en cuyo solar hay hoy una farmacia.

Juanma Moreno comenzó la campaña de las elecciones andaluzas de 2018 delante de una casa semi abandonada al sur de Sevilla. El edificio, que hoy ya no existe, fue durante muchos años el club Don Ángelo, un local de alterne junto al estadio Benito Villamarín que se ha hecho célebre porque fue donde un ex alto cargo del PSOE, Fernando Villén, gastó casi 15.000 euros de dinero público con una tarjeta de crédito de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). La elección del lugar no fue baladí, ya que la corrupción ha protagonizado gran parte de la crónica política andaluza en la última década. Tres años y medio después de aquel primer acto de campaña —y con una nueva convocatoria electoral de por medio—, la corrupción ha ido desapareciendo del discurso público en Andalucía.

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